El pleno de Rocafort aprobó el lunes, durante una sesión extraordinaria, la incautación de los dos avales que depositó en su día la mercantil Urbanite SL, por más de 540.400 euros, para el desarrollo del PAI del Bovalar. El consistorio destinará parte de la garantía a abonar el canon que reclama la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) por conectar la red de alcantarillado al sistema de saneamiento del Carraixet. Esta operación permitirá que las parcelas sean completamente urbanizables, resurgiendo la actuación urbanística parada desde más de una década.
La decisión municipal supone el enésimo trámite del consistorio entorno al Plan de Actuación Integrada del Bovalar, caducado hasta en dos ocasiones. El PAI se presentó en 2003, bajo el mandato del popular Sebastián Bosch. Ocupaba una superficie de 150.000 metros cuadrados y la previsión de construcción de medio millar de viviendas.
La Generalitat, también del PP, no dio luz verde hasta 2006. El agente urbanizador era Urbalite SL, propiedad en aquel momento de la familia Serratosa-Caturla. Durante la primera etapa de las obras, Urbalite fue absorbida por Electra SL. Entre lo cometidos que tenía la mercantil urbanizadora se encontraba acometer una rotonda en la CV-310 y el encauzamiento y conexión de la cuenca de drenaje al Barranc dels Frares. También solicitar a la Epsar la conexión y puesta en marcha de la red de alcantarillado previo pago del canon correspondiente a la Epsar.
La constructora del PAI pertenecía al grupo del empresario Ulibarri, condenado a cárcel en una pieza de Gürtel
La actuación promotora y constructora corría por cuenta del Grupo Begar, sociedad integrada en el grupo propiedad de José Luis Ulibarri, condenado a 18 meses de prisión por la rama de Gürtel de Boadilla. El empresario leonés también tuvo en aquellos tiempos de gobierno del Partido Popular otras ramificaciones en la C. Valenciana, al ser, por ejemplo, el gran beneficiario en el reparto de licencias de TDT por parte de la Generalitat de Francisco Camps.
Recepcionado por acabar en 2011
Rocafort recepcionó parcialmente las obras en 2011, pero seguía sin ejecutarse la rotonda, el encauzamiento en el barranco ni la conexión a la Epsar. A partir de 2017, el ayuntamiento, ya gobernado por la izquierda en colación y con el PSOE en la alcaldía, puso en marcha la maquinaria para declarar la caducidad del PAI y retirar a la empresa Electra su condición de agente urbanizador. En febrero de 2018, el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat emitió un dictamen que consideraba procedente que el pleno declarara la caducidad del PAI por el incumplimiento del contrato por parte de la mercantil. El pleno de marzo de ese año aprobaba la caducidad del PAI del Bovalar y resolvía la condición de agente urbanizador de la empresa adjudicataria. Además se acordaba que el ayuntamiento utilizara la firgura de la gestión directa de la actuación.
El problema vino cuando Electra SL presentó un contencioso administrativo, que le dio la razón en diciembre de 2019, al entender el juez que el acuerdo plenario fue adoptado fuera del plazo legalmente establecido, ya que la resolución que ponía fin al expediente fue comunicado a la mercantil el 22 de marzo, superando en un día el plazo de caducidad. Por tanto, el juez dejaba sin efecto el pleno de marzo de 2018.
Ya con el actual mandato en marcha, bajo el tripartito que entonces formaban Cs-PP-Vox-, el consistorio inició de nuevo todo el procedimiento para volver a caducar el PAI, trámite que se formalizó en noviembre de 2020. Ahora, 19 años después de su presentación, el ejecutivo de PSOE-Cs llevó al pleno extraordinario del pasado lunes, el acuerdo plenario para incautarse de las garantías que depositó la mercantil Urbanite SL. Se trata de dos avales, uno de 142.433 euros y otro por valor de 400.000 euros.
Contingencias y otros pagos
Tal como explicó la regidora de Urbanismo, Alicia Esteve, la intención del consistorio es, una vez ingresada la garantía en las cuentas municipales, abonar a la Epsar 119.259 euros como pago del canon para la conexión del alcantarillado de la zona del Bovalar a la red de saneamiento de la Red del Carraixet. Cuando esa ocurra, y el pleno vuelva apruebe el trámite, las parcelas serán urbanizables al 100% y los propietarios ya podrán pedir licencias para la construcción de viviendas. El resto del dinero incautado se reservará en la caja municipal para poder afrontar cualquier contingencia derivada del PAI.
