El PP de Torrent exige la readmisión de un trabajador de la empresa municipal Nous Espais

El asunto data de febrero de 2020 cuando, según fuentes del PP, la empresa municipal Nous Espais comunicó el despido al empleado "alegando su incapacidad para el puesto de trabajo que desempeñaba". El afectado recurrió la decisión en el juzgado, donde en abril de 2021 se declaró el despido como improcedente, por lo que la mercantil pública quedó con la obligación de readmitirlo o indemnizarlo. Tras la sentencia, y siempre según la versión del PP, Nous Espais optó, en un escrito presentado ante el juzgado, por readmitir al trabajador, lo que no llegó a materializarse, sino que posteriormente se descartó.

Por ello, la portavoz popular, Amparo Folgado, ha criticado esta decisión municipal y ha instado a que, "de una vez por todas, se cumpla con la sentencia y se readmita al trabajador". Asimismo, el PP reclama que se adapte inmediatamente un puesto de trabajo para este empleado despedido de forma improcedente, para que se acabe la "bochornosa actitud de contradecir una decisión judicial”. Según el PP, en diversos consejos de Nous Espais sus representantes han exigido la adaptación de un puesto de trabajo o la recolocación en otro alternativo, compatible con su situación física, "sin alargar más esta actuación fuera de la ley por parte de la empresa municipal". 

Folgado defiende además que “este trabajador ha mostrado en todo momento buena voluntad y ánimo de trabajar, estando siempre dispuesto a desarrollar sus funciones para la empresa municipal, sin presentar objeciones ni condiciones a su recolocación en cualquier otro puesto de trabajo que le sea compatible”. 

Declaración de incapacidad

Por su parte, ante las acusaciones, la empresa municipal Nous Espais ha emitido un comunicado en el que defiende la legalidad de su actuación. La firma explica que, a instancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la jurisdicción social, se siguieron las instrucciones "que determinaban que la declaración de la incapacidad total para el ejercicio de la profesión habitual implica, en primera instancia, la suspensión del contrato y la reserva por un periodo de dos años". Y durante este tiempo, si se produce una mejoría en las lesiones y así lo acredita el INSS, el trabajador tiene derecho a su reincorporación inmediata. La firma añade que este proceso es "compatible con el ejercicio profesional pero nunca con el que se venía desempeñando y que dio lugar a la declaración".

No obstante, una vez transcurrido el periodo de dos años iniciales de revisión, "se produce automáticamente la extinción del contrato y, por lo tanto, no es posible, de acuerdo con el derecho administrativo, la libre asignación de trabajadores/as a plazas que no hayan sido objetos de una convocatoria pública de libre concurrencia". Por ello, dos años y tres meses desde la declaración de incapacidad y la suspensión del contrato con reserva, "no se ha recibido documento algun del INSS que revise o revoque la declaración de incapacidad y, por lo tanto, de la extinción del contrato".

"Se ha tratado de manera transparente"

Por su parte, el grupo municipal socialista afirma que "no se puede hacer política con la enfermedad de una persona y hacer declaraciones alejadas de la realidad que lo único que pretenden es confundir a la población". El PSPV defiende que este caso "se ha tratado de manera transparente en los consejos de Nous Espais". "La sociedad pública no podía hacer, de acuerdo con la ley, nada diferente a lo que ha hecho.

"Cualquier cargo público que, mediante sus declaraciones, inste a otros al incumplimiento de las leyes está abriendo un camino muy peligroso. Este es el caso de Sra. Folgado que constantemente, bien por ignorancia bien por voluntad de desprestigiar al ayuntamiento y al municipio, propone que se adopten medidas que no son legales", concluye el PSPV.