Final feliz de momento para Mari Mar y su hija, que han pasado de la posibilidad de quedarse en la calle a negociar un posible alquiler social con la Sareb, gracias a la negociación conjunta con la Generalitat Valenciana, la oficina de vivienda del Ayuntamiento de Torrent y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Desde primera hora de la mañana, miembros de PAH València se han acercado a la vivienda situada en la calle de Nuestra Señora del Buen Consejo para evitar el desahucio de Mari Mar y su hija de 13 años, que se encontraban okupando ese piso, de forma ilegal, tras la imposibilidad de poder acceder al mercado de la vivienda por sus bajos ingresos y la carencia de oferta pública. Pero al poco de estar viviendo ahí, recibió una orden judicial de desahucio aunque no a su nombre, sino al de los anteriores ocupantes de la vivienda, propiedad de la Sareb, también conocida como Banco Malo.
Al conocer esta situación la PAH, “se pone en marcha un procedimiento para llevar a Mari Mar al juzgado y explicar que no es ella sobre la que recae la orden judicial, que había solicitado vivienda a las administraciones públicas, tanto al ayuntamiento como a la Generalitat Valenciana y que, mientras, se había contactado con Servicios Sociales para tramitar el informe de vulnerabilidad”, explica José Luis González, portavoz de la PAH, quien comunicó esta situación tanto al consistorio, que tiene una oficina de la vivienda para estos casos, así como a la Unidad de Ayuda ante los Desahucios (UAD) de la Generalitat. "Y gracias trabajo de todos, el desahucio no solo se ha paralizado, sino que se ha instado a la Sareb a que le haga un contrato de alquiler social, y parece que se puede conceder”, concluye González.
Afectados por el alquiler
El desahucio afectaba a una vivienda de la calle Nuestra Señora del Buen Consejo número 14, la misma finca donde, como denunció Levante-EMV en febrero de 2021, otras 125 familias de Torrent alquiladas en pisos VPO podrían quedarse en la calle a lo largo del año después de que la Sareb les notificase la no renovación del alquiler después de adueñarse la propiedad en el pasado verano. Un asunto que también está tratando la PAH a través de su nueva Coordinadora de viviendas de la Sareb, que se ha formado debido a la gran cantidad de pisos que están en posesión del conocido como banco malo.
Aprovechando la paralización del desahucio de Mari Mar, otra mujer vecina de la finca, Isabel, ha denunciado su caso particular, ya que la Sareb le requiere un recibo de 2.553 euros que ella ya ha pagado, como así presentó varios justificantes y que, por ello, no le renuevan el contrato de alquiler.
“Estas situaciones que son finalización de contrato, demandas de cuotas ya pagadas, okupación de gente buena, hay veces que se han utilizado para instar a desahucios. Por este motivo, la PAH solicita que haya una auténtica negociación con la Sareb para que se pongan en marcha criterios objetivos de contratos de viviendas para todo el mundo, con precios asequibles ya adecuados al tipo de vivienda y que también se puedan negociar situaciones de impago o alquileres sociales en caso de familias que han okupado de buena fe”, explica el portavoz de la PAH.
Estas demandas se hicieron en una concentración ante la delegación de Gobierno y también se han presentado a las Cortes Valencianas. "Hemos hecho una reunión con todos los partidos políticos, salvo Vox y PP, y esperamos que en este mes se apruebe en les Corts una proposición no de ley”, concluye José Luis González de la PAH.
