El PAI de Port Saplaya sigue generando conflicto entre el gobierno de Alboraia y la oposición. Enfrentamiento que se ha manifestado públicamente hoy, en la Junta Extraordinaria de Egusa que, ante la negativa del alcalde, Miguel Chavarría (PSOE) tuvo que convocar el secretario a petición de los demás partidos políticos en el ayuntamiento -PP, Cs, Compromís, EUPV y Vox-, tras la sustitución del actual presidente de la empresa municipal Egusa. Los votos de la oposición, superiores a los del gobierno socialista, han conseguido que Juan Diego González, de Cs, sustituya al socialista Agustín Martín , ante el cabreo del actual equipo de gobierno que tacha la acción de electoralista.
El PSOE manifiesta que "no tiene más justificación esta maniobra que intentar desgastar al gobierno y bloquear en lo posible la gestión ante la proximidad de las elecciones, puesto que no hay razones probadas de peso para sustituir al presidente, que ha gestionado la empresa eficazmente y siempre ha debido contar con los votos del resto de consejeros por carecer de mayoría, señalan desde el ayuntamiento.
La oposición, sin embargo, asegura que si bien consideran que hubiera sido mejor contar con un presidente de las mismas siglas que el gobierno, "la mala gestión llevada por el actual presidente más la falta de transparencia y de comunicación con el resto de partidos políticos nos ha obligado a tomar esta medida, para intentar reconducir la gestión en torno al proceso de negociación con al Grupo inmobiliario Mediterráneo Costablanca (GMCB) -que estaba constituido conjuntamente por Astroc (empresa originaria de lo que hoy en día es Quabit) y Rosal- en el PAI".
Desde los grupos que no gobiernan, esta decisión es positiva para todos: "no queremos que lo vean como un ataque sino como más manos que suman y sustituimos al presidente porque no nos gustan sus formas".
Defensa del actual presidente
Para el gobierno, sin embargo, "hemos defendido en la Junta General de EGUSA con documentos y datos contrastados, la gestión del presidente, Agustin Martí, quien ha dado cuenta de toda la documentación que obra desde un principio en poder de los consejeros, tanto del gobierno como de los grupos de la oposición relacionadas con las negociaciones para el pago de la deuda heredada. Sin omisión alguna de información, que por otra parte hubiese sido inútil puesto que cualquier decisión ha de pasar por el Consejo o la Junta General, en los que el gobierno no tiene mayoría".
En defensa del actual presidente, señalan desde el equipo de gobierno que la gestión de la empresa ha sido económicamente positiva desde que asumió el cargo y "se ha reducido la deuda, se han aumentado los ingresos y se han aumentado la plantilla y los servicios al Ayuntamiento, como prueba de ello".
Lo único que aún sigue pendiente es hacer efectivo el acuerdo con el acreedor de Egusa, antiguo GMCB, a quien se ha de pagar la deuda originada por una operación urbanística fallida del PP, que asciende a 33 millones de euros, con los terrenos de Port Saplaya propiedad de EGUSA incluidos en el PRI aprobado para el sector, según el acuerdo transaccional aprobado por la Junta General. Dicho PRI subsana la carencia de dotaciones deportivas y educativas necesarias en Port Saplaya y añade una zona residencial.
"La pretensión de la oposición de que se les ha ocultado información necesaria para sus decisiones es totalmente falaz ya que el informe confidencial del que se quejan, que emitió la Secretaría General del Ayuntamiento en 2020, lo hizo tiempo después de votar la Junta General el acuerdo transaccional, y dicho informe nada tenía que ver con esa decisión y nada se ha votado desde entonces ni se ha cambiado nada del acuerdo inicial", explican.
El PSOE asegura que el secretario del ayuntamiento ha reiterado por escrito que lo emitió amparado por la ley de transparencia y era sólo para conocimiento del alcalde, el presidente de EGUSA y su jurídico, "ya que de hacerse público podría no obrar los efectos deseados para establecer la estrategia jurídica que recomendaba ante posibles actuaciones que se estaban estudiando en 2020 y que no se llevaron a cabo".
"A esto hay que añadir que el Acuerdo Transaccional que se aprobó por mayoría absoluta con los votos de PP y PSOE, tenía la calificación de confidencial, para preservar los derechos de las partes frente a terceros, mientras no fuese efectivamente realizado, pero se filtró a los medios antes de terminar dicha junta, lo cual justifica la posterior cautela".
Por último, desde el consistorio de Alboraia exponen que a pesar de que siempre se ha informado puntualmente a la oposición, "la tardanza, por consideraciones jurídicas y urbanísticas, en materializar el acuerdo, se ha puesto como excusa para sustituir al actual Presidente, cuando la interrupción de los trámites en el Ayuntamiento y EGUSA viene como consecuencia de reclamaciones de terceros ante el dicho acuerdo y que están en sede judicial".
