La dirección general de Patrimonio de la Generalitat Valenciana aún no ha dicho su última palabra respecto al conflicto en San Antonio de Benagéber con los elementos defensivos de la guerra civil. Una urbanización amenaza un conjunto de trincheras y otros elementos que construyó el Ejército republicano, dentro de la línea Inmediata de protección a la ciudad de València, como ha avanzado Levante-EMV. Y la baza del consistorio y el promotor es que Patrimonio ha avalado en un informe que solo se mantenda una de las construcciones y el resto se proteja y entierre.

El asunto ha provocado las quejas de diversas organizaciones ecologistas y ciudadanas, como la Coordinadora en Defena de los Bosques del Túria, el Centre d’Estudis Locals (CEL) de San Antonio y el Grupo Posición València, que han iniciado movilizaciones. Además de una recogida de firmas, han convocado un paseo reivindicativo para este domingo, 3 de julio, a las 10 horas.

Tras las protestas, Patrimonio ha ordenado que se realice una inspección de nuevo a la zona, «con carácter de urgencia». «Un técnico arqueólogo de la dirección general de Cultura y Patrimonio visitará el lugar y recabará todos los datos necesarios para redactar un nuevo informe que determine la situación real en la que se encuentra el proyecto y la protección de los elementos defensivos», indican fuentes de la Conselleria de Cultura.

A lo largo de este expediente, que se remonta al año 2018, la dirección general de Patrimonio se ha pronunciado dos veces. En septiembre de ese año, emitió un informe en el que se detallaba la existencia de cuatro elementos defensivos en Colinas de San Antonio, que estaban considerados Bien de Relevancia Local (BRL) por la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, y que «por tanto, tenían que ser protegidos y conservados». En aquel escrito se indicaba al promotor que debía realizar un estudio arqueológico en la zona. Y a la vista de los resultados, la dirección territorial de Educación, Cultura y Deporte emitió otro informe en julio de 2019 «que establecía la conservación de todos los elementos defensivos con la obligación de que fueran señalizados para no verse afectados en el futuro por edificaciones». No obstante, en ese informe sólo se impuso al promotor la obligación de poner en valor el más importante e integrarloen un jardín, mientras que la forma de proteger consiste para la conselleria en estudiar y documentar los elementos constructivos y taparlos con las correspondientes protecciones de geotextil.

Y es precisamente esa medida la que rechazan las asociaciones, que reclaman que se ponga en valor todo el conjunto, ya que entienden que un elemento solo «queda descontextualizado», además de que el aterramiento contribuye a «seguir ocultando una historia que el franquismo se empeñó en esconder».

Asimismo, las asociaciones insisten en que, con el cambio en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, aprobado por les Corts en 2018 , se pretendía sacar a la luz esa historia, protegiendo como Bien de Relevancia Local (BRL) todos los elementos de la época de la República y la guerra civil. Finalmente, las entidades recuerdan que la dirección general de Patrimonio tiene encima de la mesa desde 2019 una petición para que se declare Bien de Interés Cultural (BIC) toda la línea Inmediata, desde el Puig a Vilamarxant.