La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha concluido que el Ayuntamiento de Albal cometió "irregularidades administrativas graves" en la tramitación, financiación y firma del convenio con Adif para la construcción de la nueva estación de Cercanías en la localidad, una obra actualmente en ejecución. Así consta en una resolución de Antifraude fechada el 7 de julio y publicada a finales del mes pasado. Este informe pone fin a la investigación en el organismo tras desestimar las alegaciones del consistorio, en un proceso en el que Adif no ha presentado ningún escrito.
Antifraude se basa en aspectos como que el convenio se firmó sin que el consistorio tuviera consignación presupuestaria para acometer la obra en sus presupuestos y en que no se ha justificado, desde el punto de vista urbanístico, la obtención de los terrenos que la institución local había de poner a disposición de la empresa dependiente del Ministerio de Fomento. Además, en el informe se apunta a la falta de competencias municipales para impulsar un proyecto de tal envergadura.
Por su parte, el alcalde de Albal, Ramón Marí, defiende que, si bien en los inicios "pudo haber alguna precipitación en el procedimiento, se ha ido subsanando a lo largo del desarrollo con los diferentes acuerdos. El mandatario socialista esgrime que el consistorio "sí que tiene competencias para firmar acuerdos con otras administraciones" y asegura que era "una oportunidad histórica para Albal, fundamental para mejorar el transporte sostenible".
Un procedimiento de 2019
Los hechos, de los que la agencia tuvo conocimiento a través de un escrito, se remontan a finales de febrero de 2019 cuando el Ayuntamiento de Albal firmó el convenio con la entidad pública comprometiéndose a entregar los terrenos para la estación, reintegrar el importe de las expropiaciones que abonara Adif (771.033 euros), financiar el 43% de la ejecución de las obras del proyecto constructivo (2,55 millones de euros, sin IVA) y asumir el coste de mantenimiento y conservación. El resto de la financiación (más de 50%) corría a cargo de Adif, en la línea "de los acuerdos que el organismo firma con otros consistorios como el de Pinto o el de Parla", insiste Ramón Marí.
El proyecto fue adjudicado en octubre de 2019 por 4,97 millones, de los que el consistorio debía asumir 3,32 millones sin contar licencias, impuestos o mantenimiento de las instalaciones. Para este gasto, el ayuntamiento confirmó en marzo de 2021 a Antifraude que no disponía de consignación presupuestaria suficiente, según la resolución emitida.
Respecto a los terrenos para la nueva estación, Antifraude concluye que 11 años después del protocolo de colaboración para este proyecto, "se desconoce cuál ha sido el instrumento de gestión urbanística" que ha tramitado el ayuntamiento para la incorporación al dominio público el suelo necesario. Por ello, la agencia requirió al ayuntamiento el informe de los técnicos municipales, pero el consistorio no lo ha aportado, siempre según la resolución. Otra de las advertencias de Antifraude es que no constan informes técnicos, jurídicos o económicos por parte del Ayuntamiento de Albal que justifiquen los incrementos o variaciones introducidos en el convenio.
Según la resolución, tampoco se acreditó el informe que justificara las peticiones del alcalde para eliminar la referencia al suelo urbanizable no pormenorizado e incluir una parcela en el proyecto. En concreto, se constató una diferencia de 116.790 euros entre el coste inicial de las expropiaciones (654.243 euros) y el final (771.033) sin estar motivada, junto a otras modificaciones "sustanciales", sin estar basadas en informes de técnicos.
Además, la investigación concluye que el convenio con Adif se firmó a finales de febrero de 2019, antes de acabar el periodo de información pública y cuando el ayuntamiento tenía en vigor el presupuesto prorrogado del ejercicio anterior.
En el plano político, la agencia recoge que el expediente se sometió a debate sin el informe preceptivo de la Intervención municipal, algo de lo que alertó un grupo de la oposición. "El acuerdo plenario incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho; no por el hecho de la ausencia de fiscalización previa exigible, sino por la ausencia del crédito suficiente para adquirir los compromisos de gastos", subraya. Cinco meses después, el pleno municipal desestimó las alegaciones y lo aprobó definitivamente con el voto favorable de nueve de los 17 concejales, de nuevo sin informe de fiscalización.
Asimismo, un año más tarde, el alcalde elevó al pleno de urgencia un acuerdo para modificar y prorrogar el convenio redistribuyendo las anualidades, con dos adicionales a las cuatro previstas, algo que se aprobó cuando "se desconocen las razones que motivan esta necesidad" y no se justificaba con ningún informe. El alcalde Ramon Marí argumentó en la situación excepcional por la pandemia, pero Antifraude señala que se planteó en mayo de 2020 y se aprobó cinco meses después. A nivel económico, la resolución recoge la advertencia de la Intervención municipal de que el ayuntamiento debía tomar medidas para evitar el "riesgo" de incumplimiento del techo de gasto contemplado en el presupuesto de 2020.
Competencias municipales
La Agencia Antifraude insiste en que el consistorio carece de competencia para financiar la construcción de la estación y que podría ejercerla delegándola con financiación suficiente, siempre que se garantice su sostenibilidad financiera y no haya duplicidad. No lo entiende así el Ayuntamiento de Albal, que alegó que el proyecto se lleva a cabo "de forma compartida, evidentemente eficiente, sin ápice de duplicidad y por la técnica de la cooperación".
En este sentido, el alcalde Ramón Marí replica que la fórmula para impulsar la estación fue un convenio interadministrativo, "una competencia de los ayuntamientos que recogen todos los ámbitos de la legislación, el local, el autonómico y el estatal", como "se establece en diversas sentencias del Tribunal Supremo". Asimismo, el mandatario defiende que las competencias urbanísticas "son municipales y la construcción de la estación se ha ejecutado dentro de un sector que está en desarrollo, donde había suelo reservado para servicios y el ayuntamiento entiende que la estación lo es".
Ramón Marí ha remarcado también que la Unión Europea "no solo avala los convenios entre administraciones sino que recomienda a los ayuntamientos la colaboración con otras instituciones para transformar el modelo de transporte".
"En este asunto no se ha producido ninguna desviación de dinero ni presupuestaria sino que todos los pagos han sido correspondientemente fiscalizados y las dos administraciones hemos cumplido con lo que firmamos en el convenio. La prueba es que, a principios de 2023, la estación estará acabada y entrará en funcionamiento, con lo que ello va a suponer para el municipio. Todos los defectos que señala el informe no son invalidantes del proceso ni tampoco anulan el convenio", asevera el alcalde.
Aparcamiento disuasorio
El proyecto de construcción de la estación de Albal es clave en la mejora de la movilidad en la comarca de l'Horta porque, no solo supone un nuevo punto de servicio de los trenes de Cercanías sino que además allí la Conselleria de Obras Públicas construirá el primer aparcamiento disuasorio de la zona, dentro de un plan metropolitano que entrará en funcionamiento en los próximos meses. Así lo confirmó hace unas semanas la consellera Rebeca Torró en Albal.
