El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Massamagrell ha decretado la apertura de juicio oral contra la alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, por un delito de prevaricación administrativa, por el caso de la comisión de servicios de la interventora municipal. La fiscalía pide una pena de 12 años de inhabilitación. El PP ha solicitado un pleno extraordinario para el día 15 de septiembre para exigir la dimisión de la mandataria socialista.
Ha sido el PP, que junto con Ciudadanos presentó la denuncia contra Salvador, el que ha revelado que la alcaldesa se sentará en el banquillo, y como ha confirmado la propia dirigente a este diario. Los populares explican que la fiscalía Anticorrupción apreció posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación, delito por el que finalmente no será juzgada, como ha defendido la alcaldesa a este medio.
En febrero de 2020, PP y Cs presentaron ante Anticorrupción una denuncia contra Luisa Salvador, Mª Ángeles Beltrán y Marc Oriola por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, por la revocación de la comisión de servicios de la interventora municipal después de que la alta funcionaria relatara en un pleno una irregularidad en el pago a un trabajador «por productividades que no se justificaban». Ambos grupos aseguraban que la alcaldesa «presionó» a la funcionaria para que cambiara su informe antes del pleno y que días después de la sesión plenaria se le comunicó que no renovaban su comisión de servicios.
Los citados informes de la interventora se revelaron en el pleno de noviembre de 2019, donde la misma habilitada nacional intervino para dar cuenta de lo que había detectado. Así, informó del «abono de horas extraordinarias, gratificaciones y productividades de una forma irregular, en ocasiones sin justificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establece la ley».
La ilegalidad correspondiente al ejercicio 2018. La interventora relató que aleatoriamente había analizado 213 nóminas de 56 empleados. Emitió un informe de carácter provisional con fecha de 12 de septiembre, dando un plazo de diez días para que el departamento de Personal aportara alegaciones. El 12 de noviembre, dos meses después, las conclusiones pasaron a ser definitivas, sin que recibiera documento alguno, según la habilitada nacional. Después de su intervención en el pleno, el consistorio no renovó la comisión de servicios solicitada.
Tras la denuncia de PP y Cs, el juez inició una investigación al respecto y Luisa Salvador acudió a declarar como investigada en febrero de 2021. También prestaron declaración otros testigos. Con todas las versiones aportadas, el fiscal remitió el pasado octubre al juzgado un escrito en el que aprecia indicios de prevaricación por parte de Salvador y solicita al juez, que ha asumido su petición, que se incluya en la instrucción toda la documentación relativa al cese de la interventora, además del histórico penal de la alcaldesa. Ahora, el juez ha dictado un acto en el que decreta la apertura de juicio oral contra Salvador, dejando fuera de la ecuación a Marc Oriola.
El portavoz popular Bartolomé Vila afirma que el auto del juez "pone de manifiesto que los hechos denunciados en su día por nuestro grupo municipal ante la Fiscalía, eran suficientemente graves y ponían en cuestión la gestión de la alcaldesa y de su equipo de gobierno de la pasada legislatura". Así, el dirigente del PP asegura que "que en aplicación del propio código ético del PSPV-PSOE, la alcaldesa debería presentar su dimisión inmediata. Y además, ahora que vamos conociendo que el actual teniente de Alcalde se postula como candidato a las próximas elecciones municipales, sería un ejercicio de dignidad por su parte presentar su dimisión y no cargar únicamente el peso de dicha responsabilidad en la Alcaldesa Luisa Salvador”.
La socialista ha asegurado a este diario que no piensa dimitir y que concluirá el mandato en 2023, cuando ya no repetirá como candidata. Salvador ha insistido en que se trata de una "denuncia política" de PP y Cs.
