El futuro PAI de la Torreta del Pirata de Godella, que afectará a una superficie boscosa de 15 hectáreas y donde se construirán 447 viviendas, sigue enfrentando a entidades locales con el ayuntamiento, como se puso de manifiesto en el último pleno municipal, en el que un líder vecinal acusó al gobierno local de haber "manipulado" los datos por haber rechazado una parte de las firmas que se recogieron para pedir una consulta.

Según un comunicado emitido por Acció Ecologista Agrò, que da apoyo a asociaciones y ecologistas contra el planeamiento urbanístico, el equipo de gobierno, que lidera la socialista Teresa Bueso, habría "inadmitido" 2.045 firmas de vecinos censados en Godella, que diferentes asociaciones presentaron entre enero y marzo de 2022.

Por su parte, la mandataria socialista Teresa Bueno replica que el expediente lo ha tramitado la secretaria general del Ayuntamiento de Godella, que "es una habilitada nacional y no un cargo del gobierno local". La alcaldesa indica que "lo que ha pasado es que "(los sectores que se oponen al PAI) no han llegado al 15% del censo oficial que señala la Ley de Bases de Régimen Local para municipios de 5.001 a 15.000 habitantes" para pedir un referéndum.

De este modo, el informe de la secretaria establece que la población oficial de Godella, proporcionada por la Oficina del Censo Electoral, es de 13.027 habitantes, por lo que el 15% serían 1.954 firmas. "Aunque se presentaron cuatro registros con más de 3.000 firmas, por parte de una persona que no acreditó ser el representante de las asociaciones, se dio trámite igualmente", añade la mandataria.

No obstante, como en este tipo de procedimientos solo pueden votar personas empadronadas en la población, mayores de edad y con derecho a voto, después de volcar todas las firmas a una base de datos, "entre las de las personas no censadas en Godella, las que eran menores y las firmas que estaban repetidas, no han llegado al 15%. Y eso que se han admitido 70 que contenían errores", afirma la alcaldesa.

Por su parte, las asociaciones critican que el expediente estaba paralizado y "sólo fue reactivado tras un requerimiento de las entidades al Síndic de Greuges, tras mas de tres meses sin respuesta". Y respecto a la persona que las presentó, dicen haberle enviado un requerimiento que nunca recibió" aunque posteriormente lo han presentado. Un aspecto que, en palabras de la alcaldesa, "no se ha tenido en cuenta".

Nueva denuncia al Síndic

Con todo, las asociaciones afirman que han remitido toda la información al Síndic de Greuges, artífice de la activación del expediente, además de valorar "con estupefacción y vergüenza, cómo todo el consistorio (a excepción de la concejala del grupo EU-Podem) camina hacia la aprobación de este PAI, que destruirá 15 hectáreas de bosque mediterráneo, impidiendo la participación ciudadana y utilizando la administración como un obstáculo en vez de una herramienta para tal fin". Los colectivos insisten en pedir un referéndum "para que los vecinos puedan decidir sobre este macroproyecto urbanístico tendrá graves consecuencias sobre la vida del pueblo y sus vecinos".