Cambiaron la normativa para que los más vulnerables no accedieran a ayudas públicas y lo hicieron tras aprobar una moción en julio de 2020. La moción la presentó Ciudadanos, el PP y Vox cuando la ultraderecha gobernaba en la localidad y supuso un cambio en la normativa que regula las ayudas económicas de forma que se endurecieron los requisitos y se excluye a quien no tenga o una hipoteca o un contrato de alquiler.
El objetivo era que quienes "okupan" una vivienda fueran vetados de toda ayuda, aunque la vivienda en la que residan sea propiedad de un banco. Esa normativa sigue vigente a día de hoy a pesar de que el gobierno haya cambiado (ahora gobiernan los socialistas y Ciudadanos) y sea el PSPV quien ostente la alcaldía de la mano de Rafael Ferrando quien, además se encarga de Bienestar Social.
Sin embargo, esa moción es el motivo por el que Servicios Sociales no atiende a las familias vulnerables que residen en una finca propiedad de la Sareb (entidad conocida como el banco malo) que están pendientes de un desahucio. De hecho, el desalojo se iba a producir la semana pasada pero cuando la Sareb se enteró de la vulnerabilidad de las familias afectada solicitó la paralización durante 60 días.
Las familias, asesoradas por PAH Burjassot, el sindicato Construint Burjassot y Red Godella, solicitaron asistencia en Servicios Sociales, quienes se personaron en la finca para informar a los afectados de que no pueden realizar nigún trámite a su favor. Ni el empadronamiento, ni el informe de vulnerabilidad, ni tramitar ayudas como la Renta Valenciana de Inclusión o el Ingreso Mínimo Vital, ni, por supuesto, las Prestaciones Económicas Individualizadas (PIA) cuyos requisitos sí se cambiaron para vetarles el acceso. Solo dos de las doce familias cuentas con empadronamiento y con la beca de comedor tramitada ya que entre los afectados hay 8 menores. El resto, ni tiene nada ni va a tenerlo. Las entidades sociales, sin embargo, aseguran que hay marco legal para prestarles asistencia porque hay ayudas a las que tiene derecho. El propio alcalde, Rafael Ferrando, le aseguró a Levante-EMV que los Servicios Sociales estaban obligados a prestarles asistencia pero no ha sido así.
Desde la concejalía informaron a los afectados que la moción aprobada en julio de 2020 (con votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, y en contra de los del PSPV y Guanyem Rocafort-Podem-EU) impide prestarles asistencia. En la moción se explica que las "ocupaciones ilegales de vivienda merecen todo nuestro reproche" por lo que se acuerda "que los ocupas de la forma legal que proceda no puedan recibir ayudas municipales". Ahora bien, desde la PAH -quienes calificaron de "indecente" la moción"- advierten que los ayuntamiento sí tienen la obligación de empadronar a quienes residen en el municipio, así como gestionar otra serie de servicios a personas y familias vulnerables.
En la moción aprobada en 2020 se hace referencia a dos tipos de okupaciones: "las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada" y las realizadas "por grupos antisistema". Sin embargo, nada se dice de familias vulnerables que ocupan una vivienda propiedad de un banco. Los requisitos de acceso a las ayudas municipales de Rocafort cambiaron en 2021 e incluyeron el artículo 9, destinado a "vivienda y alojamiento", donde se especifica que es indispensable contar "con un título jurídico sobre el régimen de tenencia o de alquiler", así como estar empadronado seis meses, como mínimo.
La nueva ordenanza de 2021 incluye el articulado de la vivienda y elimina todo el texto que había en la normativa anterior (de 2017) que hacía referencia a la situación de "personas en tránsito" ya que entonces sí se permitía ayudar a quienes "presentaran un estado de necesidad extrema", aunque no residieran en el municipio o estuvieran empadronados en el mismo.
Petición a la Sareb
Ahora bien, ante la negativa de Servicios Sociales a ayudar a estas familias (ya que, además, alegan que no conocen a los afectados porque trabajan en el ayuntamiento desde hace poco tiempo), las entidades sociales están realizando ese trabajo. Tanto las familias afectadas como las entidades sociales reconocen que en dos de las nueve viviendas afectadas se generan problemas de convivencia, y así lo especifican en la documentación enviada a la Sareb.
"Las familias que generaron problemas y denuncias no son las actuales"
El resto son familias humildes, sin ingresos o con ingresos mínimos que oscilan entre los 70 euros semanales y los 700 euros al mes (en familias donde residen dos adultos y un menor) y que buscan un alquiler social que quieren negociar con la Sareb. "Estas familias no son las que entraron en el edificio en un primer momento. Esas, las conflictivas, figuran en la orden de desahucio porque generaban problemas de convivencia y fueron denunciadas e identificadas, pero solo quedan dos personas viviendo en la finca. El resto, son gente vulnerable y humilde. Hay menores y hay pobreza, pero no son delincuentes ni mala gente. Necesitan una oportunidad y esperamos que la Sareb se la pueda dar mientras el ayuntamiento atiende a estas familias y da marcha atrás a una normativa que es una absoluta vergüenza porque implica que en Rocafort, el municipio más rico de la Comunitat Valenciana, lo que no quieren son pobres", concluyen desde las entidades sociales.
