El Ayuntamiento de Paterna ya ha iniciado el trámite de exposición pública sobre la protección del llamado «Paredón de España» (el lugar donde el franquismo fusiló a más de 2.300 personas) y las fosas comunes del cementerio, que albergan los cuerpos de las personas represaliadas, como Bien de Relevancia Local (BRL) , lo que implica modificar el catálogo local. El consistorio confía en tener este documento aprobado, tanto en el terreno municipal como por la Conselleria de Cultura, antes de que acabe el año, para que la protección sea efectiva en el menor tiempo posible.
Aunque la legislación actual valenciana en materia de patrimonio establece que los bienes relacionados con la guerra civil son BRL, de manera generalizada, también recomienda una catalogación específica para que que la protección sea más ágil, en el caso de que se produjera un intento de agresión en el monumento, actualmente situado en un terreno privado.
Retrasos de la conselleria
Este proceso, que el Ayuntamiento de Paterna inició en 2018 y que se ha demorado cuatro años por la tardanza de la dirección general de Patrimonio en pronunciarse en las distintas fases, supondrá otorgar al ‘terrer’ una protección municipal específica que nunca ha tenido, desde que fue localizado por el consistorio en el año 2005, tras comprar el primer lote de terrenos militares el Ministerio de Defensa. Posteriormente, la quiebra de la empresa municipal urbanística Sumpa provocó que el suelo donde está el paredón acabara en manos de un banco y fuera adquirido por un promotor que pretende desarrollar en la zona un ecobarrio.
Desde hace dos años, funciona una comisión con la propiedad, la Diputació de València, el ayuntamiento y diversas asociaciones para construir un memorial con los nombres de las víctimas junto al punto donde fueron fusiladas y dignificar el espacio.
Lugar de la memoria
Por otro lado, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ya ha declarado esta semana el Paredón de España como «Lugar de la memoria», primer espacio que recibe este reconocimiento en el territorio autonómico, previsto en la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. La Genralitat inició el expediente en febrero de 2022 y lo ha culminado en apenas nueve meses. Este tipo de declaración es efectos históricos y memorialísticos pero no supone una protección urbanística, como el anterior caso de BRL.
Al respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, considera que «esta declaración va a permitir dar un paso más en la dignificación de las víctimas y la cicatrización de la herida de las familias». «Vamos a seguir trabajando para que nuestra memoria democrática esté a la altura de países como Alemania, donde la educación y la verdad nos permita mejorar como sociedad», añade el mandatario socialista. Asociacionesinsisten también en la necesidad de que se construya el memorial.
