Son especialistas en los cuidados pero se pasan el día limpiando. Sostienen la vida de las personas más vulnerables de los municipios y sus condiciones se ven cada vez más mermadas. Las trabajadoras del Servicio de Ayuda al Domicilio (SAD) de distintos pueblos de l'Horta han denunciado a través de la Associació de treballadors i treballadores del SAD de València y provincia que varios ayuntamientos, que son quienes evalúan las necesidades de los usuarios y las trasladan a la empresa concesionaria que coordina a las empleadas (en el caso que haya una empresa gestora) ordenan trabajos de limpieza a las sociosanitarias del SAD en lugar de cuidados, acompañamiento y asistencia para impulsar la autonomía de las personas dependientes.
Una situación que ya denunciaron en este diario y que, según la entidad, "cada vez va a peor". "Esto está pasando en la gran mayoría de ayuntamientos de l'Horta y aún protestando, siguen en la suya", critican. En este sentido, aseguran que "el 90 % de las plantillas de los ayuntamientos están realizando labores de limpieza" cuando "no somos limpiadoras, sino personal sociosanitario cualificado y formado".
Asimismo, denuncian que desde los consistorios no les escuchan y les insisten en que "no tienen que molestar a los técnicos". "Nos exigen limpiezas brutales que extralimitan nuestra trabajo y amenazan y coaccionan a las compañeras" aseguran fuentes de la asociación. Por eso, exigen condiciones laborales dignas y ajustadas a su especialidad, los cuidados.
"Si duchamos a una persona, después limpiamos el baño, pero nuestra función principal no es limpiar las casas, para eso que contraten a un servicio de limpieza, que también los hay", insisten, al tiempo que aseguran que esto ocurre en muchos ayuntamientos de la comarca de l'Horta.
Contra la prórroga del contrato en Xirivella
Las trabajadoras del SAD de Xirivella ya denunciaron sus condiciones de trabajo y se manifestaron en contra de la prórroga del contrato a la empresa concesionaria del servicio por parte del ayuntamiento tras sufrir retrasos en el pago de las nóminas.
Ahora, tal como denuncia la asociación que las representa a todas, esta situación se ha agravado con amenazas, coacciones y carga de trabajo que extralimita sus funciones.
Algunas de las reivindicaciones de este colectivo son la jubilación a los sesenta años por las secuelas físicas y el reconocimiento de las enfermedades que se desarrollan ejerciendo la profesión. La evaluación de los riesgos laborales que acompañan a la actividad y unos salarios dignos que, en muchas ocasiones y a pesar de ser un trabajo esencial, pues sostiene la sociedad desde la base, no supera los 1.000 euros.
Las trabajadoras abogan por la municipalización del servicio y aunque reconocen que los excesos también se dan en los municipios donde el servicio es 100 % público, en los lugares donde el servicio está externalizado (que gestiona una empresa privada) es «más difícil tener un control de las funciones y las condiciones», subrayan.
Que el ayuntamiento de el servicio no garantiza el cumplimiento de unas condiciones dignas, como ya han denunciado a la asociación varias trabajadoras de distintos pueblos. Actualmente, el servicio público se presta en Silla, Aldaia, Torrent, Alaquàs, Massamagrell y Tavernes Blanques. De hecho, en este último pueblo, hace poco menos de un mes una trabajadora del servicio denunció al consistorio ante la Inspección de Trabajo por no aceptar el informe médico que la inhabilitaba para trabajar. El mismo municipio tuvo problemas en verano por la falta de personal fijo.
