Compromís critica que se cobre el IBI urbano a las zonas rústicas de Torrent

La coalición asegura que no se ha recurrido la multa de la conselleria y el PSPV lo niega

Obras de la desnitrificadora para suministrar agua potable a Calicanto.

Obras de la desnitrificadora para suministrar agua potable a Calicanto. / A.T.

Torrent

La coalición Compromís per Torrent ha criticado que el ayuntamiento siga cobrando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de tipo urbano en urbanizaciones y diseminados que carecen de servicios "basicos" como el agua potable alcantarillado. Esta crítica tiene su origen en la sanción que impuso la Conselleria de Sanidad al consistorio de 12.500 euros, hace semanas, por el suministro que tienen las viviendas de la zona del diseminado (Torrent-12, según el Plan General de Ordenación Urbana).

Para Xavier Martí, miembro en el Consejo de Administración de Aigües de l'Horta, designado por Compromís, "es una actitud sistemática y viciada por parte del gobierno municipal cobrar impuestos a vecinos y vecinas que están totalmente abandonados en cuanto a servicios públicos básicos como el agua y el alcantarillado, además de ser muy deficientes en otros como la ubicación de contenedores y la presencia policial fuera del casco urbano, entre los más destacados”.

Tras la imposición de la sanción por parte de la Conselleria, la coalición tramitó por registro una serie de peticiones de información y documentación sobre el expediente, entre las que pedía explicaciones sobre los recursos que se habían interpuesto, tanto en lo que se refiere a la multa como a la denegación del juzgado de una medida cautelar para retrasar su cobro.

"No se procedió a impugnar el acto"

En el informe que firma la responsable de los Servicios Jurídicos municipales, se dice textualmente que "respecto a la interposición de recurso de apelación, no se procedió a impugnar el auto, al existir razones fundadas de su no prosperabilidad, considerando su tenor y la doctrina jurisprudencial en la materia, como consta en el informe previo a la comunicación al departamento gestor para tramitar el pago de la sanción".

De la respuesta, Compromís interpreta que "no se ha recurrido la sanción, tipificada como grave por la dirección territorial de Sanidad, que depende de la Consellería de Sanidad, y por tanto el ente local admite su culpabilidad". Además, la coalición incide en que el ayuntamiento pidió al juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de València la suspensión de la sanción impuesta por la Consellería de Sanidad, "pero esta pretensión ha sido rechazada" con imposición de costas.

Xavier Martí explica que esta situación, en la que la justicia da la razón a los vecinos y vecinas afectadas “ya se ha producido en otros casos como en Monte-Hermoso, donde el vecindario reclamó la canalización del agua potable ganando finalmente el juicio contra el ayuntamiento en el año 2005, a pesar de que todavía no disponen del suministro al estar la canalización parada a las puertas de la urbanización; también en el barrio del Pantano el ayuntamiento tuvo que conducir gratuitamente el agua desde el Polígono Mas del Jutge después de décadas cobrándoles el IBI como urbano”.

"Es manifiestamente falso"

Por su parte, el grupo municipal socialista de Torrent ha insistido en aclarar que sí que existe un recurso contencioso-administrativo contra la sanción de la conselleria de 12.500 euros, interpuesto por el ayuntamiento en tiempo y forma, al considerar que la multa "está mal impuesta". Fuentes de este colectivo aclaran que la respuesta de la letrada a Compromís "se refiere exclusivamente a que no se ha recurrido la denegación de la medida cautelar para que no se cobre la sanción hasta que no se resuelva el recurso, pero no hace referencia al contencioso, que sigue su curso".

El grupo socialista admite que, "tal vez es algo confusa" la respuesta de la responsable de los Servicios Jurídicos, pero "Compromís conoce perfectamente el recurso porque se lo ha explicado tanto la letrada como el portavoz municipal".

Asimismo, el PSPV defiende que el IBI urbano se cobra en zonas no urbanizables o similares porque "se aplica a las construcciones" que las familias han ido haciendo sin licencia "y no sobre los terrenos rústicos". "El Sr. Martí, que no entendemos en representación de quien habla, intenta desinformar sobre esta cuestión", incide el grupo socialista.