El TSJ obliga a Quart de Poblet a expropiar un solar por 3,6 millones de euros

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha tenido que expropiar un solar por 3,6 millones de euros tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) que le obliga a hacerlo. Se trata de un terreno de más de 10.000 metros cuadrados incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2002 como suelo urbano y dotacional, que hasta el momento utilizaba el consistorio como "parking municipal y, en algunas ocasiones, para celebrar actos organizados por el consistorio", tal como refleja la sentencia.

El documento, de septiembre de 2022, que obliga al ayuntamiento a expropiar el terreno tras solicitarlo los propietarios, señala que la administración local "era consciente de estar cometiendo una ilegalidad al ser unos terrenos privados" y estima, tras un justiprecio, que la cantidad a abonar a los propietarios es de 3.666.825,83 euros. Se trata de un último paso en el periplo judicial que se inició en 2018 con los primeros requerimientos de los dueños al consistorio para que expropiara el terreno por no poder ellos hacer uso de él, al incluirse en el PGOU.

En un principio los propietarios pedían 10 millones de euros al ayuntamiento por el solar y este replicaba que valía 300.000 euros. Al no ponerse de acuerdo en la cantidad adecuada, el Jurado Provincial de Expropiaciones concluyó que el terreno valía 3,6 millones de euros que han otorgado, tras su pago, la propiedad del espacio al ayuntamiento de manera forzosa. Este calculo es el resultado de un justiprecio que se desglosa en A. Suelo urbano residencia (aparcamiento): 2.149.465,12 euros; B. Suelo urbano industrial (viales y anexos): 748.093,22 euros; C.Total valoración: 2.897.558,34; D. 5 % premio afección: 44.877,917 y E. 25 % de indemnización: 726.389,58 euros.

Pagado con remanentes de tesorería

El consistorio, por otra parte, ya ha realizado los trámites burocráticos convenientes para el correspondiente pago. De hecho, ya ha pasado por el pleno el expediente de modificación de crédito del presupuesto de 2022 para abonar, con el remanente de tesorería de aquel año, es decir, el crédito positivo derivado de la gestión municipal, las obligaciones legales que, en este caso, ascendían a más de tres millones de euros.

En un informe del departamento municipal de Intervención sobre la modificación de crédito para acatar la sentencia, el interventor aprobaba el pago de la cantidad estipulada pero también advertía de que "al financiarse la modificación mediante remanente de tesorería positivo para gastos generales se generará inestabilidad presupuestaria con las consecuencias que conlleva".

"Los dueños pedían 10 millones por el terreno, tras la sentencia hemos conseguido ajustar el precio a la realidad"

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Medina explica que el PGOU contempla en ese terreno una futura zona verde, un jardín, que los propietarios no querían tener parado. "Esto está ocurrido en otros ayuntamientos. Mientras no haya una expropiación, los dueños de edificios emblemáticos o terrenos que se destinarán a servicios públicos están en su derecho de recuperar el valor que tienen", indica. Pero, eso sí, a través de una expropiación forzosa, donde muchas veces se marca un justiprecio, una cantidad para que las cantidades exigidas no sean desproporcionadas. "En este caso, los dueños pedían 10 millones por el terreno, tras la sentencia hemos conseguido ajustar el precio a la realidad", valora el concejal.

Este tipo de expropiaciones forzosas puede suponer un problema para los consistorios cuando vienen sobrevenidas y exigen altas cantidades de dinero. "Nosotros, que tenemos deuda cero y un remanente interesante, hemos podido afrontar el pago por nuestra buena gestión". "No íbamos a desarrollar inmediatamente algo en el terreno pero, al tener solvencia económica y asumir la expropiación, ya podemos empezar a plantear qué irá en el solar", explica el concejal.

Precio en base a suelo residencial

Uno de los conflictos con los que se encuentran los ayuntamientos, añade Medina, es que los justiprecios se establecen como si fuera una zona residencial, independientemente de que sea zona dotacional para servicios públicos, lo que muchas veces aumenta la cantidad a abonar, aunque se trate de una zona verde y no residencial, como es el caso.