"Con un sueldo de 1.200 euros nos resulta imposible alquilar en Torrent"

Perder un contrato de alquiler en Torrent puede ser un verdadero drama. El empujón hacia un proceso lleno de incertidumbre que en algunos casos termina en los Servicios Sociales, con personas bajo protección institucional porque son incapaces de encontrar alquileres de menos de 600 euros en la capital de l’Horta Sud. 

Es el caso de Ana de la Cruz, su marido y sus dos hijos, de 15 y 9 años. Esta familia de Torrent fue desahuciada el pasado 10 de diciembre después de que la propietaria -cuñada de Ana- quisiera subirles el alquiler de la vivienda donde habían residido sin contrato durante 14 años, según su versión. Pagaban 500 euros y les pidieron 850. «Nos dijo que con nosotros no sacaba dinero», explica. Tras ser expulsados, llevaron sus enseres a un trastero y acudieron a los Servicios Sociales, donde les aplicaron el protocolo SAUS de emergencias. Les enviaron a un hostal en Aldaia, en el que han residido varias semanas, primero con los gastos pagados por el ayuntamiento y después costeándolos la propia familia. Más de 700 euros al mes.

«Aceptamos vivir ahí porque no nos pidieron seguro de impago. Ahora mismo solo tenemos el sueldo de mi marido de 1.200 euros, con lo que un seguro sólo nos permite acceder a un piso de menos de 550 euros. Pero eso en Torrent no existe, es insufrible», relata Ana de la Cruz, cuya rutina de búsqueda diaria en Idealista, Fotocasa e inmobiliarias locales está resultando completamente infructuosa. «Nosotros no queremos vivir de las ayudas, podemos pagar un alquiler asequible y todas las facturas, pero no hay manera de encontrar vivienda», lamenta la auxiliar de clínica. 

De este modo, tras agotar la ayuda para el alojamiento y después de tener que dejar la pensión por estar reservada para las Fallas, Ana y su familia se han mudado a Paiporta al piso de una amiga que se solidarizó tras conocer su caso. Ahora viven con ella y su pareja en un espacio limitado y sin ninguna intimidad. «Mis hijos lo están llevando muy mal -detalla- al mayor lo han mandado al psicólogo del instituto. Esta mañana se ha levantado llorando porque no quería ir a clase», añade. 

300 desahucios suspendidos

En la oficina de vivienda de Torrent conocen de cerca los problemas que atraviesan muchas familias como la de Ana y, ante la falta de alquileres disponibles, con su bolsa de vivienda permanentemente vacía, llevan desde la pandemia volcados en proteger la tenencia de quienes ya poseían un contrato firmado. 

Según cuentan, en este tiempo han logrado suspender más de 300 desahucios por impago de alquiler o finalización de contrato, normalmente en viviendas gestionadas por fondos de inversión o la Sareb. Hacen efectivo el decreto antidesahucios -vía informes de vulnerabilidad- como estrategia circunstancial de un recurso que sólo cuenta con ocho viviendas de alquileres asequibles cedidas por la Sareb. «No hay suficientes. Tenemos a unas 200 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública. Mucha gente quiere vivir aquí y la tensión inmobiliaria es total», insisten en la oficina. 

Por su parte, desde el consistorio señalan que la familia de Ana de la Cruz no pudo acogerse a la suspensión del desahucio porque llegó a Servicios Sociales cuando este ya se había ejecutado, y añaden que la cifra de familias que acuden a Servicios Sociales aún percibiendo un salario ha crecido en los últimos tiempos. «Alrededor de un centenar de familias se les ha tramitado ayudas alquiler social, además de las que solicitan a través de la Generalitat. Se ha producido un aumento desde la pandemia», indican, puntualizando que la mayoría se encuentran en situación de exclusión y cobran o están tramitando la Renta Valenciana de Inclusión u otras ayudas.