Rocafort investiga quién ordenó perdonar el ICIO a varias promotoras en la etapa del PP

El último pleno de Rocafort estuvo marcado por la intervención de Alicia Esteve, concejala de Hacienda y Urbanismo, que introdujo el tema espinoso del día con una advertencia: “Al revisar los expedientes hemos encontrado algo que me parece realmente grave”. Se refería la edila socialista a la irregularidad detectada en el cobro del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) durante el mandato del Partido Popular. Según consta en un expediente iniciado por el gobierno municipal socialista, durante el primer trimestre de 2022 la oficina técnica de Urbanismo recibió la orden verbal de perdonar el ICIO a media docena de promotores del PAI del Bovalar, dejando de ingresar 160.000 euros, un 40% de la recaudación prevista para el sector entre enero y agosto del mismo año. 

Esteve tuvo conocimiento de la irregularidad fiscal en junio de 2022, cuando preparaba la previsión presupuestaria de cara al próximo ejercicio. Al consultar la recaudación del ICIO observó que existía una brecha enorme entre la estimación de ingresos y la recaudación real en ese momento, unos 100.000 euros a mitad de año, muy lejos de los 700.000 previstos para todas las licitaciones del municipio. Rocafort tenía muchas obras en marcha y el impuesto se paga antes de tramitar cada licencia. El apunte no cuadraba. “En ese momento, como haría cualquier concejal de Hacienda, me voy al departamento de Urbanismo y pregunto qué ha pasado, a lo que se me responde que se dio la orden de que no se cobrase el ICIO en el Bovalar”, relató la concejala en el último pleno. 

A partir de ahí el área de Hacienda empezó a reclamar el impuesto sobre construcciones a los promotores del PAI que se lo ahorraron bajo el gobierno de Agustín Aliaga. Rocafort logró recuperar toda la cantidad adeudada a finales de 2022. Y sin merma contable el caso dejó de escalar. Pero quedaba un cabo suelto: ¿quién y por qué se había dado una orden discrecional? “Fue una decisión unilateral, arbitraria, muy extraña”, comentó Esteve en el pleno. “Algunas personas sí sabían que no pasaba nada por no pagar el ICIO y otras en cambio no lo sabían. Esto es un problema”, dijo sobre un impuesto cuya tramitación sólo puede ser modificada en sesión plenaria. 

“Fue una decisión unilateral, arbitraria, muy extraña”

Por ello, en septiembre del año pasado el ayuntamiento abrió un expediente de información reservada para dilucidar de dónde salió la controvertida orden. De momento sin resultados, pues el jefe de la oficina técnica y la arquitecta municipal de la época dejaron de trabajar en el ayuntamiento justo después de la apertura del informe. “Ya no son funcionarios públicos y no podemos acceder a ellos a menos que se judicialice el caso, de modo que el siguiente paso es remitir un cuestionario al que fue el jefe de la oficina técnica para que nos cuente, de manera voluntaria, qué ocurrió con el ICIO”, explican fuentes municipales. 

De este modo, el expediente busca depurar responsabilidades por lo que podría haber supuesto semejante boquete en las arcas municipales, algo que, aseguran desde el ayuntamiento, se pudo salvar a tiempo: "De no haber habido excedente y no haber recuperado la deuda el Ayuntamiento se habría enfrentado a una falta de ingresos esenciales para su correcto funcionamiento”, señala la concejala Urbanismo en conversación con Levante-EMV, y añade: “No sé quién dio la orden, pero sé que no se hizo un control exhaustivo de lo que estaba pasando en el ayuntamiento”. 

Consultados por esta cuestión, desde el PP aseguran que en el partido no se han dado por aludidos, porque en el expediente no aparece el nombre de ningún político, y además revelan que tanto el jefe de la oficina técnica como la arquitecta municipal de aquella etapa desconocían por completo la información que Esteve reveló en el último pleno. "Les hemos preguntado y no saben nada. Nosotros tampoco", aseguran en el PP, y añaden: "Otro aspecto importante es que el expediente se abrió en septiembre de 2022, el último documento se aportó en octubre de ese mismo año y la información se lleva al último pleno de hace dos semanas. Lo que nos cuestionamos es por qué lo han querido sacar ahora esto", dicen intuyendo una voluntad electoralista.

Legislatura de líos urbanísticos

La gestión municipal de Urbanismo lleva años en el punto de mira. En abril de 2021, el concejal socialista  Rafael Ferrando denunció que el gobierno municipal de Guillermo José (Cs, en aquellos tiempos rivales) había perdonado el impuesto de obras a una asesora de alcaldía. Ferrando añadió que un familiar de la asesora estaría en la misma situación y el alcalde instó al socialista a acudir al juzgado. En aquel momento el concejal recordó que a «los vecinos que no pagan el ICIO, se le requiere para que lo subsanen antes de concederles la licencia, hecho que no ocurrió con este expediente», que tildó de «tramitación irregular».

Rocafort retoma el PAI del Bovalar

Posteriormente, en febrero de 2022, el pleno de Rocafort aprobó la creación de una comisión informativa especial –todavía en proceso– para esclarecer si el alcalde Agustín Aliaga intervino para acelerar la concesión de dos licencias urbanísticas. El impulsor de crear la comisión informativa fue Ciudadanos, exsocio del gobierno de Rocafort y quien regía el departamento de Urbanismo durante los hechos investigados. Los hechos ocurrieron a finales de 2021, cuando Rosario Marco, exconcejala de Urbanismo, recibió presiones para llevar dos licencias urbanísticas, que no aparecían en el sistema Gestiona, a la junta de gobierno como despacho de urgencia. 

Lo curioso, dijo entonces la edila, “es que el jueves ninguna de esas dos licencias estaban asignadas en el Gestiona y el departamento jurídico trabajó toda la tarde del jueves para poder completar el expediente el viernes”, relató sobre una actuación extraordinaria que provocó el recelo de la regidora. 

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