Plenos telemáticos, sesiones relámpago y un cura en campaña: adiós al mandato más anómalo

La legislatura que ahora termina en l’Horta empezó como casi todas, con plenos normales y otros que se perdían en debates interminables. El PSPV había recuperado el cinturón rojo, Ciudadanos y Podemos se desinflaban y el PP se lamía las heridas en procesos internos que no siempre terminarían bien. La actividad política seguía su curso y los partidos se asentaban en sus respectivas bancadas, pero pocos meses más tarde estalló una pandemia que lo puso todo del revés. 

En marzo de 2020 los ayuntamientos tuvieron que adaptarse a la nueva realidad, y al cierre de muchas dependencias municipales se sumó la celebración telemática de las sesiones plenarias. En aquellos días el foco estaba puesto en proteger la salud y la economía de los vecinos, de modo que los ayuntamientos siguieron funcionando para activar medidas urgentes. En Manises, Burjassot o Picassent los concejales se conectaron desde casa enseñando al mundo sus estanterías abarrotadas de libros, que fue el fondo elegido por muchos en las videoconferencias pandémicas.  

Eran los tiempos del “saldremos mejores”, un espíritu de concordia que duró poco. Las primeras pistas del fin de la tregua llegaron de manera anecdótica. En Alfafar, por ejemplo, el PP tumbó una moción de PSPV y Compromís para retransmitir los plenos en lenguaje de signos. “Tendría un coste innecesario dada su poca audiencia”; alegó Adsuara en marzo de 2021 para ahorrarse 693 euros anuales. Pero donde de verdad se hizo explícita la tensión fue en el pleno telemático de Rocafort, cuando el alcalde de Cs traspasó la vara de mando al PP y otros grupos aprovecharon para atacar. “No es fácil trabajar contigo, llegas a exasperar”, dijo el concejal de Vox desde su recuadro en la pantalla. "Hubiera preferido que usted no hubiera sido alcalde", añadió el edil de Podem un recuadro más arriba.  

Por lo tanto la pandemia tal vez no enriqueció el debate político, pero sí obligó a desarrollar los medios técnicos. Lo explicaba hace dos meses Paz Carceller, alcaldesa de Puçol, en una entrevista con Levante-EMV: “Hemos renovado todos los equipos informáticos para poder trabajar desde casa y hemos cambiado muchas reuniones para hacerlas telemáticas; hemos mejorado”, reconoció sobre un sistema anticovid al que se sigue recurriendo en muchos ayuntamientos con plenos emitidos en directo y canales en Youtube que antes no tenían. 

1.020 euros por un pleno fugaz

Sin presencialidad o con ella el mandato siguió avanzando en l’Horta y en muchos municipios los roces fueron in crescendo hasta el punto de romper pactos de gobiernos, como ocurrió Rocafort, donde la crisis interna en el tripartito PP-Cs-Vox terminó entregando el mandato al PSOE. Pero para crisis interna la que protagonizó en sesión plenaria el PP de Paterna con el “que hable la portavoz que para eso cobra” que Paco Sabater le espetó a María Villajos ante una moción sobre los precios del alquiler.  

Ocurrió en abril de este año, ya en la antesala de las elecciones, un periodo abonado a los plenos atípicos. En Foios vivieron el momento más tenso de toda la legislatura –cuando el cura y los feligreses fueron a pedir explicaciones por un hipotético cambio en la nomenclatura de las fiestas locales– y en Massamagrell convocaron uno extraordinario en medio de la semana electoral para aprobar nada menos que los presupuestos de 2023, unas cuentas que salieron adelante con las abstenciones de PP y Veïns, quienes se preguntaban: “¿Estamos locos o qué?”.

Finalmente, el mandato se despide con sesiones plenarias como la del lunes en Meliana, convocada para aprobar el acta del pleno anterior y despedir al alcalde saliente de Compromís, Josep Riera –que ha pedido la reincorporación a su plaza como traductor de la Diputació–. La sesión duró exactamente un minuto. A 300 euros en total por los cuatro ediles que cobran su asistencia, algo que ya se había visto en la comarca de l’Horta con otra sesión plenaria relámpago. Fue en Albal, donde un descuido obligó a concertar un pleno extraordinario in extremis para que Tino Moreno renunciara a su acta de concejal antes de ceder sus competencias a otra persona, tal como estaba previsto en la sesión ordinaria. 1020 euros costó aquel lapsus en el mandato de las anomalías.