Vecinos de Rocafort acusan al consistorio de incumplir una sentencia del Supremo

Los residentes de la Bonaigua remiten un escrito al consistorio para que retire las señales

Consideran que la actuación municipal es "arbitraria" y "gravemente perjudicial a los interes públicos"

Las dos señales que impiden transitar hacia el interior de Santa Bárbara

Las dos señales que impiden transitar hacia el interior de Santa Bárbara

Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

La comunidad de propietarios de la Urbanización Masía La Bonaigua ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Rocafort en el que denuncia el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. También recriminan al consistorio, gobernado por PP y Vox, su actuación "arbitraria y gravemente perjudicial a los interes públicos".

El enfado de los vecinos de esta zona residencial de Rocafort se debe a la instalación de dos señales de sentido prohibido que impiden el transito habitual que realizan con sus vehículos desde la calle Entrenaranjos, en la Bonaigua, en dirección a la vía Santa Barbará, en la urbanización del mismo nombre, y que permite acceder al caso urbano del municipio. Atravesar Santa Bárbara permite, por ejemplo, llegar a Rocafort sin tener que circular por la CV-310, una carretera de doble sentido con alta densidad de tráfico, sobretodo en hora punta, que conecta con Godella o la A-7.

El origen del conflicto

Pero la realidad, y es sobre la que inciden los propietarios de la Bonaigua, es que con la instalación de las dos señales de tráfico se cumple, a medias, el viejo anhelo de Santa Bárbara de conseguir que su calle principal estuviera cerrada al tráfico solo para el disfrute de los vecinos.

En mayo de 2022, el entonces equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, desestimó en el pleno municipal, la propuesta de modificación puntual número 13 del PGOU impulsada por la Sociedad Civil Particular Parque Santa Bárbara. La motivación de la iniciativa vecinal se justificaba en cerrar al tráfico un vial de acceso a la urbanización por razones de seguridad y tráfico. El ejecutivo basaba su rechazo en dos informes, uno técnico y otro jurídico. En ambos, se argumentaba como principal razón para desestimar la propuesta vecinal en que se trata de una petición idéntica a la realizada por la sociedad civil hace más de doce años, que en aquella ocasión sí fue validada por el consistorio pero que acabó siendo anulada por el Tribunal Supremo.

Cartel de Camino Privado instalado en la calle Santa Bárbara

Cartel de Camino Privado instalado en la calle Santa Bárbara / L_EMV

El fallo del Supremo

El fallo del alto tribunal se remonta a 2009, cuando el Ayuntamiento de Rocafort, liderado entonces por el popular Sebastián Bosch, aprobó la modificación puntual del PGOU N8, redactada un año antes por la propia la Sociedad Civil Parque Santa Bárbara, que permitía cerrar un vial a todos aquellos que no fueran residentes en la urbanización, convirtiendo el camino en una zona privada. Esa aprobación acabó en los juzgados, y si bien los vecinos se salieron con la suya en primera y segunda instancia, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo plenario que daba luz verde a la modificación. En la sentencia, el alto tribunal acusaba al consistorio de Rocafort de modificar el PGOU «a la satisfacción de un fin puramente privado, con condigno perjuicio de los fines públicos», y aseguraba que existía una “clara desviación de poder” porque el ayuntamiento «actuó con la finalidad de favorecer intereses particulares», y consideraba que había hechos que avalaban «el extravío» del consistorio «respecto del fin que debía presidir su actividad de modificación de planeamiento urbanístico».

El fallo fue muy contundente con la actuación municipal de entonces, al afirmar que la iniciativa de la modificación del PGOU “surge de los propios vecinos de la urbanización Santa Bárbara, por lo que la modificación se enderezaba al logro de un beneficio de quienes lo promovían, lo que nos lleva a determinar que es el Ayuntamiento de Rocafort, a la vista de que la propuesta que implicaba el cierre al tráfico de una vía pública, a quien incumbía el deber de velar para que su materialización, fruto del ejercicio del ius variandi que le incumbe, no desencadenase un efecto indeseable de favorecimiento injustificado de aquellos». De hecho, el juez advertía que «el cierre de la calle al trafico rodado no solo beneficia a un grupo o clase de vecinos, sino que perjudica correlativamente a otros, máxime cuando se trata de un elemento del viario que comunica la red municipal con la de los municipios limítrofes». Por ello, el TS consideraba que el fin de la modificación del PGOU era «favorecer a sus promotores, convirtiendo la calle cuyo tráfico se limita, en una calle privada, puesto que el tráfico rodado de vehículos de cuatro ruedas se reserva para los vecinos de la urbanización (Santa Bárbara), con exclusión de los demás vecinos potenciales usuarios”. Por tanto, la sentencia atribuía una «desviación de poder clara y patente» por parte del anterior gobierno del PP al reubicar en esta modificación del PGOU «las zonas verdes sin un criterio de interés público».

Tráfico denso en los accesos a la CV-310

Tráfico denso en los accesos a la CV-310 / L_EMV

El escrito de los vecinos

Dos años después de que PSOE y CS tumbaran la nueva propuesta de Sociedad Civil Particular Parque Santa Bárbara, el consistorio ha decidido cerrar al tráfico la calle, pero a través de una señal de dirección prohibida. De ahí que desde la comunidad de propietarios de la Urbanización Masía La Bonaigua hayan presentado un escrito al ayuntamiento en el que alertan que no poder transitar por la calle Santa Barbará en sentido al casco urbano "provoca una situación de grave peligro y seguridad para los vecinos y residentes al generar un transtorno grave en el tráfico de la zona al obligarles a salir y entrar al municipio por la carretera CV-310".

Además, consideran que la actuación municicipal es "arbitraria y gravemente perjudicial a los intereses públicos, y se ha realizado al margen de todo procedimiento legal, vulnerando total y absolutamente el procedimiento administrativo, y en particular, infringiendo el fallo del Tribunal Supremo de 2015". De hecho, apuntan que "no tenemos constancia de que se haya dictado acto administrativo alguno de órgano competente en materia de tráfico del Ayuntamiento de Rocafort, previo a la realización de un estudio de tráfico". Por útlimo, revelan que los residentes de Santa Barbará "siguen accediento por esa calle, incumpliendo la propia señal de tráfico, sin control policial del ayuntamiento, además de mantenerse la garita de control al paso de esta calle". Por todo ello, la comunidad de propietarios la Bonaigua reclaman al consistorio que retire las dos señales de dirección prohibida en la calle Entrenaranjos "permitiendo el paso de vehículos" como hasta ahora.

Suscríbete para seguir leyendo