Los pueblos de l'Horta Sud con ordenanzas contra la prostitución animan al resto de la comarca a unirse

La batalla contra la prostitución ha de ser conjunta en l'Horta Sud y no solo desde los ayuntamientos sino de todas las administraciones públicas, pues es un asunto que afecta a los derechos humanos. En este planteamiento han coincidido alcaldesas y alcaldes de diversos municipios que han participado en una mesa redonda organizada por la Mancomunitat de l’Horta Sud, con motivo del Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.

El encuentro ha estado moderado por la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora. Con ella han hecho balance de los casi tres años de ordenanzas municipales sobre prostitución la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz; los alcaldes de Massanassa, Paco Comes, y Albal, José Miguel Ferris, y la concejala de Igualdad de Quart, Lucía Fernández.

La jornada la ha abierto el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, quien ha recordado que "l’Horta Sud es una comarca pionera en la lucha para abolir la prostitución ya que, cabe recordar que prácticamente la mitad de los pueblos tiene aprobada una ordenanza aprobada sobre prostitución".

El asesinato de Florina genera una iniciativa para acabar con la prostitución en la V-31

Esta iniciativa nació en 2021, a raíz de aparecer en Albal asesinada una joven, Florina Gorgos, que ejercía la prostitución.

El foco se pone en el putero

Ya en la mesa redonda, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha intervenido recordando que, si bien en l’Horta Sud existen nueve municipios que aprobaron y tienen vigente una ordenanza sobre prostitución, en toda la Comunitat Valenciana apenas son algo más de 30. Por ello, ha valorado la importancia de que sean muchos más. En todos los casos de ordenanzas municipales que se han analizado, la característica es que el putero es el foco y el objeto de denuncia.

Por su parte, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha manifestado que "tener la ordenanza es importante porque transmitimos que Benetússer es un municipio que está contra la violencia ejercida contra las mujeres. Es una vergüenza que, como sociedad avanzada, veamos en algunos sitios como algo normal la prostitución, cuando el 80 % viene de la trata", ha asegurado. La alcaldesa ha incidido en la importancia de que, tanto los cuerpos de Seguridad como el funcionariado, estén formados al respecto. "Es muy importante que los 20 pueblos tengamos la ordenanza en la comarca", ha recalcado.

Por su parte, el alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha opinado que "castigamos al putero, el que cree que con una mera transacción económica tiene derecho a hacer lo que le dé la gana", para añadir que, si multar es fundamental, "también lo es que las mujeres prostituidas sean atendidas por los Servicios Sociales y realmente se les pueda ofrecer una alternativa de vida".

 En esta línea, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha recordado que la ordenanza, la primera en la comarca, fue una iniciativa del anterior mandatario socialista. “Tan importante es publicitar que pones multas como completar la tramitación para que no prescriban. Y también que lleguen a las familias para vean qué persona tan miserable tienen en casa”, ha insistido, para lo que ha pedido que se dote de medios a los ayuntamientos.

21 expedientes en Albal en dos años

Ferris ha revelado que en Albal se han incoado 21 expedientes a puteros entre 2022 y 2023 "más los que se hicieron previamente y los de 2024".

Finalmente, la concejala Lucía Fernández, ha indicado que Quart de Poblet aprobó la ordenanza, dentro de su línea pionera en políticas de igualdad, aunque ni se hubieran detectado casos en el municipio. “Las vallas publicitarias de nuestros polígonos son muy golosas y nos mantenemos vigilantes”, ha indicado. La ordenanza ha llevado aparejada actividades de formación en los centros educativos, en los que se explica la correlación entre prostitución y pornografía.

En el turno de palabra final, todo el grupo ha coincidido en insistir en la importancia de que todos los pueblos de la comarca aprueben la ordenanza, e incluso en la necesidad de una normativa superior que permita actuar a los ayuntamientos.