Alboraia salda su deuda histórica por el fallido PAI de Port Saplaya

La empresa pública Egusa del Ayuntamiento de Alboraia ha cumplido en plazo el acuerdo plenario alcanzado en junio de este año (que ya contó este diario) y ya ha podido poner fin a gran parte de la deuda originada en esta empresa municipal. El pago ha sido efectuado "irremediablemente con los terrenos afectados por la fallida operación urbanística del gobierno del Partido Popular, lo cual no sólo evita que se siga incrementando esta deuda histórica a razón de más de 3.000 euros diarios, sino que también esquiva la consecuente reducción de servicios básicos al vecindario al salvar del embargo diversas propiedades municipales", explican desde el equipo de gobierno local.

El laberinto de la deuda del ladrillo en Alboraia

Varias sentencias judiciales obligaban al citado pago de la deuda y sin un acuerdo con el acreedor, había peligro de que se ejecutara el embargo de los terrenos de Alboraia por la mitad del valor la deuda, con lo que se completaría el pago con otros inmuebles como el Centro de día, o la Central de emergencias. El equipo de gobierno, formado por PSPV y Compromís, tras muchas dificultades, ha solventado la situación y ha liberado el resto de bienes, edificios y cuentas, que permanecían también embargadas durante todo el proceso.

Dos millones restantes

La deuda se originó bajo el gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular (PP). El anterior gobierno creó una empresa mixta y llegó a un acuerdo en 2006 con la constructora para edificar en Port Saplaya una nueva marina, en la zona en la que actualmente operan Alcampo y Leroy Merlín. Para ello, la constructora adelantó más de 23 millones de euros en concepto de beneficios a Egusa, que puso los terrenos a construir.

La operación urbanística resultó fallida y nunca se devolvió tal adelanto, ya que se gastó. Posteriormente, se disolvió la empresa conjunta y se reclamó a Egusa la deuda que hoy queda en gran parte saldada, tras años de litigios y negociaciones. Ahora, Alboraia mantiene la negociación con el acreedor para liquidar los dos millones restantes, pero ya sin la presión judicial ni de los embargos.