Educación deberá indemnizar con 10.000 euros a la profesora agredida por un alumno en Xirivella

La brutal agresión a una profesora de un instituto de Xirivella ya tiene sentencia. El Juzgado de Menores número 1 de València ha condenado a 22 meses de internamiento terapeútico en régimen semiabierto al menor de edad que atacó a la docente por un delito de atentado y otro de lesiones. Además, el autor, un estudiante que en el momento de los hechos estaba expulsado del centro de estudios de manera disciplinaria, deberá indemnizar con 9.953,89 euros a la víctima por las lesiones sufridas. Tampoco podrá acercarse a ella durante los próximos diez meses, ni a su lugar de trabajo o a aquellos que frecuente, según recoge la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario.

Un alumno agrede brutalmente a una profesora en un IES de Xirivella

Del mismo modo, la sentencia concluye que la Generalitat Valenciana, concretamente la Conselleria de Educación, es responsable civil directa al producirse la agresión en un centro educativo de su titularidad, a pesar de que en ese momento el alumno estuviera expulsado. Además, determina que el departamento dirigido por José Antonio Rovira actuó con "negligencia" por no haber intervenido antes para evitar los hechos, aun siendo conocedora "desde octubre de 2022 por lo menos" de que el menor estaba en situación de riesgo. Así, la sentencia considera a la Generalitat responsable civil solidaria de la indemnización que deberá abonar la familia.

El ayuntamiento y el centro alertaron que había empeorado

A este respecto, la jueza recuerda que el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xirivella remitió dos informes a la Conselleria de Servicios Sociales los días 26 de enero y 6 de febrero de 2024 - semanas antes de producirse el ataque - informando de la situación del menor y su evolución negativa, dejando incluso constancia de la propuesta de ingreso en un centro específico. Una situación de la que también advirtieron la directora y la orientadora del instituto, quienes informaron a la inspección educativa que ese centro "no era el adecuado para el menor" y que su situación "había empeorado".

Educación justificaba que paralizó el procedimiento de ingreso al entender que era la Fiscalía la que tenía la potestad de ordenarlo, pues tenía expedientes judiciales abiertos, Sin embargo, la magistrada no ve justificado el cierre del expediente al considerar que son procedimientos distintos que no interfieren entre sí. De hecho, determina que el hecho de que tuviera expedientes abiertos en la jurisdicción de menores "debía de haber llevado a la conselleria a detectar que la situación estaba empeorando y que el riesgo era alto, por lo que debería de haber actuado antes en vez de paralizar el procedimiento".

"Agredir a un profesor no es gratuito"

La víctima se muestra satisfecha por esta sentencia "porque ha quedado probado que ha sido la conselleria la que ha fallado". En declaraciones a Levante-EMV, la docente agradece que la justicia haya reconocido que no hubo ninguna negligencia por parte del instituto: "Ha quedado demostrado que desde el centro cursamos todos los protocolos y avisamos de la actitud del menor y de los problemas que estaba causando". Respecto al agresor, "de lo único que me alegro es de que al fin vaya a recibir la atención que necesita", afirma. Celebra, eso sí, "que se haya hecho una sentencia ejemplificadora que deje claro que agredir a un profesor no es gratuito".

A este respecto, anima a todos los docentes a denunciar este tipo de agresiones "para dejar en evidencia las carencias del sistema". "El problema es que hay una tendencia de no hacer públicos estos casos para no dar mala fama al centro. Esto son cosas puntuales que ocurren, pero es muy importante denunciarlas para resolver situaciones que se pueden solucionar y, sobre todo, para alcanzar avances como el que acabamos de conseguir". Se refiere a la puesta en marcha de un protocolo que reconoce las agresiones, tanto las físicas como las verbales, como causa de accidente laboral.

Comisión de servicio en otro centro

En su caso no ha tenido esta suerte porque este protocolo no se ha puesto en marcha hasta el pasado mes de diciembre, lo que se traduce en que "el Invassat no se ha hecho cargo de nada, ni de los psicólogos, ni de los fisios que he tenido que pagar, ni siquiera de la baja laboral, que me la dio la Seguridad Social, porque no estaba considerado un accidente laboral. No tiene sentido que si me caigo por las escaleras sí que lo es, pero si un alumno me pega una paliza mientras trabajo, no".

No fue hasta el pasado mes de septiembre cuando la profesora se reincorporó al trabajo desde que el pasado 5 de marzo fuera brutalmente golpeada por el alumno que ahora ha sido condenado. "Estoy en una comisión de servicio en otro centro. Estoy muy agradecida tanto a la directiva del centro como al personal de conselleria porque me la han querido dar aunque no estaban obligados". Un alivio para la mujer, que indica que para ella lo complicado no era volver a enfrentarse a su agresor "es volver a encontrarte con los amigos de este chico o con la gente que no ha visto con buenos ojos que lo hayas denunciado".

Secuelas familiares

A pesar de haber retomado la actividad, la mujer señala que todavía continúa arrastrando secuelas de aquel día. "Estoy con seguimiento con una psicóloga y con un rehabilitador funcional para las lesiones en el brazo y en el hombro". Unos tratamientos que se tiene que costear ella, así como la defensa jurídica, al no haber estado considerado como un accidente laboral. Asimismo, cuenta que sus familiares también arrastran el trauma. "Mi marido y mis hijas han necesitado apoyo emocional y psicológico. No es fácil convivir dos meses con una persona con la cara amoratada".

La que peor lo ha llevado ha sido su hija pequeña, reconoce, con la que ha tenido que hacer un trabajo "muy fuerte" para que perdiera el miedo. "Estaba aterrorizada porque este año ha empezado el instituto y estaba obsesionada con que le iban a pegar".