Frenazo al Palacio de Justicia de Torrent

La trágica barrancada del pasado 29 de octubre ha acabado afectando también al presupuesto de la Generalitat para 2025, donde inversiones recogidas en el documento de 2024 y previstas para este ejercicio han desaparecido, postergando las partidas.

Es el caso de la Ciudad de la Justicia de Torrent, un proyecto que la Generalitat de PP-Vox había desbloqueado tras la paralización durante años por la pandemia y que ahora la dana también ha obligado a aplazar. Así, en las cuentas del ejercicio 2024, la Generalitat de Carlos Mazón asignó 600.000 euros al proyecto, mientras que en 2025 la previsión de inversión superaba los 8,6 millones y la partida final, en 2026, asciene a 20 millones.

La ITV provisional de Torrent tendrá una inversión de 200.000 euros

Ahora, en el proyecto de presupuestos 2025 presentado este jueves, el Palacio de Justicia tiene un coste total estimado de más de 31 millones de euros. El reparto de las asignaciones previstas en tres años es de 200.000 euros en este ejercicio, mientras que el resto del montante se reparte entre 2026 (15,5 millones) y 2027 (15,3 millones).

Seis años de trámites

El aplazamiento de la inversión prevista para este 2025, supone otro retraso para un proyecto de calado para la ciudad, dada la falta de espacio judicial, con juzgados desperdigados en varios inmuebles. En 2018, la Conselleria de Justicia cedía al Ayuntamiento de Torrent la delegación de funciones para la construcción del palacio de justicia en todas sus fases, desde el encargo de la redacción del proyecto técnico hasta la edificación. El documento preveía una inversión de 17,7 millones de euros para todo el proceso: honorarios, redacción de proyectos y obra. 

En 2019, el ayuntamiento licitó la redacción del proyecto, proceso al que se presentaron 17 empresas. Dicha adjudicación, prevista para 2020, ya sufrió un retraso al presentar un recurso una de las firmas que optaba al concurso, al que se unió una serie de subsanaciones aportadas por Justicia, que obligaron a modificarlo de nuevo. Finalmente, quedó aprobado y la siguiente fase era ya la licitación de la construcción del palacio, que se preveía para finales de 2023, de forma que en el ejercicio siguiente comenzara a construirse.

Paralizado desde la pandemia

Desde aquel 2020, pandemia incluida, no ha habido movimiento alguno hasta el pasado junio cuando la consellera de Jusitica en funciones, Gabriela Bravo, firmaba una resolución por la que se revocaban las competencias a Torrent. La decisión de la Generalitat se debía, fundamentalmente, a la subida del coste de los materiales y a los cambios realizados por el Consell sobre la idea original, donde el proyecto pasó de costar 17,7 millomes a 32,9 millones.

En agosto de 2023, la alcaldesa Amparo Folgado se reunía con la consellera de Justicia, Elisa Núñez Sánchez, para tratar, entre otros asuntos el futuro del Palau de Justícia. En las cuentas de 2024, la Generalitat desbloqueba el proyecto inyectando presupuesto, inversión que ahora ha sufrido el aplazamiento.

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