A la cola de la dana: vidas congeladas cinco meses después

Ya han pasado más de cinco meses de la dana y la reconstrucción está en marcha en los municipios, pero hay quien tiene su vida congelada desde el pasado 29 de octubre de 2024. Una treintena de personas que sufrieron la riada y perdieron el lugar donde vivían, unas 13 familias, permanecen en un Centro de Acogida Temporal (CATE) en Burjassot que habilitó Cruz Roja y la Generalitat Valenciana al haber perdido su vivienda y no tener dónde ir, pues la dana también ha significado la pérdida de trabajo en muchos casos.

Son familias vulnerables, casi todas migrantes, muchas en situación administrativa irregular, otras han conseguido regularizar su situación con el proceso extraordinario que abrió el Gobierno. Hay menores, cinco de hecho han nacido en estos meses, cuando sus familias ya estaban en el hogar de Burjassot. Pasa el tiempo y las trabas burocráticas se agudizan. Son trámites que si se dejan, se olvidan.

Más de 14.000 migrantes víctimas de la dana pueden quedar sin regularizar por no tener acceso al padrón

"Queremos certezas y que nos escuchen"

Así se sienten estás personas, "olvidadas y con la sensación de que "no le importamos a nadie". Se han unido para lanzar un grito a través de este diario y "ser escuchados". Son los últimos de la fila, familias que lo han dejado todo para vivir una vida digna y se encuentran, muchas veces, con tapones en los Servicios Sociales de las administraciones.

Diego, Juliana, Luz, Martha, Liseth, Aurelia, Ronaldo, Ángeles, Kelly, Cristina son algunos de los nombres propios de quienes viven en sus propias carnes la incertidumbre diaria de no saber qué va a pasar con ellos mañana desde hace más de cinco meses. "Lo que más nos duele es no saber en qué estado está nuestro proceso. Nos levantamos cada día con la duda ¿será hoy que me llamarán para poder tener un piso temporal para poder empezar de nuevo? La esperanza no se pierde, pero una ya se cansa. Estamos agotados", coinciden todos.

Un laberinto burocrático

Hay personas extranjeras damnificadas por la dana que han podido regularizar su situación por la medida extraordinaria del Gobierno, pero hay otras, unas 14.000 en situación irregular que no han podido hacerlo por no estar empadronadas y no poder "demostrar" que sufrieron la dana en primera persona con un papel oficial.

Es el caso de Martha y su familia, de cinco miembros tras el nacimiento de su nieto hace tres meses. Ella, su marido, su hijo, su hija y ahora su nieto permanecen en el CATE de Burjassot y en un bloqueo administrativo que las está llevando al límite. Cuando pasó la dana hacía un mes que, desesperados por no encontrar vivienda asequible, se mudaron a una casa en el Xenillet, en Torrent, junto al barranco, donde convivían hasta nueve personas en muy malas condiciones. Pagaban un alquiler a la propietar, pero no tenían contrato.

El agua les pilló por sorpresa y tuvieron que salir de manera precipitada, "Cruz Roja y el Ayuntamiento de Torrent nos rescataron y nos llevaron al primer pabellón habilitado en Torrent". Ahora, cinco meses después, la hija de Martha, Liseth, ya ha parido un bebé que ahora tiene tres meses de edad y los cinco continúan en el CATE. Están "agotadas" y es que viven en un "laberinto sin salida" desde el 29 de octubre.

Martha denuncia que no es reconocida como víctima de la dana pese a haber perdido su vivienda por no tener contrato de alquiler y estar en situación irregular

Las trabas administrativas son clave en su malestar. La familia asegura que el ayuntamiento "no nos reconoce como damnificados" de la dana porque "nos dicen que no tenemos cómo demostrar que vivíamos allí sin un contrato de alquiler", pese a que la familia les ha enseñado vídeos; fotografías; Cruz Roja les atendió, fueron trasladados al pabellón y ahora al CATE. El consistorio afirma que trabaja en una solución, pero admite que carece de viviendas y espera disponer de inmuebles de la Sareb.

Este es el principal escollo para iniciar un proceso que les permita recuperar su vida y hacerla estable después de la tragedia, pues al no poderse erigir como damnificados de la riada, no pueden iniciar el proceso de regularización extraordinaria que termina en el mes de mayo y permitiría a la familiar tener permiso de residencia, trabajo y ayudas para damnificados.

"Nadie nos da respuesta, estamos bajo el amparo de ¿quién?", se pregunta Martha, que está a la espera de un informe de Cruz Roja que certifique que les recogió el día de la dana y dio cobijo esa noche y las posteriores, como prueba de que son afectados y ha pedido por registro de entrada al ayuntamiento de Torrent todas las actuaciones que les implican el día de la dana. "Nosotros teníamos sueños y aspiraciones, pagábamos un alquiler, no éramos ocupas y jamás recurrimos a la administración hasta ahora, necesitamos ayuda", dice la mujer, que cuenta que la noche de la barrancada tuvieron que salir corriendo con su hija embarazada de seis meses y su marido encamado por un accidente, que fue corriendo y cojeando para alejarse del barranco, al perder las muletas.

Traslado al Síndic de Greuges

Por otra parte, dentro de este grupo de afectados, algunos han trasladado al Síndic de Greuges su situación, una que "merma cada día nuestra salud mental". Diego y Juliana son un matrimonio que llegó de Colombia hace un año y siete meses y que tienen dos hijos de dos años y medio en proceso de diagnosticarlos con autismo, que han pasado neumonías y son alérgicos a los ácaros. La pareja vivía en una habitación en Manises junto al río Túria, aunque sin contrato de alquiler.

Diego tenía un trabajo estable y Juliana también, los dos en B al carecer de situación administrativa regular. Ahora, han podido conseguir "los papeles" a raíz de ser víctimas de la catástrofe, pero necesitan un sitio donde volver a empezar. Se les ha ofrecido una vivienda de una fundación religiosa para compartir con otra familia, pero han comprobado que el piso "tiene humedades y está en muy malas condiciones", tal como ha podido comprobar este diario.

"Hemos dicho que ahí no podemos ir a vivir, porque el sitio se cae a pedazos y tenemos menores con necesidades especiales y la respuesta ha sido amenazarnos, que o lo cogemos o en un mes tenemos que desalojar el CATE y la calle", lamentan. Tras presentar su situación al Síndic, han conseguido hablar con la conselleria de Vivienda, que aseguran estar buscando una solución, tal como relatan los propios afectados. "No podremos desarrollar una vida normal hasta que no tengamos un techo donde vivir", concluyen ambos, que reiteran una y otra vez que están dispuestos a pagar una vivienda que esté en condiciones. El ayuntamiento de Manises les ofreció una ayuda para el alquiler, pero ¿quién nos arrendará una casa ahora que no tenemos trabajo y acabamos de tramitar nuestros NIEs?", se pregunta Diego, "necesitamos un apoyo para estar en un piso un tiempo y encontrar trabajo para luego poder empezar por nuestra cuenta", continúa.

"Si nos mandan a Alicante, es como vivir otra dana"

Luz, una mujer también colombiana con su situación regularizada trajo a sus hijos veinteañeros a España hace poco. Ellos trabajan día y noche donde pueden y aun residiendo en el hogar hacen vida. Vivían en Catarroja, en una planta baja que se inundó por completo y lamentan, tal como han trasladado al síndic, que la alternativa habitacional pública que les ofrece la administración está en Alicante y ha de ser compartida. "Si nos desarraigamos ahora que tenemos trabajo, nos desestabiliza todo, es como sufrir otra dana", dice la mujer, que asegura que se le está cayendo el pelo y está cayendo muy enferma, "esto una no lo resiste más, no puedo estar sin hacer nada, necesito trabajar", dice la mujer, que pone cada día carteles por la calle para cuidar a mayores, ocupación que ha ejercido durante estos años hasta el día de la dana.

Kelly también es de Colombia. Vino en julio con sus hijos de 13 y 18 años para huir de la violencia y buscar un futuro mejor para ellos. Pagaron a un abogado que les gestionó el NIE tras la dana en menos de un mes por 1.000 euros, un esfuerzo que hicieron con el trabajo precario y en B del marido. También vivían en el Xenillet y su casa desapareció en la dana. "Es difícil que alguien nos alquile algo barato para empezar, pero ya llevamos mucho tiempo aquí, nosotros queremos trabajar, estabilizarnos, tener una vida tranquila", dice Kelly, emocionada.

"La incertidumbre me debilita cada día más"

Aurelia y Ronaldo son un matrimonio de 23 y 26 años. Vivían en una casita de campo de riego en Sedaví alquilados con sus tres hijos de 2,4 y 5 años desde hacía unos tres meses cuando la barrancada arrasó con todo. No tienen dónde ir y denuncian, al igual que lo hacen sus compañeros, "la poca información de la que disponen". "Nuestra prioridad es tener un sitio donde vivir con tres niños pequeños. Nos dicen que estemos tranquilos que nos tienen controlados, pero no es verdad, estamos olvidados. Estamos cansados y necesitamos respuestas. Nadie se merece esto", lamenta la pareja.

Ángeles tiene 67 años y va en silla de ruedas, la barrancada se llevó por delante la caravana donde vivía en Aldaia desde hace años y ahora asegura que la incertidumbre la está "debilitando cada día más". "Me aseguran que tengo una vivienda social adaptada para mí, pero no me la dan, han pasado casi seis meses y yo no puedo más, mi salud está empeorando", lamenta la señora.