Una negligencia deja a 43 vecinos sin cobrar la indemnización para reparar el garaje arrasado por la dana

Como lo dejó la dana, pero con mucha menos agua y sin lodo. Es el estado en el que se encuentra el garaje comunitario que comparten tres edificios de la calle Alquería de Soria de Massanassa. Cinco meses después de la barrancada, propietarios e inquilinos no pueden hacer uso del aparcamiento subterráneo porque continúa inutilizable a pesar de los trabajos de limpieza que asumió la Diputación de Valencia a través del contrato de emergencia. A día de hoy, los vecinos denuncian que en su interior sigue habiendo agua acumulada, uno de los sótanos no tiene luz, paredes y techos están llenas de moho y algunas bajantes e instalaciones eléctricas están totalmente destrozadas.

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La reparación de todos estos desperfectos asciende a más de 200.000 euros. Así lo indican los distintos presupuestos que le han hecho llegar al presidente de este garaje comunitario que cuenta con 42 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y otros 43 trasteros en los que los que muchos residentes acumulaban los recuerdos de toda una vida. Un importe del que debería hacerse cargo el Consorcio de Seguros y que ahora está en el aire debido a un litigio entre la compañia que tenían contratada desde hace más de dos años y el administrador de fincas que gestiona el garaje.

La póliza llevaba cuatro meses caducada

El problema es que la aseguradora reniega a asumir la reparación alegando que la póliza está anulada por impago. "El administrador cobró sus honorarios y dejó la cuenta comunitaria con poco saldo. Cuando el seguro fue a cobrar la póliza, como no había fondos suficientes, devolvió el recibo", explica el presidente del garaje, José Javier Gómez, quien defiende que se trata de un "cúmulo de irregularidades" de las que ahora buscan al responsable. Por un lado está el banco, "que no intentó realizar el cobro una segunda vez, tal y como indica la normativa", señala el afectado tras ser asesorado por un equipo de abogadas que han contratado para defender su caso.

Falló también la aseguradora, "que nos comunicó que la póliza caducó en julio de 2024 al no pagarse la renovación, pero lo hicieron de manera unilateral sin comunicárnoslo de manera fehaciente, como deberían de haber hecho". Es por ello que acudieron a la sucursal para reclamarles la documentación que acreditara que se siguieron todos los pasos para poder anular la póliza: "Nos dijeron que llamaron a un vecino pero solo mostraron una captura de pantalla que no demuestra nada. También dicen que mandaron una carta que nadie ha recibido y que desde Correos nos dicen que no consta ningún código de envio de correo certificado (como se debería de haber realizado la comunicación)".

Señalan al administrador como "máximo responsable"

Sin embargo, atribuyen la máxima responsabilidad al administrador de la finca, causante de todo el litigio al que están sometidas las familias por su "mala praxis". La voz de alerta la dio uno de los vecinos, quien pocos días después de la dana solicitó al administrador que pusiera en marcha todo el papeleo para tramitar las ayudas con el consorcio. "Pasaban las semanas y le daba largas. Le decía que estaba todo correcto, pero seguíamos sin tener novedades. Al final le pidió que le pasara la póliza y como le daba largas y no se la facilitaba, el vecino me avisó y se la pedí yo", narra el presidente.

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Ante la falta de respuesta, los propietaros convocaron una reunión de urgencia en el que instaron al empleado a aportar toda la documentación. Fue entonces cuando descubrieron que no tenían seguro desde el pasado mes de julio, una situación que el administrador atribuyó a "un pequeño problema". "Días antes de la reunión ordenó una tranferencia para intentar justificarse, pero devolvieron el recibo. También descargó las culpas en la comunidad, por cambiar de seguro hace dos años. Al final admitió su error y nos dijo que entendía que le pusiéramos una reclamación", asegura Gómez.

Estudian acciones legales

Ahora, los afectados valoran si tomar acciones legales contra el gestor de fincas por su mala praxis. Por el momento no han rescindido el contrato con la empresa "para no perjudicar al proceso, porque igual necesitamos documentación que la tengan ellos". Igualmente, valoran denunciar también a la aseguradora e incluso al banco "porque han incumplido la normativa y han actuado de manera unilateral". Mientras llega una respuesta, que confían sea favorable, los afectados han solicitado nuevos presupuestos para intentar abaratar el coste de la reparación "por si finalmente nos toca pagar a nosotros".

En este sentido, alertan de la dificultad añadida que tendrán que atravesar muchas familias tras la dana "la derrama sale a algo más de 7.000 euros por plaza". "Hay gente que tiene dos plazas, lo que significa que es gente que ha perdido dos coches mas todos los enseres personales, y que ahora ha tenido que comprar dos vehículos", advierte el presidente del garaje que incide: "No sabemos cómo hacer frente a esto, porque además hemos hablado con los seguros de las fincas para intentar que lo cubran, o al menos la defensa jurídica, pero nos dicen que no entra porque se trata de pólizas distintas".