Le llega la licencia para abrir una residencia canina diecinueve años después de solicitarla

Juan Antonio Moreno Ramón tiene 70 años. Tras una carrera como policía local en Puçol y representante sindical, se jubiló con la intención de dedicarse a su otra vocación: el cuidado y la cría de animales. En 2006, invirtió sus ahorros y los de su familia en un terreno agrícola con la idea de montar una residencia canina en la huerta de Puçol. Diecinueve años después, la licencia ha llegado. Pero ya no le sirve, la tiene que vender.

Las parcelas adquiridas —cuatro, en el polígono 11 del término municipal— suman casi una hectárea. La inversión inicial fue respaldada por el aval de su padre, quien vendió tierras para ayudarle a pagar. “En aquel momento pagué 60.000 euros por cada una de las 17 hanegadas”, cuenta Juan Antonio. El proyecto original contemplaba un centro para el cuidado de perros y caballos con un modelo de gestión sostenible y ajustado a la normativa vigente.

Sin embargo, en 2006, antes de la entrada en vigor del Plan de Acción Territorial de la Huerta (PAT), fue necesario tramitar una Declaración de Interés Comunitario (DIC), paso obligatorio para legalizar actividades económicas en suelo no urbanizable. Esta DIC tuvo una tramitación muy complicada.

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De esta forma en 2016, y con la colaboración del estudio técnico MasQueIngenieros (MQI), se replanteó el proyecto, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) del año 2014, que favorecía realizar proyectos de criaderos caninos sin necesidad de DIC. Además, con la aprobación de la ley y el PAT de la Huerta en 2018, MQI reestudió el proyecto y los cambios de normativas, con el fin de realizar una propuesta viable.

De residencia a criadero canino

De esta forma, se pasó de una residencia canina a un criadero canino. El rediseño incorporaba las exigencias del nuevo plan territorial: una superficie construida limitada a 500 m², integración paisajística con una construcción tipo "barraca valenciana", una distribución funcional para albergar hasta 60 perros y cuatro caballos, y una separación clara de usos agrícolas y ganaderos. La actividad propuesta —cría de perros y alojamiento equino— tuvo como primer hito favorable la obtención de la compatibilidad urbanística favorable en 2018. Los informes positivos fueron llegando en 2021, como los de la Conselleria de Agricultura y del Consell de l’Horta.

Con todo, durante este proceso de tantos años, Moreno acumuló cansancio y hastío por las trabas administrativas con los que se topó su sueño. “Solo quería cumplir con la legalidad y criar perros de raza Komondor. Se han muerto esperando la licencia”, afirma. Uno de sus hijos, que quería tomar el relevo, acabó desistiendo. Hoy es oficial del cuerpo de Policía Nacional en Castellón.

El daño económico ronda los 300.000 euros, pero el impacto emocional ha sido mayor. “Menos mal que tenía trabajo. Si no, habría acabado en la ruina”, dice. De haber continuado el proyecto, la inversión total prevista habría alcanzado el millón de euros. El criadero, con capacidad para 60 perros y boxes para caballos, fue concebido también para colaborar con la ONCE, interesada en la cría de labradores para perros guía. Pero el retraso administrativo frustró ese acuerdo.

El diseño técnico del criadero se ciñó rigurosamente a la legislación vigente: menos del 5% de superficie construida, respetando el entorno natural, con zonas separadas para parideras, destete y adultos, y sistemas de compostaje para el estiércol de los caballos. El acceso se realiza por caminos rurales y la instalación se encuentra a más de 700 metros del núcleo urbano más cercano. El proyecto cumplía todos los requisitos para garantizar el bienestar animal.

Llega la licencia para venderla

En 2025, con la nueva reforma de la Ley de la Huerta a punto de aprobarse, la licencia ha llegado. Pero ya no es útil. “He recibido la licencia, sí. Pero mis hijos ya no están. El mayor es médico, la hija podóloga, el pequeño policía nacional. El de Castellón quería hacerse cargo, pero se cansó de esperar”, explica Moreno. “Ahora no me queda más remedio que venderlo por la mitad de su valor”.

Juan Antonio Moreno Ramón ha pasado casi dos décadas defendiendo su proyecto frente a la burocracia, los cambios legislativos y “una red de intereses” que, según denuncia, “favorecen siempre a los mismos”. Hoy, lo único que le queda es la licencia, que ahora solo servirá para justificar la venta. “Cuando creía que serían uno o dos años… han sido 19”, concluye.

Miguel Ángel Gómez Ballesteros, ingeniero agrónomo responsable del proyecto, destaca que "nos enfrentamos a un marco normativo que cambiaba constantemente. El PAT de la Huerta supuso una transformación completa en los criterios de evaluación, y eso obligó a rehacer buena parte del planteamiento inicial. Adaptamos cada metro cuadrado al milímetro para cumplir con todos los límites urbanísticos, ambientales y funcionales".

Desde su estudio han trabajado en proyectos similares. "Tenemos cierta fama de aceptar expedientes que vienen de años atrás, mal redactados, abandonados o bloqueados por causas administrativas. A veces nos llaman cuando ya nadie más quiere hacerse cargo. En este caso, Juan Antonio lo tenía todo para tirar la toalla, pero insistió. Su perseverancia ha sido una de las claves para sacar esto adelante".

El proyecto técnico, firmado por Gómez Ballesteros, incluía sistemas de tratamiento de agua, instalación fotovoltaica, aislamiento acústico, zona de parideras y destete, boxes para caballos y un sistema cerrado de saneamiento. Todo documentado en una memoria de más de seiscientas páginas, presupuestos, planos y estudios ambientales. Pese a ello, cada trámite municipal se prolongaba entre seis y siete meses.