Una familia acogida tras la dana denuncia al juzgado "maltrato" en el centro donde residen

Diego y su familia están desesperados. Han pasado ocho meses desde que tuvieron salir huyeron en la vivienda en la que vivían alquilados en una habitación en un piso en Manises junto al río Túria (y sin contrato, pues no tenían su situación administrativa regularizada) por la desgarradora dana y continúan en el recurso habitacional de urgencia que gestiona la Generalitat Valenciana y Cruz Roja. Viven en un hogar religioso que da servicio como Centro de Acogida Temporal (CATE) tras la riada junto a 16 personas más- cada vez son menos, pues las viviendas sociales y los recursos medio plazo van llegando- tienen dos hijos pequeños en proceso de diagnóstico de autismo y no pueden más.

Su situación se ha agravado en los últimos meses por el "maltrato" que reciben por parte del personal del hogar, una situación que, en un acto de "hartazgo y desesperación" han denunciado esta semana en el juzgado de instrucción número 2 de València.

A la cola de la dana: vidas congeladas cinco meses después

Las razones son muchas y se explican en la denuncia: "Las irregularidades son constantes, el trato es discriminatorio y sufrimos maltrato emocional constante. Asimismo, nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos y la alimentación está muchas veces descompuesta, mal preparada o en cantidades mínimas", explica el propio Diego en el escrito presentado.

La familia considera que se están vulnerando no solo sus derechos, sino los de sus dos hijos menores de edad. A todo esto se suma, señalan, el "abandono del trabajador social que nos lleva, quien no ha gestionado ninguna solución ni solicitud formal de vivienda de alquiler social en todos estos meses pese a nuestras reiteradas peticiones". Estos hechos, aseguran, "los hemos vivido estos ocho largos meses y por eso instamos a la justicia a actuar y a quien corresponde a que someta al control judicial a los trabajadores y contratistas de Cruz Roja y la empresa de alimentación que da el servicio en Burjassot".

La familia, que consiguió regularizar su situación tras sufrir la dana en la iniciativa que impulsó el Gobierno de España, permanece en el (CATE) en Burjassot que habilitó Cruz Roja y la Generalitat Valenciana al haber perdido su vivienda y no tener dónde ir. En un primer momento, les ofrecieron un piso compartido con otra familia de una fundación religiosa, aunque ellos se negaron a ir por las "deplorables condiciones" en las que estaba el inmueble. Ahora, dicen, luchan por entrar en la lista de demandantes de vivienda de alquiler social, un recurso que les daría la estabilidad para poder empezar de cero. Con todo, lamentan que hace meses el trabajador social les dijo que había tramitado su solicitud y "al no tener respuesta y personarse en la administración, nos hemos dado cuenta de que todavía no estaba hecha la gestión".

No tienen trabajo, pero antes de la dana sí tenían. La barrancada se llevó por delante su casa, también sus empleos (en B, pues carecían de documentación) y ahora que tienen su situación regularizada buscan trabajo. Quieren un techo donde poder descansar por las noches después de buscarse la vida por la mañana, pero la situación es difícil para ellos.

Durante estos meses, el ayuntamiento de Manises les ofreció una ayuda para el alquiler, pero "¿quién nos arrendará una casa ahora que no tenemos trabajo y acabamos de tramitar nuestros NIEs?", se pregunta Diego, "necesitamos un apoyo para estar en un piso un tiempo y encontrar trabajo para luego poder empezar por nuestra cuenta", continúa.

Cruz Roja: "Maltrato o mala alimentación no ha habido"

Fuentes consultadas de Cruz Roja, aseguran que por ese centro, que se creó con la dana, han pasado casi 300 personas en ocho meses en situación de vulnerabilidad. Añaden, también, que Cruz Roja da el servicio a la conselleria de soporte de atención social y vida diaria, pero que es la Generalitat quien gestiona el centro. Con todo, defienden que se ha hecho la máxima atención posible. Asimismo, niegan situaciones de maltrato o mala alimentación. "Esas situaciones no se han dado, habiendo supervisión de servicios sociales de forma permanente", señalan desde la dirección de Cruz Roja valenciana.

"La actuación ha sido impecable y en ocho meses no ha habido reclamaciones en ese sentido, más allá de incidencias puntuales y problemas de convivencia diaria, pues los residentes vienen de circunstancias muy distintas", concluyen.

La conselleria: "Les hemos ofrecido todos los recursos que tenemos"

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se les ha ofrecido "todo lo posible, ya que cobran la cantidad máxima posible de la Renta Valenciana de Inclusión y les hemos ofrecido hasta en tres ocasiones vivienda, dos pisos compartidos con otras familias en Valencia y un piso para ellos solos en Castellón", explican fuentes del área autonómica.

"A las tres opciones ofrecidas por la conselleria para entrar en una vivienda han dicho que no, han rechazado nuestra ayuda", lamentan. Asimismo, recuerdan que los servicios sociales de Manises se ofrecieron "a pagarles el alquiler y no han querido buscar una vivienda". En lo que está dentro de las posibilidades de la Conselleria y de la Generalitat, continúan, "se les ha ofrecido lo máximo posible desde el primer día, de ahí que cobran el máximo de la RVI y les hemos ofrecido hasta tres soluciones habitacionales (adicional a la que tienen en este momento en el CATE también proporcionado por la Conselleria) y han rechazado todas", concluyen.

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