El BOE publica la relación de expropiaciones por el desvío del barranco de La Saleta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la resolución de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que autoriza a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la incoación del expediente de información pública a efectos expropiatorios del Proyecto de Acondicionamiento del barranco de La Saleta de Aldaia.

Esta obra, incluida en el plan de restauración tras la dana, desviará las aguas del barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y se conectará al nuevo cauce del Turia mediante una vía verde.

El proyecto tiene por objeto la reducción del riesgo de inundación en los municipios implicados -principalmente en Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart Poblet y València (ARPSI ES080_ARPS_0022 Bajo Turia)- canalizando las crecidas del barranco de La Saleta ocasionadas en su cabecera por los episodios de fuertes lluvias, para conducirlas hasta el nuevo cauce del río Turia y permitiendo la conexión ambiental del último tramo a través de la vía verde propuesta.

El presupuesto base de licitación estimado hasta la fecha de las obras a ejecutar asciende a 98 millones de euros.

Listado de bienes y plazo de alegaciones

El Boletín Oficial del Estado publica la relación de los posibles bienes y derechos afectados por la construcción de las obras y de propietarios y establece un plazo de 20 días hábiles para examinar el proyecto y formular alegaciones.

Las alegaciones podrán realizarse en los días y horas hábiles de oficina ante la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Júcar (avda. Blasco Ibáñez, 48 de València); en la Secretaría de los ayuntamientos o por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El proyecto forma parte de la propuesta de Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, que estuvo en consulta pública el pasado verano.

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