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Juicio por la agresión en la Coma: "La vida de un médico cuesta 120 euros"

La detenida por las amenazas y estrellar su coche es multada con una cuota diaria de 4 euros durante un mes y seis mese sin poder acercarse a menos de 100 m

Vecinos de la Coma pasan por delante del centro de salud cerrado tras las amenazas a tres sanitarias.

Vecinos de la Coma pasan por delante del centro de salud cerrado tras las amenazas a tres sanitarias. / Francisco Calabuig

Pilar Olaya

Pilar Olaya

El Juzgado de Instrucción número 3 de Paterna resolvió este jueves por juicio rápido el caso de las amenazas de muerte de una madre y su hija a dos médicas y una enfermera del centro de salud del barrio de la Coma, por negarse a firmar una baja laboral tras un accidente de tráfico, debido a que no estaba trabajando en ese momento y por tanto no estaba dada de alta en la Seguridad Social. La madre, de 45 años, también fue detenida el miércoles por estrellar su coche contra el de una sanitaria, que estaba aparcado en la puerta del ambulatorio. La hija, de 26 años y embarazada, fue puesta en libertad.

El juez ha dictaminado una multa de 120 euros, a pagar en una cuota diaria de 4 euros durante un mes, a cada una de ellas por un delito de amenazas leve. El impago de dos cuotas consecutivas conlleva una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad. Además, también se ha decretado una orden de alejamiento, de 100 metros, durante seis meses. "Lo consideramos injusto y escaso. La vida de un médico cuesta 120 euros", confiesan las afectadas.

Baja por accidente laboral

La mutua ha concedido la baja "por accidente laboral" a estas tres sanitarias, que ha obligado a cerrar el centro de salud de La Coma, y se ha derivado el servicio de medicina familiar al centro El Clot de Paterna. Sin embargo, se mantiene operativo el servicio de salud mental y la UCA, algo que no se entiende desde el personal sanitario , "cuando uno de los psiquiatras del centro también recibió amenazas antes de verano", apuntan.

Los sanitarios esperan que las nuevas medidas dejen de ser temporales, tal y como ocurrió con el acompañamiento policial a las visitas domiciliarias después de que una compañera sufriera una agresión con una navaja. "No hay disponibilidad de recursos de Policía Nacional para estar allí a diario y acompañándonos a los domicilios. Solo del derecho del paciente a ser atendido. ¿Y el derecho del profesional a trabajar bajo condiciones de seguridad? Tienen derechos y obligaciones", aseveran.

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