La Defensora del Pueblo Europeo critica la falta de respuesta de Bruselas ante el ruido del aeropuerto de Manises

La Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, ha dictado una contundente resolución en la que califica de "mala administración" la gestión de la Comisión Europea (CE) respecto a un procedimiento de infracción contra España por contaminación acústica tras una reclamación de la plataforma vecinal contra la ampliación del aeropuerto de Manises, que recurrió en febrero de este año a la defensora europea ante el retraso de Bruselas en el expediente que afecta directamente a la salud de centenares de vecinos y vecinas de las poblaciones situadas alrededor de la instalación aeroportuaria.

La conclusión final que remitida por la Defensora del Pueblo Europeo a la Plataforma "No a la Ampliación, Sí al Traslado", representada por José Navarro, sentencia que "el hecho de que la Comisión Europea no haya actuado ni haya aportado pruebas que justifiquen su ausencia de actividad en el caso durante un período de tres años constituye un caso de mala administración”, según el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Tras dar por concluida su investigación tras la queja vecinal, Anjinho -una abogada portuguesa que asumió el cargo en febrero de 2025 tras ser elegida por el Parlamento Europeo en diciembre de 2024- expone que "dadas las importantes implicaciones públicas del incumplimiento por parte de un Estado miembro de la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, la Defensora del Pueblo espera que la Comisión aborde el procedimiento de infracción con carácter prioritario".

Desde la Plataforma, sus miembros califican de "importantísima" la investigación realizada ante la reivindicación vecinal, que consideraba "inexplicable" el letargo de Bruselas para hacer cumplir al Estado miembro, en este caso España, la directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (2002/49/CE). El origen de esta controversia se remonta al 29 de septiembre de 2016, cuando la Comisión Europea incoó el procedimiento de posible infracción contra España. El motivo era el incumplimiento sistemático en la entrega de mapas estratégicos de ruido y en la elaboración de planes de acción para mitigar el impacto sonoro en infraestructuras clave, como el aeropuerto de Manises.

En su comunicación de mediados de diciembre a la entidad vecinal, que agrupa a afectados de Manises, Xirivella, Quart de Poblet, Aldaia, Mislata, Riba-roja del Túria o València, la investigación, identificada como el asunto 410/2025/EIS, revela un "agujero negro" de inactividad de tres años -entre junio de 2021 y junio de 2024- en un expediente que afecta a la salud de los ciudadanos. .

Pese a que en 2018 se emitió un dictamen motivado —el último paso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE—, el proceso entró en un letargo inexplicable, por lo que la Plataforma "No a la Ampliación, Sí al Traslado" decidió acudir este año a la Defensora que es la encargada de investigar la mala administración de las instituciones de la UE en beneficio de los ciudadanos europeos. Este grupo de residentes, preocupado por la futura ampliación del aeropuerto de Valencia-Manises, denunció que el tiempo empleado por Bruselas para exigir el cumplimiento de la normativa de la UE no era razonable. Cabe destacar que el presidente Pedro Sánchez anunció este septiembre que Manises prolongaría su terminal.

El "trienio de la parálisis"

Lo más alarmante de la conclusión de la Defensora del Pueblo ha sido el hallazgo de una ausencia total de actividad en esos tres años citados, durante los cuales no existe rastro documental de que la Comisión Europea hiciera un seguimiento efectivo del caso. Ante la investigación, la CE intentó defenderse alegando la "complejidad técnica" del asunto y la necesidad de mantener un diálogo constante con las autoridades españolas para lograr un cumplimiento voluntario. Para la Defensora Anjinho, esta falta de diligencia es "lamentable". En su resolución, subraya que, si bien la Comisión tiene discrecionalidad para gestionar los tiempos de las infracciones, un aplazamiento injustificado de tal calibre constituye una "negligencia" administrativa que socava la confianza del ciudadano en las instituciones europeas.

Desde la plataforma han valorado la conclusión de la Defensora Europea: "Nos parece positivo que la Defensora del Pueblo Europeo reproche que el procedimiento de infracción contra España lleve abierto más de nueve años y criticando de que le parece largo desde cualquier punto de vista objetivo, especialmente porque el problema del ruido ambiental que padecemos los ciudadanos de los municipios y barrios afectados “tiene graves repercusiones negativas en el medio ambiente y en nuestra salud”.

Vulneración de derechos

Tras esta resolución los vecinos piden a los ayuntamientos que denuncien al Ministerio de Transportes «por vulnerar nuestro derecho a la protección del ruido y la contaminación atmosférica tal y como reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

"Esta Plataforma calificamos de intolerable que el Ministerio de Transportes no haya presentado ante Europa el mapa estratégico de ruido del Aeropuerto de Valencia desde hace más de tres años como le viene exigiendo la Comisión Europea, demostrando de esta forma que el medio ambiente y la salud de los ciudadanos que vivimos en los pueblos cercanos al aeropuerto le importa un pepino", añaden.

Suscríbete para seguir leyendo