Los consistorios afectados reclaman al Ministerio personal cualificado y contratos de emergencia para acelerar la reconstrucción

Catorce meses después de la dana que asoló L’Horta Sud, los municipios mas afectados ya han identificado los principales obstáculos que se están encontrando en la reconstrucción. Todos básicamente giran en torno a la poca capacidad que tienes los ayuntamientos para gestionar unas obras de tal envergadura.

Unos problemas compartidos en las administraciones locales en la zona cero, que han decidido aglutinar en un decálogo de necesidades para hacérselas llegar al Ministerio y que pasan, sobre todo, por la falta de personal cualificado y la necesidad de realizar contratos de emergencia para agilizar la reconstrucción en casos de gran necesidad como la reparación de la red de saneamiento. Aunque no está completamente definido, sí se ha puesto ya sobre la mesa del comisionado para la reconstrucción. También lo han expuesto en la comisión de la dana que hay en la Federación de Municipios y Provincias, así como en la comisión no permanente de cuentas de la Diputació de Valencia a la que fueron invitados los alcaldes de la zona cero. Y aunque no directamente se ha tratado con la Generalitat, sí se ha hecho a través de los interlocutores de las diferentes consellerias.

La primera exigencia está clara y es una reivindicación de los consistorios tras salir del nivel de emergencia de los primeros meses: un procedimiento ágil de contratación pública que de ese paraguas normativo para lo que tenga que ver exclusivamente con la reconstrucción. Solo sería para obras muy urgentes, identificadas con informes técnicos que amparen esa urgencia, y responder así a la exigente normativa europea que es lo que ponen de excusa en el Estado para no acceder a esa reivindicación.

“Entiendo, aunque no comparto, que hacer una piscina cubierta sea de emergencia, ¿pero reconstruir la red de saneamiento? ¿Hay algo de más emergencia que el alcantarillado que afecta directamente a la salubridad y a la convivencia?”, se pregunta Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, una de las que ha impulsado ese documento. En el caso del municipio, ya tiene las memorias realizadas, auditadas, validadas y los fondos del Estado, más de 70 millones, han sido ingresados a principios de diciembre, un año después, por eso “danos un amparo normativo que diga que se puede licitar por vía de emergencia. Pero ninguna administración supramunicipal se quiere pronunciar, porque ha de ser para todos los ayuntamientos, pero no podemos comparar la afección en Paiporta, Catarroja y Algemesí, con el resto. En esa línea estamos intentando presentar este documento que recopile necesidades, porque aún queda mucho por hacer”, sentencia.

Falta de liderazgo técnico

El segundo escollo que se están encontrando los municipios más afectados es la falta de personal cualificado y exclusivo para la reconstrucción. “No es un tema de habilitar normativa, es un tema de captar talento. Yo no puedo publicar una bolsa, porque la gente se presenta a un contrato de interinidad de 3 años y cuando puede se marcha. Necesitamos estabilidad, por eso, pedimos que se movilicen técnicos del Ministerio, que están formados y saben que es una macroobra, que vengan ellos a asesorar y a dirigir, porque al final yo lo que tengo es precariedad laboral. Con esta línea actúa de trabajo nadie acaba de hacer un proyecto. Es difícil encontrar arquitectos en el sector privado que quieran firmar proyectos que no han hecho ellos, es por eso que la solución pasa porque nos adjudiquen técnicos de otros departamentos”, explica.

Para Silvent, el problema está en la amplitud de miras: “Si no nos dejan contratar gente, pues los ayuntamientos deberán crear departamentos potentes. El Gobierno piensa en la reconstrucción a cuatro años vista, y para eso puedes hacer contratos programa. Pero es que yo estoy haciendo un plan a 10 años vista y necesito gente que lo lidere técnicamente, porque los políticos estamos de paso, y si esta reconstrucción no se lidera desde dentro del ayuntamiento, será un fracaso”, asevera.

Ese decálogo, que según Silvent, se está realizando a través de reuniones bilaterales entre los municipios más afectados, y también usando la Mancomunitat como foro donde compartir experiencias, exponen las necesidades a través de una visión de área metropolitana con un objetivo muy claro, que es por ejemplo poder conseguir que todos los municipios compartan el servicio de protección civil. “Que eso se quede como una mesa de trabajo, y ahí está el reto, porque al ser un área metropolitana se supone que los ayuntamientos tienen que ceder parte de sus competencias y poder afrontar problemas como son los de movilidad o el cambio climático”, apunta Silvent.

También se exige en ese decálogo la posibilidad de adquirir suelo, aunque la modificación del decreto ya lo permite, tal y como informó Arcadi España a los alcaldes de los municipios afectados en un encuentro celebrado en Silla. “El decreto está muy condicionado, pero estamos intentando que se amplíe, para así poder amortizar todo el dinero del Estado que va generando intereses”, apunta.

Un plan de vivienda y reforzar la salud mental

La vivienda también es otro punto del decálogo, ya que la situación inmobiliaria de València está afectando al área metropolitana. Los municipios quieren saber si hay que construir vivienda pública, que al menos se tenga un buen sistema de movilidad para que esa persona pueda vivir allí y desplazarse sin coger el coche.

Por último en ese documento también se pone el foco sobre la salud mental. La dana ha afectado gravemente a sus ciudadanos y los consistorios reclaman que se refuercen los centros ambulatorios con estas unidades específicas. El problema que se encuentran es que son gestionados de forma independiente a la atención primaria, y hay mucho conflicto a nivel administrativo y carencia de espacio, que desde l’Horta Sud reclaman que se solucione, en esta ocasión, el órgano competente sería la conselleria.

Suscríbete para seguir leyendo