Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rafelbunyol se opone a una planta solar en suelo agrícola protegido

El ayuntamiento presenta alegaciones ante la Conselleria por las incompatibilidades ambientales

El gobierno local también expone que cerca del proyecto se sitúan estructuras bélicas de la Guerra Civil que son BRL

Zona agrícola donde se prevé la instalación fotovoltaica.

Zona agrícola donde se prevé la instalación fotovoltaica. / A. R.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Rafelbunyol

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha formalizado alegaciones contra el proyecto de instalación de una central fotovoltaica de más de 21.000 metros cuadrados que se encuentra en fase de información pública tras su admisión inicial por la Generalitat Valenciana. El consistorio, a través de sus servicios técnicos, sostiene que la iniciativa plantea "incompatibilidades urbanísticas y ambientales" al proyectarse sobre terrenos con protección agrícola.

Entre los principales argumentos municipales figura, en primer lugar, un aspecto procedimental: según el Ayuntamiento, la empresa promotora no habría solicitado el certificado o informe municipal de compatibilidad urbanística, un trámite considerado preceptivo. El consistorio recuerda además que en 2022 se tramitó una solicitud previa a la que se respondió con un informe sin pronunciamiento favorable expreso, y que, en cualquier caso, ese expediente habría quedado “superado” por cambios en la titularidad del promotor, al no coincidir la empresa ni el CIF iniciales con los actuales.

El núcleo de las alegaciones se centra, no obstante, en la naturaleza del suelo afectado. El proyecto se ubicaría en suelo no urbanizable con protección agrícola, una categoría que el Ayuntamiento justifica por el valor productivo y medioambiental de esos terrenos. A juicio del consistorio, la implantación de la planta implicaría un cambio de uso incompatible y una transformación sustancial de las características esenciales del suelo.

Extensión e impacto

El tamaño de la actuación también pesa en la argumentación municipal. En un término municipal de apenas 4,2 km², la parcela prevista —de más de 21.000 m²— representaría aproximadamente un 3 % del total del suelo no urbanizable con protección agrícola del municipio, una proporción que, en un territorio tan limitado, tendría un impacto especialmente significativo.

Otro de los puntos señalados es la afección al Camí de Llíria, infraestructura protegida e integrada en el Sistema General de la Red Viaria. El Ayuntamiento recuerda que el ámbito está catalogado como Área de Vigilancia Arqueológica y que en esa zona se restringen los trabajos con remoción del terreno por encima de 30 centímetros de profundidad.

Bienes protegidos cercanos

En materia patrimonial, el consistorio añade que el proyecto no tendría en cuenta el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de Rafelbunyol, donde se recoge la existencia de tres estructuras bélicas del Barranc de Cabeç Bord, declaradas Bienes de Relevancia Local y situadas a menos de 500 metros del ámbito. Según el Ayuntamiento, estas estructuras pertenecientes a la Línea de Defensa Inmediata contruida por el ejército republicano para detener a las fuerzas franquistas sublevadas, se verían afectadas negativamente por el impacto visual de la instalación proyectada.

Pese a su oposición a esta ubicación concreta, el gobierno municipal de PSPV y Compromís, que encabeza el socialista Fran López, subraya que su postura no es contraria a las energías renovables. En sus alegaciones defiende un despliegue compatible con el territorio y apunta, como alternativa, a las plantas agrovoltaicas, que permiten compatibilizar el uso agrario con la generación de energía. "La instalación debe respetar el territorio, el patrimonio y la normativa urbanística y medioambiental vigente, garantizando un desarrollo sostenible y equilibrado para el municipio", añaden desde el ayuntamiento de l'Horta Nord.

Alegaciones

Paralelamente, el Ayuntamiento ha activado una campaña informativa en redes sociales y anima a la ciudadanía a presentar alegaciones ante la Conselleria de Industria hasta el 29 de enero, cuando finaliza el plazo de participación pública.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents