La alcaldesa de Moncada le quita competencias a la concejala de los 5.000 € de móvil
Amparo Orts asumirá la delegación del Mayor después de que una trabajadora denunciara a Feli Bondia ante el comité
Bondia: "Fue solo un desencuentro ya solucionado que no ha condicionado la decisión de la alcaldesa"

La concejala de Moncada Feli Bondia, ya no dirigirá el área del mayor. / L-EMV
La alcaldesa socialista de Moncada, Amparo Orts, ha revocado las competencias del área de Mayor que tenía la concejala Feliciana Bondia, también del PSPV, quien se quedará con las de Igualdad-LGTBI y Memoria Democrática. Hay que recordar que Bondia estuvo en el foco mediático tras pasar una factura de 5.000 euros del teléfono móvil municipal por no desactivar el roaming (itinerancia de datos fuera de España) en su viaje particular a Andorra.
Ahora, según la resolución de alcaldía, que pasará por pleno el último jueves de este mes, es la propia alcaldesa la que asumirá esta concejalía para «reforzar la coordinación transversal de las políticas municipales dirigidas a las personas mayores y optimizar la eficacia administrativa y la coherencia en la planificación de los recursos".
Sin embargo, ese reordenamiento del régimen de delegaciones vigente, se realiza justo después de que el ayuntamiento abriera un expediente tras recibir una denuncia de acoso laboral de Bondia por una trabajadora del área. Así lo confirmó la propia alcaldesa en el pleno realizado en octubre. Un expediente en el que han intervenido las dos afectadas, así como los sindicatos, y que finalmente parece que se ha resuelto con la revocación de las competencias de la concejala en esta área.

Feli Bondia, al lado de Martín Pérez, en el último pleno extraordinario. / L-EMV
La denuncia ante el comité se centraba en dos aspectos establecidos dentro del protocolo de acoso laboral, como es el abuso de poder y el aislamiento profesional. Según la trabajadora, la concejala insinuaba que estaba incumpliendo el horario laboral, además de dudar sobre los trabajos realizados fuera de la oficina, llamando por teléfono para conocer su ubicación y tarea.
También, la denuncia afirma que la concejala se enojaba cuando la trabajadora cuestionaba peticiones poco éticas laboralmente incluso no acordes a la normativa, y atacaba su rendimiento expresando que lo hiciera otra persona o incluso informando a los usuarios que era la propia trabajadora la que se negaba a concederles un servicio. Una situación que hizo a la técnica llegar a cogerse la baja laboral, antes de decidir interponer una denuncia ante el comité.
"La dejo en las mejores manos"
Feli Bondia, por su parte, ha asegurado a este diario que "dejo la concejalía del Mayor en las mejores manos", en referencia a la alcaldesa Amparo Orts, y no considera relevante en esta decisión la denuncia interpuesta por una trabajadora. "Fue solo un desencuentro, que quedó resuelto. No tengo nada en contra de esa trabajadora, ni ningún problema con ella, creo que es muy buena en su trabajo, de hecho", señala.
De hecho ambas mantuvieron un careo ante los sindicatos y parece que resolvieron sus conflictos, aunque finalmente la alcaldesa ha decidido asumir ella el área.
"Llevo 12 años ya en esta área, tengo 67 años y ya he dicho que esta es mi última legislatura. Ha acabado mi tiempo en política y considero que esta decisión responde a esa circunstancia", señala.
Año complicado para Bondia
No está siendo un año fácil para Feli Bondia. La concejala estuvo en el punto de mira por pasar una factura de teléfono movil de 5.000 euros de su viaje a Andorra, que fue duramente criticado por la oposición. La concejala, sin embargo, llegó a dejar patente, a través de un registro de entrada, su intención de asumir la factura de forma personal, si finalmente no se resolvía a su favor la reclamación abierta contra la empresa de telefonía y el consistorio, al considerar abusivo el servicio.
En lo personal, también se ha visto afectada, ya que su marido, José Vicente Berlanga, el expresidente de la empresa estatal Enusa, y afín a Ábalos, se encuentra investigado en la causa que provocó la detención del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Garrido, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000. Esta imputación provocó que el PSPV abriera un expediente y la suspensión de militancia de manera cautelar hasta que avanzaran las pesquisas lo que provocó que automáticamente quedase fuera de la ejecutiva provincial de Valencia de la que formaba parte.
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