Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques: «Si el gobierno no me deja contratar a trabajadores en el SAD, tendré que buscar fuera»

Un centenar de personas aproximadamente se concentraron el sábado ante el Ayuntamiento de Tavernes Blanques para reclamar que el SAD (Servicio de Atención domiciliaria) siga siendo público y gratuito, tras la exposición a consulta pública de una ordenanza para regular el servicio donde abre la puerta a la privatización y a imponer una tasa.

Su alcalde, Arturo Ros (PP) asegura que no se trata de privatizar el servicio, sino «de contratar a personal de una empresa externa, porque la delegación del Gobierno no me deja aumentar el capítulo 1 del presupuesto».El capítulo 1 son los gastos derivados del funcionariado. Actualmente hay contratadas cuatro personas en el SAD «ya no me dejan contratar a más, pero sí me dejan ampliar el capítulo 2, de gastos corrientes, y la demanda ha cambiado mucho, ya rozamos los 10.000 habitantes, y necesitamos personal». En cuanto a la tasa, Ros asegura que «a los vecinos que está cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por el grado 2 de dependencia claro que le voy a cobrar por el servicio, no se puede igualar con los que no están cobrando nada, para ellos será gratis».

El sindicato CNT, convocante de la protesta,  ha presentado ya alegaciones y  ha asesorado a usuarios y vecinos para que presenten también sus argumentos en contra de este proyecto. Además, se han recogido más de 200 firmas. En este momento, el servicio atiende a una veintena de personas a las que se ofrece ayuda en cuestiones como el aseo diario, la movilidad o la compra. “La gestión pública directa del Servicio de Ayuda a Domicilio no solo es una opción legítima, sino la fórmula que mejor garantiza el cumplimiento efectivo de los principios de igualdad, universalidad y cohesión social”, explican desde la CNT.

Rechazo de Unides-Podem

Por su parte, Unides Podem Per Tavernes Blanques también ha expresado su rechazo ante el posible proceso de privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD),  portavoz y concejal de la formación, Moisés Pérez, ha señalado que “hablar de tasas en un servicio como el SAD es empezar a convertir un derecho en un privilegio, y eso es algo que no podemos permitirnos como sociedad”.

Pérez ha advertido además de las consecuencias sociales de esta medida: “Cuando se cobra por un servicio esencial se crean barreras económicas reales. Hay personas mayores y dependientes con pensiones muy bajas que pueden verse obligadas a renunciar al servicio aunque lo necesiten, poniendo en riesgo su bienestar y su autonomía”.

Arturo Ros, por su parte, recuerda que está gobernando en minoría "y esta ordenanza debe pasar por el pleno, y será el pleno el que decidirá su aprobación definitiva".

Suscríbete para seguir leyendo