L’Horta exige coordinación: «Se debe abordar la vivienda como un desafío metropolitano»

El problema de la vivienda ha dejado de ser una preocupación exclusiva de la capital para convertirse en una emergencia compartida en toda el área metropolitana. En una mesa de debate dentro la cuarta edición del Foro del Municipalismo organizada por Levante-EMV y Prensa Ibérica, y moderada por la redactora de la delegación l’Horta, Pilar Olaya, los alcaldes de cuatro municipios clave de l’Horta han coincidido en el mismo diagnóstico: el mercado está tensionado, la burocracia bloquea el crecimiento y la falta de una estrategia común agrava la brecha entre la oferta y una demanda que no deja de crecer.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el alcalde de Rafelbunyol y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Nord, Fran López, la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller y el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, han analizado los desafíos de un territorio que atrae a miles de nuevos residentes, pero que no siempre cuenta con las herramientas legales o administrativas para poder alojarlos con dignidad.

El «embudo» de la construcción

Uno de los puntos de mayor fricción es la enorme brecha entre la velocidad de la demanda y la lentitud de la administración. Para Amparo Folgado, Torrent es un ejemplo de este fenómeno, situándose como el sexto municipio de España con mayor demanda de vivienda. La alcaldesa señala que el parón inmobiliario de 2008 generó un «gran embudo» que hoy impide dar salida a las necesidades de una población que ya roza los 100.000 habitantes. «Se ha perdido una etapa importante de poder ofertar vivienda», lamentó Folgado, quien subrayó la urgencia de una legislación estatal que frene la escalada de precios.

En la misma línea, Paz Carceller denunció el «tapón» administrativo que sufren los ayuntamientos a la hora de conceder licencias y puso un ejemplo claro: «Llevamos nueve años en el desarrollo de un PAI en la antigua factoría de Cointra», asegura, con la implantación de la gigafactoría de Sagunt a la vuelta de la esquina que plantea la llegada de un gran número de nuevos residentes. Carceller insistió en que la colaboración entre administraciones y la simplificación de trámites son «puntos que debemos abordar con urgencia» para no bloquear la inversión privada y pública.

Inseguridad jurídica

El debate también puso el foco en el mercado del alquiler, donde la oferta se retrae por el temor de los propietarios. Amparo Folgado alertó sobre la aparición de «microviviendas» o habitaciones que no ofrecen condiciones lógicas para vivir y que suponen más del 50% de los ingresos de una familia. Sin embargo, destacó que muchos pequeños propietarios tienen viviendas vacías y no se atreven a alquilarlas por la «indefensión ante situaciones de impago u ocupación». «Hablamos de familias normales que tienen la vivienda de sus padres y tienen miedo. Necesitamos garantías y seguridad jurídica», defendió la alcaldesa de Torrent.

Paz Carceller coincidió en que es vital crear un entorno de seguridad jurídica. «Los propietarios no son solo grandes tenedores. Es el hijo que ha heredado una casa y necesita esa renta para vivir. Si no hay seguridad, no se decide a alquilar», explica. Para la alcaldesa de Puçol, medidas como limitar los precios no son competencia municipal, pero sí lo es facilitar el acceso desde otros ámbitos, incluyendo una necesaria rebaja fiscal: «El 13% del coste de una vivienda para un joven son impuestos. El Gobierno debería impulsar la rebaja del IVA para el acceso a la vivienda».

El reto de gobierno metropolitano

Desde l’Horta Nord, Fran López introdujo una visión más crítica sobre la gestión territorial. «València es una gran área de 1,6 millones de habitantes, pero en 2025 vivimos una anomalía democrática: no hay ningún tipo de gobernanza metropolitana», denuncia. Para López, la vivienda y el transporte son «vasos comunicantes» que deben tratarse de forma conjunta. El alcalde de Rafelbunyol alerta sobre el impacto de grandes proyectos como la gigafactoría de Sagunt, que provocará un crecimiento demográfico exponencial en la comarca.

López destacó que el precio del alquiler está llegando a niveles insostenibles incluso en pueblos pequeños: «En Rafelbunyol ya existen ‘colivings’ donde una habitación cuesta 500 euros. Eso no está en la realidad del mercado». Además, critica que los planes de rehabilitación europeos se topen con una burocracia que hace que proyectos iniciados en 2022 no vean la luz hasta 2026. «Algún servidor público tendrá que decir hasta aquí hemos llegado», sentencia.

Entre el turismo y la zona residencial

Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, aportó la perspectiva de un municipio que debe lidiar con la presión de la vivienda turística en la costa y la residencial en el casco urbano, junto a la proximidad a València, con la que linda. «Al lado de mi casa, un ático de 32 metros cuadrados se alquila por 2.400 euros al mes. Es increíble, pero ese nivel de precios es imposible de asumir», señaló

Ante esta situación, Alboraia ha apostado por un modelo de «eco-barrio» en la Patacona, el proyecto Vinival, para crear un entorno de convivencia y no solo una ciudad dormitorio. El alcalde también subrayó que el soterramiento de las vías del metro, esencial para el desarrollo urbano, está suponiendo una carga financiera municipal que debería asumir la Generalitat. Además, el primer edil defendió a construcción de vivienda de protección pública (VPP) para controlar los precios, pero advirtió que «sin más suelo y más oferta, el mercado seguirá expulsando a los vecinos».

Soluciones compartidas

Los cuatro alcaldes y alcaldesas, independientemente de sus siglas políticas, coincidieron en que la solución al problema de la vivienda no es única. Pasa por movilizar suelo público, pero también por rehabilitar el parque existente y facilitar la emancipación juvenil mediante incentivos fiscales, sin olvidar la mejora en los servicios y sobre todo la necesidad de contar con una comarca vertebrada por el transporte público.

Un sueño aún por cumplir y que hace que muchas veces sean ayuntamientos los que deban asumir competencias que no les son propias, como la creación de líneas de autobús lanzadera entre municipios para suplir las carencias del metro o cercanías, tal y como ha tenido que impulsar Puçol, junto a Rafelbunyol y El Puig de Santamaría.

Para los alcaldes y alcaldesas de l’Horta, la vivienda es el reto irrenunciable de esta década, y solo una acción coordinada entre el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos podrá evitar que el área metropolitana de Valencia muera de éxito por la imposibilidad de ofrecer un hogar digno a sus ciudadanos. n