La Koordinadora de Kolectivos del Parke denuncia ante el Síndic "vulneración de derechos" y "asfixia económica" del Ayuntamiento de Alfafar y Conselleria

El Kolectivo de Jóvenes Parke (KJP) del barrio Orba de Alfafar ha elevado una contundente queja ante el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento de Alfafar y la Conselleria de Servicios Sociales, denunciando lo que califican como una "vulneración sistemática de derechos fundamentales" y una "desviación de poder" con trasfondo ideológico. La organización, que lleva 40 años trabajando en el vulnerable barrio Orba, sostiene que ambas administraciones han pasado del reconocimiento a la "asfixia económica" como represalia por su postura crítica tras la catástrofe del 29 de octubre. Una denuncia que se ha llevado a cabo en un acto realizado en la plaza Manises, junto al Palau de la Generalitat, y que ha tenido el apoyo de partidos políticos como PSPV, Compromís y EU, así como organización sindicales y Acord social que reúne a Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y a Asociaciones de Víctimas dana.

Un supermercado bajo amenaza de desalojo

El conflicto con el consistorio que dirige el alcalde del PP, Juan Ramón Adsuara, se ha recrudecido tras la orden de desahucio del Supermercado Solidario, una iniciativa que según informan, ha repartido 500 toneladas de alimentos y más de 800 bicicletas a familias damnificadas. El consistorio ya defendió que  no puede autorizar ni respaldar el supermercado social del Barrio Orba, mientras no se garantice el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente tras un informe desfavorable. El colectivo denuncia que el consistorio, ante esta medida, ha optado por la vía del desalojo, la más gravosa, habiendo otras alternativas, ignorando que se trata del "único punto de reparto que continúa activo en todo el territorio" y rechazando vías de regularización como el "precariado" administrativo.

La plataforma SOS Parke se manifiesta por los impagos a los centros de día

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Además, la queja detalla el bloqueo de la licencia de un nuevo comedor popular "teniendo ya el local alquilado", y la negativa del alcalde a convocar la Mesa de la Reconstrucción, a pesar de ser un acuerdo plenario, para poder decidir deforma conjunta con los Cler las tareas de recuperación.

Impagos de conselleria

Paralelamente, también el Kolectivo ha presentado otra queja ante el Síndic, esta vez contra la Generalitat Valenciana, que pone el foco en un impago de más de 310.000 euros correspondientes a la gestión de dos centros de día para menores en riesgo de exclusión. Según la entidad, la Conselleria avaló y exigió la continuidad del servicio tras la dana pese a que los locales fueron arrasados, pero ahora niega el pago de los meses de abril a septiembre de 2025 amparándose en "formalismos contradictorios".

El Kolecivo del Parque Alcosa vincula este giro administrativo al contexto político de marzo de 2025, señalando que la actitud de la administración autonómica cambió coincidiendo con el endurecimiento del pacto PP-VOX. El colectivo afirma que se busca "desactivar socialmente" a una entidad que ha sido "punta de lanza" en las movilizaciones por la gestión de la crisis y en la exigencia de responsabilidades políticas. La Conselleria, siempre ha defendido que en marzo de 2025 se acabó la licencia de subvención y desde la asociación no se pidió ninguna prórroga. Aún así, se siguió llevando a cabo la labor en otros locales, que según conselleria no tenían la licencia adecuada. "Nunca nos dijeron de cesar la actividad, al revés, tenemos correos en julio de la conselleria pidiéndonos documentación pata proceder al pago. Además, dentro de la prórroga pone que se puede extender bajo justificación, y nosotros hicimos un registro justificativo", señala Juanmi Fernández, representante del Kolectivo.

Petición de auxilio al defensor del pueblo

En sus peticiones al Síndic, el Kolectivo de Jóvenes Parke reclama la suspensión inmediata de los desahucios, el abono íntegro de la deuda de la Conselleria y el cese de cualquier "práctica de hostigamiento". La entidad advierte que la interrupción de estos servicios afectaría directamente a 300 familias semanales y a 48 menores en situación de vulnerabilidad, vulnerando derechos básicos como la alimentación y la libertad de asociación.

"Estudiamos emprender acciones legales"

Además de las quejas presentadas al Síndic de Greuges, el Kolectivo del Parke Alcosa ha anunciado en la Plaza Manises que estudian emprender acciones legales: "Estamos en proceso de explorar la judicialización de ambos casos. Nos hemos puesto en contacto con la Universidad de València, de la Facultad de Derecho, y tras unas primeras reuniones nos aseguran que tenemos razones jurídicas en ambos casos para acudir al Juzgado", señala Fernández. Entre esas razones está la quiebra de confianza legítima, por parte de las administraciones.

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