Catarroja aplaza la disolución del ente de la residencia para estudiar mantener la plantilla

El pleno de Catarroja en su última sesión dejó sobre la mesa la disolución y liquidación del organismo autónomo de la residencia de mayores y el despido de la veintena de trabajadores, que siguen perteneciendo a la entidad, para volver a estudiar el poder mantener a la plantilla a través de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, (ERTE), propuesto por el Grupo Municipal Popular.

A pesar de que el equipo de gobierno dejó claro que “no se trata de voluntad política, sino de una obligación legal”, avalada por una asesoría externa y los propios técnicos municipales, como explicó la portavoz socialista Beatriz Sierra, “estamos dispuestos a agotar cualquier posibilidad porque la voluntad de todo el Ayuntamiento es la de mantener a los trabajadores”.

La residencia de mayores depende de un organismo autónomo formado a tres bandas por el Ayuntamiento y la conselleria, a través de un contrato programa, y la congregación religiosa de San José de la Montaña que se hacía cargo del cuidado de los usuarios. El problema surge tras la dana, que causó importantes daños en el edificio de los años 90 y con todos los suministros en el sótano, además de las cocinas y el comedor de los usuarios.

Construcción de una nueva residencia

Para proceder a su reconstrucción, adaptándola a la normativa, estos servicios deberían ocupar el nivel del suelo, por lo que la residencia perdería un tercio de su actual espacio que son 33 plazas y dejaría de cumplir las exigencias del mínimo exigido por la Generalitat Valenciana. Ante esta situación, el planteamiento del equipo de gobierno pasa por construir una nueva residencia para mayores en otra ubicación y reconstruir el edificio actual para destinarlo a un centro de día.

Tras el traslado de los residentes, cuatro días después de la dana a centros de Castellón, el consistorio reubicó a la plantilla en el servicio de Ayuda a Domicilio, como explicó la concejala, Beatriz Sierra, para evitar su despido sin indemnización. "Pero necesitábamos soluciones estables. Por ello, en una reunión con la conselleria presentamos alternativas: reubicar a los trabajadores en otros centros, reconvertir la financiación del contrato programa para la Ayuda a Domicilio o que suspendiera temporalmente el contrato para solicitar el ERTE mientras se construía el nuevo centro. La respuesta fue negativa en todas", explica la concejala.

Contrato programa

"El servicio de residencia es competencia exclusiva de la Generalitat, el Ayuntamiento no puede prestarlo ni crearlo sin su autorización y tampoco tenemos una fecha de apertura del nuevo edificio como residencia, por lo que no se puede hacer el ERTE", apuntó Sierra. La alcaldesa, Lorena Silvent, añadio que el contrato programa firmado con la conselleria es de 2024 a 2028 por lo que "hemos solicitado que interrumpan el plazo y cuando tengamos el nuevo edificio nos den los años que nos quedan del contrato". Aún así, los plazos para la construcción de un nuevo edificio se dilatarán en el tiempo por los trámites administrativos que requiere.

Sierra insistió en que "queremos que el personal tenga sus derechos garantizados, aunque no es la solución que queríamos" y tildó la postura de la oposición (PP y Vox) de "muy cómoda" cuando "tenemos la obligación legal, no política, de tramitarlo".

La propuesta del PP, refrendada por un informe que presentó el portavoz, Rafa Sanchis, es el último cartucho que le queda al consistorio para evitar el despido de los empleados. "Solicitamos paralizar el ERE y al apertura de un ERTE por fuerza mayor", expuso Sanchis. No obstante, la alcaldesa explicó que esa medida se presentó en el consejo del organismo autónomo y "se desestimó porque no era viable". De momento, la disolución del ente se alargará como mínimo un mes, mientras los trabajadores esperan.

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