Moncada deberá pagar un millón de euros por la gestión del PP en la empresa PEMSA, según una sentencia

El Ayuntamiento de Moncada deberá asumir el pago de 1.000.000 de euros en cumplimiento de una sentencia judicial firme vinculada a la gestión de la empresa pública Promoción Económica de Moncada S.A. (PEMSA) durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Según ha informado el consistorio, los hechos se remontan a operaciones realizadas entre 2010 y 2013 sobre parcelas municipales bajo el mandato del exalcalde Juan José Medina. El abono será llevado al pleno ordinario de abril.

La resolución, desvelada por el gobierno PSPV-Compromís, obliga ahora al consistorio a hacer frente a las consecuencias económicas de un caso que arrastra más de una década de recorrido judicial. Desde el actual equipo de gobierno subrayan que se trata de un pago derivado de decisiones adoptadas en anteriores mandatos y enmarcan esta obligación como una "herencia" de la antigua gestión de PEMSA.

La venta e hipoteca de parcelas en el polígono

El caso de Pemsa se produjo tras la venta por parte de la empresa de seis parcelas de un total de 27.602 m2 de terrenos municipales a empresarios de la localidad del Polígono Industrial Moncada III entre diciembre de 2010 y enero de 2012. Unas parcelas que luego se hipotecaron, junto a otras, en la solicitud de un préstamo a Bankia que suscribió Pemsa el 3 de diciembre de 2013. En total, Pemsa obtuvo 1,143 millones de euros en estas operaciones. Cabe recordar que la Fiscalía de Valencia abrió, en 2015, diligencias de investigación penal contra la empresa municipal por gravar en 2013 con una hipoteca las citadas parcelas pese a que había vendido previamente y, por lo tanto, no eran suyas. Los empresarios exigieron la devolución del dinero. Posteriormente, en octubre de 2022, la Audiencia de València absolvió al exalcalde de Moncada, Juan José Medina, y al ex gerente de la empresa pública municipal Pemsa (Promociones Económicas de Moncada SA), José Ignacio Oreo Lillo, de los delitos de estafa y prevaricación por los fueron juzgados.

La alcaldesa Orts: es "la consecuencia directa de la gestión del PP"

Sin embargo, ahora llegan las repercusiones económicas de aquellos años, según ha avanzado el gobierno que preside la alcaldesa de Moncada, la socialista Amparo Orts, quien ha señalado que la sentencia “es la consecuencia directa de la gestión del PP”, y ha lamentado que “los vecinos y vecinas de Moncada tienen que asumir el pago de un millón de euros que no responde a ninguna inversión, ni a ninguna mejora, ni a ninguna necesidad actual”.

La alcaldesa ha añadido que “lo que hoy estamos pagando es el resultado directo de cómo se gobernó Moncada durante años”. En este sentido, ha sido especialmente crítica con el intento de desviar el foco: “Lo preocupante no es solo lo que hicieron, sino que ahora intenten actuar como si no hubiera pasado nada. No es serio, ni es Ajuntament de Moncada honesto con la ciudadanía”. En este punto, desde el gobierno han indicado que es "especialmente grave que algunos de los responsables políticos de aquella etapa, como el entonces portavoz del PP Jesús Gimeno Alcañiz, continúen hoy en la vida pública local lanzando críticas vacías a la gestión municipal, sin asumir ninguna responsabilidad por sus decisiones y las repercusiones" sobre los ciudadanos de Moncada.

Dinero que deja de destinarse a servicios en la ciudad

En la misma línea, el vicealcalde, Álvaro Gonzalvo, ha advertido de que esa cantidad deja de poder destinarse a servicios básicos, mantenimiento urbano, seguridad o políticas sociales. “Estamos hablando de recursos que podrían destinarse a limpieza, mantenimiento de calles, seguridad o políticas sociales, y que ahora se pierden como consecuencia de decisiones que nunca debieron tomarse”, ha afirmado.

El gobierno municipal de PSPV-Compromís sostiene, no obstante, que el Ayuntamiento podrá afrontar este desembolso sin poner en riesgo la prestación de servicios públicos. El equipo de gobierno asegura que la situación económica actual del consistorio permite atender esta obligación judicial “sin comprometer el funcionamiento de los servicios públicos ni la hoja de ruta marcada para la ciudad”, gracias a la estabilidad financiera y a los presupuestos más altos de la historia reciente del municipio.

El caso vuelve a situar en la agenda política local una de las etapas más controvertidas de la empresa pública PEMSA, una década después de los hechos que dieron origen al procedimiento. Con esta sentencia, Moncada deberá cerrar ahora uno de los episodios judiciales con mayor impacto económico para las arcas municipales en los últimos años.

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