Torrent gestiona cerca de 500 solicitudes de regularización de inmigrantes

La Oficina de Atención al Ciudadano de Torrent (TDIC) ya ha prestado asistencia a cerca de 500 personas migrantes que han solicitado sumarse al proceso de regularización extraordinaria iniciado por el Gobierno de España, desde el pasado jueves. Estas primeras jornadas han transcurrido sin demasiada aglomeración y sin avalanchas en la planta baja de la casa consistorial, donde se han expedido los documentos necesarios para iniciar el proceso y se han resuelto dudas sobre el mismo.

70 solicitudes

Este lunes han sido 70 las personas que han acudido a presentar sus solicitudes, sin problemas y sin grandes colas, aunque el servicio del TDIC es para cualquier trámite con la administración local. También, desde la Asociación Dona'm la mà, con sede en la ciudad y a la que el gobierno local PP y Vox le han retirado la subvención, se presta acompañamiento a las personas migrantes para conseguir la documentación, sobre todo, el certificado de vulnerabilidad que tienen que emitir los ayuntamientos, a través de sus Servicios Sociales.

Este último certificado solo hace falta si no se cumple con los requisitos de haber trabajado o estar en una búsqueda activa de trabajo, es decir, estar inscrito en Labora, y el de tener menores al cargo y vivir con ellos o con mayores de 18 años con una discapacidad o con los padres.

Este lunes ha habido cierta confusión en Torrent con las colas que se han formado en la Casa de la Dona para asistir a las jornadas de expedición y renovación de pasaportes, organizada por el consulado de Colombia, que nada tenían que ver con el proceso de regularización de personas migrantes.

Normalidad

De momento, el proceso está llevándose a cabo dentro de la normalidad, a pesar de que Vox, el socio de gobierno local del PP, dejó clara su oposición frontal a la regularización masiva de inmigrantes ilegales propuesta por el gobierno de Sánchez y llegó a presentar una moción ante el pleno de febrero en la que su portavoz, María Fernández, apuntó que "no es una medida humanitaria, es una decisión política deliberada que pone en riesgo la convivencia, la seguridad y los recursos de los españoles. No vamos a ser cómplices del desmantelamiento de nuestro Estado del Bienestar”.

Esta regularización se dirige, sobre todo, a aquellas personas que puedan acreditar que viven en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han permanecido en el territorio al menos cinco meses de manera continuada. Además, es imprescindible no tener antecedentes penales, un requisito clave para poder acceder al proceso.

Xirivella desbordada

No obstante, en el Ayuntamiento de Xirivella, también gobernado por el mismo pacto PP y Vox, la alcaldesa, Paqui Bartual ha alzado su voz contra el Gobierno de España por esta regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno "que vuelve a hacerse sin contar con los ayuntamientos".

Bartual advierte de que los departamentos de servicios sociales y educación están "desbordados". "No se trata de estar en contra de nadie. Se trata de hacer las cosas bien", se justifica la dirigente popular y se queja de que "se les regulariza, pero no se aporta la financiación necesaria para garantizar servicios de calidad a toda la ciudadanía".

Desde el Partido Popular "defendemos una inmigración ordenada, con planificación y recursos, y por eso, apoyamos que el Consell recurra esta medida, porque los municipios no podemos asumir decisiones improvisadas sin los medios necesarios", explica.

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