Expulsan del Cuerpo a un policía nacional de Torrent que falsificó el robo de su moto

El policía nacional de la Comisaría de Torrent que falsificó el robo de su moto para cobrar del seguro ha sido expulsado del Cuerpo por la Secretaría de Estado, que cambia esta medida por la pena de inhabilitación especial de un año y un mes a la que había sido condenado por la Audiencia Provincial el pasado 17 de febrero.

El organismo se acoge a lo dispuesto en el artículo 5.1.e) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional que dice que "son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional: (e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público que tuviere carácter firme".

Condena

La Audiencia Provincial de Valencia lo condenó a 25 meses de cárcel por un delito de estafa en concurso ideal con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público y otro de falsedad en documento oficial. La sentencia, leída in voce tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, incluye una inhabilitación de un año y un mes, periodo en el que estará suspendido del cuerpo, y tres condenas de multa que suman el pago de 1.800 euros.

Los hechos probados y reconocidos por el policía es que falsificó un atestado en el que denunciaba el robo de su moto para posteriormente pasarle un parte al seguro y cobrar la indemnización. Durante unas semanas, y después de recibir más de 13.000 euros de su aseguradora, el policía siguió haciendo uso del vehículo supuestamente sustraído, al que le cambió las placas de las matrículas para no levantar sospechas. Finalmente, la dejó en la finca de un amigo, donde fue localizada meses después por agentes policiales.

La acusación particular acabó por retirarse del caso a última hora, después de que el agente devolviera el dinero que cobró del seguro y el importe que la aseguradora abonó a la financiera, lo que también tuvo su repercusión como atenuante en el fallo del magistrado.

Hechos probados

Los hechos que ahora han sido condenados se remontan a la mañana del 15 de enero de 2024 cuando, según los hechos declarados probados y reconocidos por el acusado, a las 11.51 horas el agente "siendo plenamente conocedor de que tales hechos no habían sucedido y dicha motocicleta continuaba en su poder", denunció que le habían robado su moto, una BMW modelo R1300GS, del interior de su garaje. En el atestado, que no incorporó a las aplicaciones informáticas policiales, aparecía su número de identificación profesional como instructor del acusado y sus datos personales como persona denunciante.

Un día después, "con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito", comunicó a su seguro el robo para cobrar la indemnización, aportando como documentación la denuncia elaborada falazmente por él. El 20 de febrero su compañía abonó 10.576 euros a la entidad con la que había financiado la compra. Un mes después, el 18 de marzo, le pagó 13.128 euros en concepto de indemnización.

Nuevo atestado

Después de que su superior jerárquico le requiriera que incorporara el atestado que tramitó en enero, del que no había constancia ni en las correspondientes aplicaciones informáticas ni en las bases de datos policiales, el policía elaboró un nuevo atestado con fecha de 21 de marzo. Fue a partir de ese momento cuando dejó de utilizar la moto que supuestamente le habían robado, a la que cambió las placas de las matrículas para no levantar sospechas.

El 23 de marzo el agente inhabilitado llevó la moto a una finca propiedad de un amigo suyo, donde quedó depositada hasta que el 2 de julio fue intervenida por agentes policiales. Fueron estos compañeros los que comprobaron que se trataba del mismo vehículo del que se había denunciado de forma fraudulenta su sustracción.

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