Reconstruir donde el agua reclama su espacio

El agua no pidió permiso cuando entró en las casas. La dana que azotó la provincia de Valencia no solo inundó calles y viviendas: dejó al descubierto un modelo urbanístico que ha permitido durante décadas construir —y reconstruir— en zonas inundables. Según el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana, en apenas unas horas la riada inundó 530 kilómetros cuadrados, casi un 5 % de la provincia, afectó a más de 306.000 personas y dañó 11.242 hogares. Pese a la magnitud del desastre, los proyectos residenciales en áreas de riesgo no han cesado.

Uno de los ejemplos más controvertidos se localiza en Alfafar, en la huerta de Font Baixa. El Plan de Reforma Interior del PAI, aprobado en 2019, prevé la construcción de 36 torres de entre ocho y diez alturas, con alrededor de 1.200 viviendas. Colectivos como Acció Ecologista-Agró advierten de que estos terrenos agrícolas han sido históricamente clave para absorber y laminar las inundaciones, incluida la del 29 de octubre de 2024. Urbanizarlos, señalan, no solo elimina esa función natural, sino que desplaza y agrava el riesgo de inundación en otros puntos del territorio.

Lo que está por venir

En Torrent, el problema combina lo ya edificado con lo que está por venir. En el barrio de Parc Central, los vecinos conviven desde hace años con inundaciones recurrentes que afectan a garajes, bajos comerciales y plantas bajas cada vez que se registran lluvias intensas. Aun así, el PAI del sector Parc Central III contempla la construcción de cerca de 700 viviendas y la llegada de unos 2.000 residentes. La zona, una de las más recientes del municipio, sigue pendiente de soluciones estructurales mientras el desarrollo urbanístico avanza.

Riba-roja de Túria ha optado por una estrategia distinta. El municipio permite nuevas licencias de obra en zonas inundables, pero bajo criterios técnicos más exigentes. Obliga a que las nuevas construcciones incorporen mejoras en el drenaje, eleven las edificaciones y apliquen medidas de protección específicas en todas las construcciones expuestas al agua. Esta preocupación por el riesgo es también palpable en Catarroja y Paiporta, donde la reconstrucción continúa formando parte del día a día.

Planes urbanísticos de hace 30 años

Para Vicenta M.ª Ortiz, miembro de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunitat Valenciana (AAUCV), el problema se sitúa en el origen del planeamiento. «Los planes urbanísticos actuales se aprobaron hace más de treinta años, en un escenario climático completamente distinto, y la dana ha demostrado que el agua no respeta límites trazados en un plano», explica.

Como respuesta inmediata, municipios como Aldaia, Albal, Sedaví, Massanassa o Algemesí han comenzado a revisar de manera autónoma sus ordenanzas urbanísticas. Las nuevas regulaciones municipales limitan o directamente impiden viviendas en planta baja o aquellas sin acceso a un punto seguro en altura, con el objetivo de garantizar la evacuación en caso de inundación. Sin embargo, Ortiz advierte de que estas medidas locales no sustituyen la necesidad de una «gobernanza supramunicipal» que permita coordinar la prevención y la planificación territorial a una escala acorde con el comportamiento real del agua.

Desde la AAUCV insisten en que los ajustes normativos son insuficientes si no van acompañados de intervenciones de mayor alcance. Señalan que las infraestructuras hidráulicas, las zonas verdes y los sistemas de drenaje sostenible deben funcionar como una red de protección para todo el territorio. En este marco, instan a analizar las debilidades del entorno, reforzar los espacios públicos y actualizar los centros históricos mediante una arquitectura más resiliente.

El eje del debate

La inundabilidad se convierte así en un eje central del debate. Evaluar riesgos, reubicar edificaciones en zonas críticas y buscar emplazamientos seguros se perfilan como pasos inevitables en el nuevo escenario climático. Cuando el traslado no sea posible, la AAUCV propone reforzar la seguridad de las construcciones cuyo riesgo sea asumible y compatible con su uso.

Esta visión conecta con la defensa del territorio agrícola. Conxa Medina, presidenta de Per l’Horta, recuerda que la huerta ha funcionado como una esponja natural capaz de absorber y ralentizar el avance del agua durante episodios extremos como la DANA. «La huerta no es un espacio vacío esperando a ser urbanizado, sino un territorio productivo con una función ambiental esencial», subraya. A su juicio, el problema no radica únicamente en que València y su área metropolitana estén asentadas en suelo inundable, sino en que durante décadas se ha construido en contra de la dinámica natural del agua, sellando el suelo y eliminando zonas de absorción.

Acciones duras en barrancos

Desde esta visión, Medina critica que la respuesta posterior a la dana se centre en grandes obras hidráulicas y actuaciones duras en barrancos que generan «una falsa sensación de seguridad». «El agua siempre busca su camino», advierte, y confiar exclusivamente en canalizaciones o muros, sin preservar el territorio que frena y absorbe el caudal, «aumenta la vulnerabilidad a medio plazo».

En el ámbito político, el debate se centra en cómo reconstruir y qué margen debe darse a la edificación. En Catarroja, el concejal de Urbanismo, Martí Raga, defiende que paralizar licencias de construcción sería «contraproducente» y sostiene que las viviendas en planta baja son seguras si cumplen la normativa técnica vigente. La AAUCV subraya, sin embargo, que muchas de las normativas actuales, sobre las que se basan estas valoraciones, aún no han sido actualizadas, y recuerda que la Generalitat ya ha anunciado la revisión del Patricova, el Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundaciones, que probablemente impondrá restricciones más severas y nuevos requisitos de seguridad en usos y construcción.

Raga también señala la «absoluta situación de noqueo» del Gobierno valenciano, centrado —según afirma— en afrontar procesos judiciales más que en impulsar las obras necesarias. A ello suma la «falta de interés» del Estado para ejecutar actuaciones hidráulicas pendientes. En su opinión, si se repitiera un episodio similar, el resultado sería comparable porque el agua seguiría su curso natural.

Los afectados

Mientras el debate institucional se mueve entre responsabilidades y decisiones por adoptar, las consecuencias son inmediatas y personales. Es el caso de Candela Belmar, vecina de Mas del Jutge (Torrent), que ha optado por trasladarse de forma definitiva tras perder por completo su casa, su negocio y a sus perros. «Sabíamos que vivíamos en zona inundable, pero nunca imaginamos algo así», relata. Su decisión refleja el dilema al que se enfrentan miles de damnificados: reconstruir en áreas de riesgo o abandonar el lugar donde han desarrollado su vida, enfrentándose a un coste social y emocional difícil de cuantificar.

Los proyectos siguen adelante

Aun así, los proyectos urbanísticos siguen adelante. En Picanya, el Ayuntamiento ha aprobado un sector industrial de más de 100.000 m², con 36.000 m² destinados a actividades logísticas, aunque, según estimaciones de la Universitat Politècnica de València, el agua alcanzó hasta 65 cm en la zona durante la dana del 29 de octubre.

De manera similar, en Xirivella se proyecta un nuevo barrio de unas ocho hectáreas sobre terrenos de huerta, donde se levantarán unas 4.000 viviendas, con 800 en la primera fase. Las obras continúan, pese a que estas zonas siguen expuestas al riesgo de inundación, y cualquier episodio de lluvias intensas podría afectar tanto a las nuevas construcciones como a los terrenos circundantes, manteniendo la vulnerabilidad del territorio frente al agua.

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