Compromís denuncia un cartel que prohibía hacer fotos en edificios públicos de la Canyada sin permiso

Compromís per Paterna ha denunciado la colocación de un aviso en el Centro Social de la Canyada que prohibía grabar o hacer fotografías en el interior de edificios de la administración pública sin autorización previa expresa. El cartel, que posteriormente fue retirado, ha motivado también un escrito vecinal registrado ante el Ayuntamiento en el que se piden explicaciones sobre quién ordenó su instalación, con qué base legal y por qué se retiró apenas después de ser cuestionado.

La polémica se originó tras la aparición de un cartel en el Centro Social de La Canyada, un espacio municipal gestionado a través de la empresa pública Gespa, en el que se advertía de que “no está permitido grabar o hacer fotos para redes sociales o para cualquier otro uso en el interior de edificios de la administración pública en España” sin una autorización previa.

El aviso añadía que, aunque se trata de espacios públicos, estos cuentan con “restricciones de acceso y seguridad” que limitarían el uso de cámaras. El texto ha sido recogido literalmente en la reclamación vecinal presentada ante el Ayuntamiento de Paterna.

Compromís per Paterna, a través de su representante Carles Martí, considera que este tipo de restricciones no pueden imponerse mediante simples carteles o instrucciones verbales si no existe una base normativa clara. La formación sostiene que el Ayuntamiento no dispone de una ordenanza municipal específica que regule de forma general la toma de fotografías en dependencias públicas y advierte de una posible vulneración de derechos fundamentales.

"No se puede limitar un derecho fundamental"

“No se puede limitar un derecho fundamental con simples carteles o instrucciones verbales sin una base normativa clara”, ha afirmado Martí, quien reclama al gobierno municipal un marco “claro, público y garantista” que regule la captación de imágenes en edificios municipales. Desde Compromís subrayan que la libertad de información y la transparencia administrativa deben ser compatibles con límites legítimos como la protección de datos, la seguridad o el correcto funcionamiento de los servicios públicos, pero insisten en que esas restricciones deben estar justificadas y ser proporcionadas.

Un vecino solicita aclaraciones

La denuncia política se suma al escrito presentado por un vecino, que solicita aclaraciones por la colocación y posterior retirada del aviso. En la reclamación, registrada telemáticamente este miércoles, 29 de abril de 2026, se pide identificar qué persona, cargo u órgano —Ayuntamiento o GESPA— ordenó redactar e instalar el cartel, así como quién ordenó retirarlo y por qué motivo se tomó esa decisión en tan corto plazo.

El escrito vecinal califica la instalación del aviso como una posible “vía de hecho administrativa” y un intento de coacción a la ciudadanía, al entender que imponía una prohibición sin referencia a una ordenanza, resolución oficial o informe jurídico publicado. Además, advierte de la “falta de seguridad jurídica” que genera que normas de este tipo aparezcan en un centro público y desaparezcan cuando son cuestionadas.

La reclamación solicita también copia del expediente administrativo o del informe jurídico que justificara la instalación del cartel. En caso de no existir, el vecino pide que se informe de las medidas previstas para depurar responsabilidades por haber colocado una prohibición de alcance general en un espacio público sin una base normativa comunicada a los usuarios.

Normativa aplicable

Otro de los puntos reclamados es que el Ayuntamiento emita una confirmación oficial sobre la normativa real aplicable y, si procede, coloque un nuevo aviso que aclare la situación. El objetivo, según el escrito, sería reparar la incertidumbre generada y confirmar si existe o no alguna prohibición tras la retirada del cartel anterior, especialmente en relación con la captación de imágenes para fines particulares o sociales en zonas comunes.

Transparencia

Para Compromís, el caso evidencia la necesidad de evitar decisiones arbitrarias en espacios municipales y de formar adecuadamente al personal público para aplicar criterios coherentes y respetuosos con los derechos ciudadanos. “Una administración moderna no tiene miedo a ser observada. La transparencia no es una opción, es una obligación”, ha concluido Carles Martí.

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