Catarroja inicia el despido colectivo de 21 empleadas de la residencia que arrasó la dana

La dana del 29 de octubre sigue dejando su huella en Catarroja. La riada arrasó la residencia de mayores Francisco Ramón Pastor y Congregación María Madre de los Desamparados y San José de la Montaña, gestionada por un organismo autónomo, dependiente del Ayuntamiento, y a través de un contrato-programa con la conselleria. Con la evacuación de sus residentes, sus 21 empleadas, la mayoría mujeres, se quedaron sin trabajo y fueron recolocadas de manera “irregular”, como ha reconocido el propio consistorio, en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y en otras labores municipales.

Por segunda vez, este jueves, el pleno votó la disolución de este organismo autónomo que da luz verde a su despido colectivo, con la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo. Los votos a favor del equipo de gobierno PSPV-PSOE y Compromís aprobaron la medida, que se dejó sobre la mesa en la pasada sesión, para estudiar las alternativas presentadas por la oposición PP y Vox y que finalmente han sido desestimadas por el gabinete jurídico.

Situaciones personales

Durante estos 18 meses tras la dana, las empleadas han estado pasando un “infierno”, manteniendo una situación “irregular” que les ha causado una “inestabilidad emocional" difícil de sobrellevar. La mayoría de ellas llevan casi dos décadas trabajando en la residencia y han pasado la barrera de los 50 años y las que no, tienen cargas familiares, por lo que ven complicado su futuro laboral, tras el despido.

Su esperanza era que tras la rehabilitación del edificio y la vuelta de los residentes pudieran recuperar sus trabajos, pero por la normativa actual, no resulta posible desarrollar un programa de residencia para mayores debido a la imposibilidad de cumplir el número mínimo de plazas exigido. Así que, el proyecto del ayuntamiento ante esta situación es ceder otros terrenos para una futura residencia y reconvertir las actuales instalaciones en un centro de día, que sí se ajusta a las condiciones exigidas, pero son dos proyectos a largo plazo.

Continuidad en el trabajo

Tampoco ha sido posible que las empleadas continúen en sus puestos de trabajo actuales porque, según la conselleria, no cumplen con los requisitos marcados en la normativa por la que se regulan las tipologías de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, en cuanto a la cualificación profesional y funciones específicas del personal adscrito al SAD.

Pero no solo eso, sino que el Ayuntamiento está asumiendo las retribuciones de este personal, pues el Organismo Autónomo ha dejado de percibir la financiación que recibía de la conselleria, que ha minorado las ayudas inicialmente previstas para los ejercicios 2026 a 2028 debido al cierre de la actividad de la residencia.

Indignación

La indignación de las trabajadoras no se puede evitar. “No hay derecho a que tengamos que pagar las consecuencias de la dana. No tenemos la culpa de la catástrofe”, explica su portavoz e insiste en que “lo que queremos es mantener nuestro puesto de trabajo” y por ello han estado protestando hasta el final. El enfado se nota en sus declaraciones, “han querido quitarnos del medio” en referencia a la mediación con el ayuntamiento.

Ahora tiene por delante un proceso de negociación, donde presentarán sus reivindicaciones, “lo último que nos queda es defender nuestros derechos”, explica.

La alcaldesa, Lorena Silvent, y la concejala de Igualdad, Beatriz Sierra, insistieron en el pleno de que “no se trata de una decisión política, sino de responsabilidad institucional” y advierten de que “hemos agotado todas las posibilidades”. Además, ambas se comprometieron a que “vamos a velar un proceso garantista con los derechos de las trabajadoras”, respecto a las negociaciones del despido colectivo.

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