Servicios Sociales
Massanassa: una familia con un menor con necesidades especiales se enfrenta al desalojo por ruina inminente de su vivienda
Los Servicios Sociales municipales han ofrecido alternativas temporales a la familia, pero la "incertidumbre" sobre una solución definitiva persiste

Mohamed y su mujer en la vivienda con peligro de derrumbe. / José Manuel López

Mohamed Louhichi y su familia ya tienen la orden de desalojar la vivienda en la que habitan en Massanassa por "inminente peligro de derrumbe parcial". El Ayuntamiento ha elaborado un informe en el que queda claro el deterioro del que ha sido su hogar desde 2018, año en el que nació su hijo pequeño con necesidades especiales.
La "incertidumbre", como él mismo reconoce, de no tener ningún techo bajo el cual refugiarse, se ha sumado al miedo de vivir en un piso en ruinas. El documento advierte de que el forjado de la cocina y baño del primer piso se encuentra en ruina inminente parcial y obliga a los propietarios a apuntalar en el plazo de un mes, estableciendo como medida urgente el desalojo de los moradores.
Alternativas habitacionales
En todo este proceso, los Servicios Sociales municipales les han ofrecido varias opciones, "ninguna de ellas definitiva", como advierten desde la Koordinadora de Kolectivos del Parke. Por una parte, la estancia en un hotel durante 10 días, como medida de urgencia, una segunda de un piso compartido para familias en riesgo de exclusión y otra, la subvención de un alquiler hasta diciembre por parte de Cruz Roja, que también actúa como avalista.
El problema de esta última, como apuntan desde la Koordinadora es la dificultad para encontrar una vivienda de alquiler y al mismo tiempo, de propietarios que estén dispuestos a arrendarla a un pensionista con sus características.
Solución definitiva
En su situación, Mohamed no pone pegas para dejar la vivienda, incluso el municipio, pero "si se traslada a otra localidad, tendría que acogerse de nuevo a los programas municipales una vez acabara la temporalidad de las ayudas", apunta el colectivo.
Por ello, siguen demandando una solución definitiva para este hombre, que llegó como refugiado a España en 1989, y su familia que forman su mujer y dos menores, uno de ellos con necesidades especiales. "La vivienda no es un problema, es un derecho", recalcan.
El próximo paso es "sentarnos con Cruz Roja y estudiar todas las posibilidades", añaden y recuerdan que siguen esperando el acceso a una vivienda social de la conselleria, para la cual los servicios sociales municipales emitieron un informe de urgencia.
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