Denuncian la "destrucción sistemática" de hábitats protegidos en el Barranc del Carraixet por las obras de la CHJ

Una amplia plataforma de asociaciones ambientales, respaldada por entidades como Ecologistas en Acción, Acció Ecologista-AGRÓ y Amigues del Carraixet, y lideradas por Mercedes Ortolá Seguí, presidenta de la Asociación Abogados de Protección Animal y Medio Ambiente de la Comuntat Valenciana , ha presentado una denuncia formal contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la "destrucción sistemática" de especies y hábitats en el cauce del Barranc del Carraixet y la zona de los Palmarets. Según el escrito de alegaciones a las que ha tenido acceso este diario, los trabajos de limpieza ejecutados por la empresa pública Tragsa se han llevado a cabo sin los informes ambientales preceptivos de la Generalitat Valenciana.

La denuncia subraya que, tras contactar con la Dirección General de Medio Natural, se constató que no existía ninguna petición de informe por parte de la CHJ para iniciar la retirada de vegetación en estos espacios. Esta omisión resulta especialmente grave para los denunciantes, quienes recuerdan que en actuaciones similares hace cinco años sí se solicitaron dichos informes, tras comprobarse entonces la eliminación de huevos y polluelos de especies protegidas por la Directiva 147/2009/CEE y el Convenio de Berna.

Los colectivos denuncian que la entrada de maquinaria pesada en el cauce ha arrasado con choperas que servían de refugio y zona de nidificación en plena época de reproducción, y que muchas se situaban en los taludes, donde no suponían ningún obstáculo para la correntía de aguas. Entre las pérdidas documentadas se encuentran ejemplares de Gallo del cañar en fase reproductiva, así como el impacto sobre anfibios en periodo de letargo y aves migratorias como el morito, que han desaparecido de la zona tras las limpiezas con maquinaria destrucción segura.

Se han documentado más de 80 especies en el Carraixet: desde aves, las más abundantes, como el chorlitejo, el aguilucho cenizo, la bisbita, la garza, currucas o golondrinas a anfibios como el galápago leproso o la rana común, incluso se ha encontrado erizos morunos o culebras de collar. Todas ellas en riesgo tras los trabajos realizados. Como ejemplo, aseguran que se retiraron con máquinas los lodos del lecho, sin tener en cuenta que dentro había especies en letargo que fueron destruidas.

El riesgo de inundación frente a la biodiversidad

La CHJ, en su respuesta oficial, tras la reunión mantenida el 13 de marzo con la Comisaria de Aguas, la Jefa del área de Gestión Medioambiental y el Director de los trabajos, justifica las actuaciones (denominadas VAL 206/2025) bajo el marco de la Directiva de Inundaciones y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. El organismo sostiene que la vegetación en el centro del cauce supone un obstáculo que reduce la capacidad de desagüe y aumenta la rugosidad, incrementando el riesgo de desbordamiento en episodios de avenidas. Asimismo, defienden que las intervenciones han sido "selectivas" y se han realizado respetando los márgenes para preservar la funcionalidad ecológica. "Está fehacientemente demostrado que no es cierto. La vegetación de ribera cumple una función muy importante para aminorar las grandes avenidas y es mucho menos destructiva", señala Mercedes Ortolá, que en su particular lucha ha tenido como aliado a Luis Cerrillo, de Ecologistas en Acción.

Sin embargo, los denunciantes califican estos argumentos de "falacia". Apoyándose en consultas con expertos de la UPV, sostienen que en zonas como los Palmarets no se producen grandes avenidas de agua, sino pequeñas láminas sobrantes de acequias. Además, insisten en que la vegetación de ribera actúa como un filtro natural y, sobre todo, ralentiza la velocidad del agua, evitando la erosión y la destrucción que causan las corrientes rápidas en un cauce desnudo.

Exigencia de responsabilidades

La plataforma exige la reposición de los espacios destruidos y que se informe a las asociaciones antes de acometer cualquier proyecto futuro en el cauce. Asimismo, reclaman responsabilidades a la empresa por la destrucción de hábitats y recuerdan que este espacio debería estar incluido en la Red Natura 2000 por ser un corredor verde vital que comunica la Sierra Calderona con el Mediterráneo.

Para los ecologistas, existe un conflicto entre las políticas de prevención de inundaciones, que priorizan el desagüe rápido tras episodios como la dana de 2024, y la conservación de ecosistemas fluviales que, según la normativa europea y el Convenio de Aarhus, deben ser protegidos mediante principios de precaución y acción preventiva.

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