Informe jurídico avala al Kolectivo de Jóvenes Parke en su reclamación de deuda a la Generalitat

El Kolectivo de Jóvenes Parke exige el pago de la deuda de más de 300.000 euros a la conselleria, avalado por un informe elaborado por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València, que se ha entregado este martes a las direcciones generales de Familia, Infancia, Adolescencia y Reto Demográfico, y a la de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

El Kolectivo es una entidad social y comunitaria con más de 40 años de arraigo en el barrio Parque Alcosa de Alfafar. Gestiona dos centros de atención diurna para menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad en régimen de acción concertada con la Generalitat.

La dana del 29 de octubre de 2024 destruyó los dos locales que tenían. A pesar de esto, la entidad continuó prestando el servicio en ubicaciones provisionales, con el conocimiento y las instrucciones de la propia conselleria. Pero la administración valenciana se negó a abonar los servicios prestados entre abril y diciembre de 2025, que ascienden a 310.000 euros, “a pesar de haberlos reconocido en una reunión el 19 de diciembre de 2025”, según señalan desde el Kolectivo, con el argumento administrativo de que “el local provisional no estaba homologado”.

Puntos clave del informe

El informe, redactado por estudiantes y tutores de la Facultad de Derecho de la UV, concluye que la negativa de pago no tiene cimiento jurídico y vulnera principios básicos del derecho administrativo.

En este sentido, advierten de que “no hay resolución formal que suspendiera o resolviera el concierto”, por lo que el contrato “seguía vigente” y el inmueble “no es esencial: el objeto del concierto es la atención a personas, no un local concreto. La dana es fuerza mayor”.

Por otra parte, apunta que según la “confianza legítima”, “la conselleria avaló la continuidad (inspecciones favorables, solicitud de facturas para pagar, reuniones) y ahora no puede cambiar de criterio”. También alude al “enriquecimiento injusto”, ya que la Generalitat “recibió el servicio y se benefició a expensas de una entidad sin ánimo de lucro”.

Situación límite

Además de esta situación de impago, el Kolectivo se enfrenta a una orden de desahucio del Supermercado Solidario, desde el que se ha repartido 500 toneladas de alimentos y más de 800 bicicletas a familias damnificadas. Según el Ayuntamiento de Alfafar no puede autorizar ni respaldar el supermercado social del Barrio Orba, "mientras no se garantice el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente tras un informe desfavorable".

En su particular lucha, la entidad del barrio Orba de Alfafar ha elevado una contundente queja ante el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento de Alfafar y la Conselleria de Servicios Sociales, denunciando lo que califican como una "vulneración sistemática de derechos fundamentales" y una "desviación de poder" con trasfondo ideológico.

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