Aldaia deberá abonar cerca de 150.000 euros a la Epsar por una deuda de facturas devueltas

El Ayuntamiento de Aldaia tendrá que pagar cerca de 150.000 euros a la Epsar por una deuda contraída en años anteriores por la devolución de facturas relacionadas con el canon de saneamiento, por parte de la Intervención municipal. El pleno aprobó una modificación de crédito para hacer frente a esta reclamación que llegó al consistorio a finales del año pasado a través del consorcio Aigües de l’Horta.

La Epsar es la encargada de gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y de depuración que la administración de la Generalitat Valenciana determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos, y cobra un canon de saneamiento.

Aprobación de la propuesta

La propuesta salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno socialista y la abstención del PP y la concejala del grupo de No adscritos, con el único voto en contra de Vox, que echó en cara al ejecutivo el «desastre de gestión, que ha provocado que se acumulara esta deuda durante cincos años».

Por su parte, el portavoz del PP, Jesús Molins, pidió que el consistorio elaborara un informe anual de fiscalización en el que quedaran reflejadas las «facturas devueltas y no pagadas, para provisión de fondos y para que quién esté en el gobierno no se lleve sorpresas como esta». Lluis Albert, por Compromís, reclamó los informes al respecto de estos impagos a los que todavía «no han tenido acceso», para conocer las causas reales por las que se devolvieron las facturas.

El concejal de Recursos Humanos, Contratación y Servicios Jurídicos, Sergio Gómez, explicó en su intervención que la reclamación de la Epsar, a través del Consorcio de Aguas, se recibió a finales de 2025, en la que se comunicaba una deuda de 2019 de 150.000 euros y justificó la modificación de crédito como «necesaria» para poder cerrar la etapa contable del presupuesto del año. Respecto a las facturas impagadas, el edil apuntó que «muchas de ellas ya están prescritas y otras carecen del informe preceptivo para que el ayuntamiento pueda abonarlas».

Cuestión técnica

Según relató, en 2016, el interventor municipal, que ya no es el mismo, alertó de que ciertas facturas remitidas por la entidad de tratamiento de agua «no estaban bien presentadas y se tomó la decisión de devolver los importes». «Fue una cuestión técnica de Intervención, sin que mediara nadie más. El ayuntamiento paga lo que tiene que pagar», defendió.

Ahora, «seguimos teniendo serias dudas y estamos analizando si son prestaciones de servicios, si debemos pagarlas y cómo hacerlo», explicó y advirtió que la cantidad reclamada asciende a cerca de 100.000 euros, aunque la modificación de crédito presentada es de 50.000 euros más, en previsión. Ante estas «serias dudas», el consistorio está analizando una por una cada factura.

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