La Audiencia archiva la querella del alcalde contra concejales del PP de Albalat dels Sorells

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el archivo de la querella presentada por el alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, contra varios concejales del Partido Popular por un presunto delito contra el honor a raíz de unas manifestaciones realizadas en 2022 sobre la reforma de su vivienda y la empresa adjudicataria de unas obras municipales.

La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Claramunt y mantiene el sobreseimiento provisional acordado por el juzgado de Moncada el 17 de abril de 2024. La resolución, contra la que no cabe recurso, cierra así la vía de apelación en una causa iniciada por supuestos delitos de calumnia e injurias graves.

El origen del procedimiento se remonta a enero de 2022, cuando el PP de Albalat denunció públicamente que la reforma de la casa del alcalde la estaba realizando la misma empresa que había resultado adjudicataria de las obras de la calle Major, por importe de 229.341 euros. Aquellas manifestaciones fueron recogidas por Levante-EMV y difundidas también en redes sociales por los populares, con expresiones como que “todo es demasiado sospechoso” o “no sabemos si igual le han hecho un descuento”.

El dirigente de Compromís defendió entonces que la reforma “se hizo en casa de mis padres, no en la mía, y consistió en la reparación del tejado de una casa de más de 200 años para que sea habitable. Además, esta actuación fue mucho antes de las obras en la calle Mayor”.

La querella

La querella fue presentada por Nicolau Claramunt en 2023, en plena precampaña de las elecciones municipales de mayo, cuando varios medios informaron de que el alcalde había llevado a los tribunales a los ediles populares por considerar que sus acusaciones atentaban contra su honor.

La Audiencia, sin embargo, concluye que las expresiones analizadas se encuentran dentro del ámbito de la libertad de expresión. El tribunal subraya que los hechos tenían relevancia pública al afectar a la contratación de una obra municipal y a la actuación de un cargo público. También recuerda que los representantes políticos, especialmente quienes ejercen responsabilidades de gobierno, deben soportar un mayor grado de crítica y fiscalización.

El auto considera acreditado que existía una coincidencia entre la empresa que realizó la reforma privada y la adjudicataria de la obra pública, aunque precisa que los trabajos no coincidieron exactamente en el tiempo. Según la resolución, la obra de la vivienda terminó en verano de 2021 y la de la calle Major se ejecutó entre octubre y noviembre de ese mismo año, existiendo una “evidente proximidad temporal”.

No rebasaron la crítica política

La Audiencia admite que las insinuaciones de los populares podían resultar molestas o afrentosas para el alcalde, pero entiende que no rebasaron los límites de la crítica política. En concreto, el tribunal destaca que no hubo insultos ni expresiones intrínsecamente vejatorias ajenas al debate público, sino valoraciones y sospechas vinculadas a una cuestión de interés municipal.

La resolución también resta relevancia penal a si los concejales habían consultado o no previamente el expediente de contratación. A juicio de la sala, el procedimiento no debía centrarse en demostrar la absoluta exactitud de cada extremo, sino en valorar si las manifestaciones cuestionadas podían ser castigadas penalmente como calumnias o injurias. La Audiencia concluye que no tenían viabilidad como delito.

Satisfacción en el PP

El PP de Albalat ha celebrado la resolución y sostiene que la Audiencia avala la labor de fiscalización de sus concejales durante la legislatura 2019-2023. En su nota de prensa, los populares afirman que la justicia “pone fin” al proceso y reivindican el derecho de la oposición a exigir explicaciones sobre la gestión municipal.

Desde el Partido Popular de Albalat dels Sorells celebran la sentencia: "Hoy la Justicia pone fin a este proceso y reafirma que la crítica política, la exigencia de explicaciones y la defensa del interés general forman parte esencial del sistema democrático. Esta resolución deja claro que la oposición no solo tiene derecho a fiscalizar al gobierno municipal, sino también el deber de hacerlo". El procedimiento ha contado con la dirección letrada del abogado Vicente Ibor, exalcalde de Paiporta.

Los populares concluyen: "El Partido Popular seguirá trabajando con la misma firmeza, honestidad y compromiso con los vecinos de Albalat, ejerciendo una oposición responsable, vigilante y constructiva, sin dejarse intimidar por intentos de judicializar la acción política".

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