Costas rectifica el deslinde y deja a salvo 300 viviendas en la playa de la Pobla de Farnals

Alivio en La Pobla de Farnals, que ha cerrado uno de los expedientes urbanísticos y medioambientales más sensibles de los últimos años en su fachada marítima. La Dirección General de la Costa y el Mar ha aprobado la rectificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el municipio, una resolución que afecta a un tramo de unos 880 metros y que excluye del dominio público cerca de 29.000 metros cuadrados repartidos en tres polígonos de terreno. La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado, desbloquea la situación de alrededor de 300 viviendas de primera línea de playa que habían quedado "atrapadas" en una situación de incertidumbre jurídica para sus propietarios.

La resolución, publicada este martes en el BOE, tiene una fuerte carga local, pero también ambiental y patrimonial, porque redefine la línea que separa el dominio público marítimo-terrestre de las propiedades privadas en una zona urbana consolidada desde hace décadas. El expediente rectifica el deslinde aprobado por Orden Ministerial de 26 de mayo de 1995 entre los vértices M-1 y M-20 y lo hace para excluir tres ámbitos que ya habían sido declarados innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre por una Orden Ministerial de 12 de mayo de 2003.

El origen era un primer deslinde de 1968

El origen del conflicto se remonta al primer deslinde de la zona marítimo-terrestre, aprobado en 1968, cuando la realidad urbanística de la playa de La Pobla de Farnals era muy distinta a la actual. Posteriormente, en 1995 se aprobó una nueva delimitación y, en 2003, el Ministerio declaró que tres áreas habían perdido las características naturales que justificaban su inclusión en el dominio público. La resolución publicada ahora culmina ese recorrido administrativo y aplica la doctrina del Tribunal Supremo de 2015, según la cual los terrenos de titularidad privada acreditada antes de su incorporación al dominio público deben revertir a sus titulares si han desaparecido las condiciones físicas que los mantenían dentro del demanio y no son necesarios para la protección o uso del litoral.

Costas corrige finalmente la línea que separa el dominio público marítimo-terrestre de las propiedades privadas en un tramo de unos 880 metros, lo que permite aclarar la situación jurídica de los inmuebles y avanzar en la normalización registral de las propiedades afectadas.

Operaciones de compravente paradas

En términos prácticos, la decisión supone un alivio para los propietarios afectados. Según ha comunicado el Ayuntamiento, durante los últimos años algunas operaciones de compraventa quedaron paralizadas o condicionadas y también se complicaron trámites de herencia, una circunstancia especialmente sensible en una zona con población envejecida. La reapertura del expediente había provocado preocupación entre vecinos que daban por aclarada la situación desde el deslinde de 1995, al aparecer de nuevo parte de sus propiedades dentro del dominio público marítimo-terrestre tomando como referencia delimitaciones anteriores.

Desde el punto de vista medioambiental, la resolución no abre la puerta a nuevos desarrollos urbanísticos en suelo natural, sino que regulariza una realidad urbana ya consolidada en primera línea de playa. El propio expediente recoge que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio informó de que no existe afección a la Red Natura 2000, mientras que el límite interior de la ribera del mar mantiene la delimitación aprobada en 1995.

La superficie excluida del dominio público se divide en tres polígonos: uno de 14,90 metros cuadrados, otro de 21.020,67 metros cuadrados y un tercero de 8.002,86 metros cuadrados. La Dirección General de la Costa y el Mar ordena además a la Demarcación de Costas en Valencia que inicie las actuaciones necesarias para rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado.

El procedimiento no recibió alegaciones en contra durante el trámite de audiencia. En el expediente consta la conformidad de la comunidad de propietarios Les Villes de Port Lux y de varios titulares afectados, mientras que la comunidad Presidente Lux solicitó ser considerada parte interesada y mostró inicialmente su conformidad con la propuesta del nuevo deslinde.

Acompañamiento del consistorio durante el proceso

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha destacado el acompañamiento realizado durante todo el proceso, con reuniones periódicas con propietarios y vecinos para explicar la evolución del expediente y resolver dudas técnicas y jurídicas. La última reunión tuvo lugar tras la publicación de la resolución en el BOE, con el objetivo de trasladar directamente a las personas afectadas el alcance del acuerdo del Gobierno central, a través del ministerio.

Palanca defiende la "gestión discreta"

El alcalde, Enric Palanca, ha subrayado que los vecinos “pusieron su confianza en el Ayuntamiento en un momento de mucha incertidumbre” y que el consistorio “ha trabajado y facilitado recursos a los afectados”. Palanca ha defendido una gestión “discreta y responsable”, alejada de la confrontación, porque, según ha señalado, “hacer ruido no habría ayudado y quizá habría podido perjudicar”.

El primer edil también ha agradecido el papel de la Subdelegación del Gobierno y la proximidad del subdelegado, José Rodríguez, durante el seguimiento del expediente, así como el trabajo de los servicios jurídicos y técnicos municipales y la actitud del vecindario de la playa durante un proceso largo y complejo.

Con esta resolución, La Pobla de Farnals cierra una etapa de más de dos años de inseguridad para centenares de propietarios y avanza hacia la normalización registral de unas viviendas situadas en una franja litoral donde la protección ambiental, la seguridad jurídica y la realidad urbana acumulaban décadas de difícil encaje administrativo.

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