Reconstrucción tras la dana
Compromís llevará a la negociación de los Presupuestos del Estado la exigencia de los informes del barranco de la Saleta
La coalición valencianista exige al Ministerio de la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica la entrega de informes técnicos y el proyecto definitivo para las obras.

El desvío del barranco de la Saleta en Aldaia supera el último trámite técnico antes de salir a licitación

Compromís impulsará una iniciativa en los municipios afectados para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Confederación Hidrográfica del Júcar el proyecto constructivo definitivo y la totalidad de los informes técnicos que sustenten las obras de protección ante las inundaciones del barranco de la Saleta, después de que el Consejo de Ministros autorizara este martes la celebración del contrato de obras en el tramo comprendido entre Aldaia y la vía verde que llegará al nuevo cauce del Turia en València, con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones de euros,
La coalición trasladará también esta exigencia al Congreso de los Diputados y al Senado mediante las correspondientes iniciativas parlamentarias y peticiones de documentación. Además, la transparencia sobre el proyecto será una de las cuestiones que Compromís planteará en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
"No se han hecho públicos"
Compromís considera que, después de la dana de octubre de 2024, el proyecto ha tenido que adaptarse necesariamente a una realidad hidrológica e hidráulica diferente. Sin embargo, "no se han hecho públicos los informes ni los criterios técnicos utilizados", según la coalición, para definir la solución que finalmente se pretende ejecutar.
«No se puede pedir confianza a la ciudadanía mientras se ocultan los criterios técnicos que justifiquen una obra que condicionará la seguridad de toda la comarca», ha afirmado Lluís Miquel Campos, portavoz de Compromís en Quart de Poblet.
Según Campos, la falta de transparencia "no afecta únicamente a los ayuntamientos. Los diferentes grupos políticos, las entidades sociales, los colectivos vecinales y la ciudadanía, en general, tampoco han podido conocer, estudiar ni contrastar el proyecto constructivo actual".
Proyecto con cambios sustanciales
La participación pública "ha quedado limitada, en la práctica, a las declaraciones y trámites ambientales correspondientes a fases anteriores de un proyecto que posteriormente ha experimentado cambios sustanciales".
«La ciudadanía tiene derecho a saber qué obra se hará, con qué cálculos se ha diseñado y qué efectos puede tener sobre cada municipio. No es aceptable que la única posibilidad de opinar se refiera a una documentación ambiental anterior, mientras la solución constructiva definitiva continúa sin ser pública», ha señalado Campos.
La iniciativa afecta directamente Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Manises, Xirivella, Mislata, València y el Barrio de Cristo. Compromís insiste que "no plantea una oposición genérica" a las obras, sino que reclama que una infraestructura de esta magnitud sea "sometida a un escrutinio público real" y esté "avalada por informes técnicos actualizados, accesibles y contrastables".
Exigencia de rigor
«La protección ante las inundaciones exige rapidez, pero también rigor. No podemos confundir agilidad con opacidad. Cuando una decisión puede modificar el comportamiento del agua y afectar la seguridad de miles de personas, la información no puede quedar reservada en unos pocos despachos», ha manifestado el portavoz de Compromís.
Para Compromís, impedir que los representantes públicos y la ciudadanía conozcan los informes que justifican las decisiones adoptadas constituye una "actitud de deslealtad institucional y una grave falta de respeto" a los territorios afectados.
Petición a la delegada del Gobierno
La coalición pedirá igualmente a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que actúe con la "máxima transparencia, facilite el acceso a la documentación y promueva una interlocución directa entre el Ministerio, la Confederación Hidrográfica del Júcar, los municipios, los grupos políticos y la sociedad civil".
«Pedimos a la delegada del Gobierno que no se limite a defender las decisiones del Ministerio, sino que contribuya a hacerlas transparentes. Su función tiene que ser garantizar que la ciudadanía y sus representantes dispongan de toda la información y puedan formular observaciones antes de que las obras sean irreversibles», ha afirmado Campos.
Plenos, Corts y Cortes Generales
Compromís llevará esta reclamación a los plenos municipales, a Les Corts Valencianes, al Congreso y al Senado, y la situará en cualquier espacio de negociación con el Gobierno de España.
«No pedimos privilegios ni capacidad de veto. Pedimos información, transparencia y el derecho democrático a contrastar una obra pública que marcará el futuro de nuestros pueblos durante décadas. Si el Gobierno no facilita toda la información y no garantiza la transparencia sobre este proyecto, esta será una cuestión central en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado», ha concluido Campos.
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