La Fiscalía abre diligencias de investigación al Ayuntamiento de Alcàsser por un vertido en el barranco del Realón

La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Valencia ha iniciado formalmente las Diligencias de Investigación Penal 507/26 para esclarecer la responsabilidad del Ayuntamiento de Alcàsser en relación con un vertido contaminante localizado en el barranco del Realón. La apertura de esta investigación penal supone un paso cualitativo en el control de estos vertidos, que llevan tiempo afectando al entorno natural de la zona.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado la incoación de Diligencias de Investigación Penal tras la denuncia presentada por un  vecino de la localidad, en relación con los vertidos en el cauce.

En el decreto dictado por la Fiscalía se indica que, a la vista de la información disponible en esta fase inicial, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, previsto en el artículo 325.1 del Código Penal y se "practicarán  cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados".

Asimismo, el decreto identifica, en esta fase inicial de la investigación, al Ayuntamiento de Alcàsser como la entidad "considerada sospechosa" de la infracción.

La decisión del Ministerio Público se sustenta en la posible existencia de indicios de un delito contra el medio ambiente. Como parte de las primeras diligencias, se ha solicitado la intervención de la unidad del Seprona de la Guardia Civil para que realice las comprobaciones técnicas pertinentes y emita un informe detallado sobre el origen y el impacto de las aguas vertidas al cauce.

Acumulación de sanciones de la CHJ

Este nuevo frente judicial se suma a la presión administrativa que ya ejerce la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El organismo de cuenca ha elevado la gravedad del asunto al abrir un tercer expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Alcàsser por los mismos hechos.

La reiteración de estos expedientes por parte de la CHJ pone de relieve que los vertidos en el barranco del Realón no son un episodio aislado, sino una problemática que heredó este gobierno local cuando Alberto Primo accedió a la alcaldía en 2023, y que aún no se ha conseguido atajar satisfactoriamente. Ahora, la investigación de la Fiscalía tratará de determinar si la inacción o la gestión municipal en el mantenimiento de las redes de saneamiento es constitutiva de responsabilidad penal-

Cierre de dos empresas

Desde el gobierno local, afirman que de momento no ha llegado ningún tipo de notificación, pero que conocen la situación con la que se toparon a su llegada al consistorio tras las elecciones de 2023 y son muy sensibles en los temas relacionados con el medio ambiente. Además, defienden que a falta de ver la documentación, esos vertidos no son responsabilidad del consistorio, sino de empresas situadas en el polígono, atendiendo a los casos anteriores.

Tras los dos expedientes sancionadores de la CHJ, afirma que "esta administración ha redactado una normativa que impide y prohíbe los vertidos y se ha dado orden de cierre a dos empresas sospechosas o que directamente atentaban contra la salubridad, llegando a interponer un contencioso administrativo".