El Kolectivo Jóvenes Parke de Alfafar amenaza con llevar a la Generalitat a los tribunales por una deuda de más de 317.000 euros

El Kolectivo Jóvenes Parke, entidad social con más de 40 años de historia al barrio Orba de Alfafar, ha presentado este pasado viernes 31 de julio una reclamación administrativa formal ante la Consellería de Servicios Sociales, Familia e infancia para exigir el abono de 317.606,45 euros en concepto de principal pendiente de pago, más una indemnización de 20.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados. Esta acción, que supone el paso previo indispensable para la vía contenciosa administrativa, responde al incumplimiento sistemático de los acuerdos de la acción concertada para el periodo 2022-2026, agraviado por la situación de excepcionalidad posterior a la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024.

La reclamación, presentada a través del despacho El Rogle Coop V, se fundamenta en el informe jurídico elaborado por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València y en un dictamen propio, que concluyen que la negativa de la Administración a abonar los servicios prestados entre abril y diciembre de 2025 "carece de fundamento jurídico" y es incompatible con los principios más básicos que rigen la actuación administrativa.

Los motivos de la reclamación

Según el colectivo, los motivos de la reclamación se basan en el incumplimiento del procedimiento legal: "La consellería no ha iniciado ningún procedimiento formal para suspender o resolver el concierto social, que continúa plenamente vigente. El impago unilateral no es un mecanismo válido para modificar una relación contractual. Mientras no exista un acto formal, la GVA está obligada en el cumplimiento del concierto", señalan.

Según el colectivo, a eso se añade que la dana, un acontecimiento de fuerza mayor, destruyó los locales concertados situados en Massanassa. "El objeto del contrato no es el uso de un inmueble concreto, sino la atención a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La entidad mantuvo el servicio ininterrumpidamente en ubicaciones provisionales, una solución avalada y conocida por la consellería. Negar el pago por este motivo es un formalismo que la administración contribuyó a relativizar", apuntan.

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También consideran desde el barrio Orba que se ha vulnerado la confianza legítima, porque la administración generó en la entidad "una expectativa fundada de cobro" mediante una conducta activa y reiterada con la visita de los locales destruidos y las ubicaciones provisionales, la solicitud de la documentación de los meses de abril, mayo y junio de 2025 para "tramitar los pagos", la realización de inspecciones (julio, septiembre y noviembre de 2025) "que fueron resueltas favorablemente" , el mantenimiento de "comunicaciones constantes que instaban a la continuidad del servicio", la formalización de una prórroga de excepcionalidad que "preveía su ampliación, solicitada por la entidad sin obtener respuesta" y la prohibición de enriquecimiento injusto, ya que aseguran que "la Generalitat ha recibido un servicio público esencial y necesario para la infancia en riesgo de una entidad sin ánimo de lucro, sin asumir su coste. Esto supone un beneficio patrimonial directo para la Consellería a expensas del trabajo y el esfuerzo económico de la entidad, que ha tenido que hacer frente a los gastos de personal y mantenimiento durante meses".

Una deuda que la Administración ha reconocido

La entidad recuerda que, en la reunión del 19 de diciembre de 2025, la propia Dirección Territorial de Servicios Sociales reconoció la existencia de una deuda de 400.000 € por los servicios prestados. Posteriormente, la consellería realizó un pago parcial de 96.083,55 €, "lo cual demuestra que la prestación del servicio fue considerada válida". El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en su resolución del 16 de junio de 2026, ya sugirió a la consellería que reconsiderara su decisión y concretara el importe debido. "A pesar de esto, la consellería mantiene su negativa, alegando la carencia de homologación de los locales provisionales, un hecho que ella misma conoció y aceptar desde el inicio de la emergencia", apuntan.

"Hoy iniciamos este camino con pesar, porque siempre hemos confiado en el diálogo. Durante meses, hemos mantenido los centros abiertos en medio de una emergencia, atendiendo los menores y jóvenes más vulnerables con la aprobación de la Generalitat. No podemos permitir que la administración se beneficie de nuestro trabajo y después niego la realidad de los servicios prestados en una situación de catástrofe. La vía judicial es el último recurso para defender los derechos de nuestros usuarios, la viabilidad de la entidad y la justicia material", advierten.

Antecedentes del conflicto

El camino hasta esta reclamación ha sido marcado por varias actuaciones que evidencian la contradicción y la falta de respuesta de la administración. El 30 de marzo de 2026 la entidad presentó una queja formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitatd Valenciana por el impago reiterado de los servicios concertados. El organismo admite la queja a trámite y abre una investigación contra la consellería, reconociendo así la consistencia de las denuncias formuladas por la entidad.

En abril, a entidad y la plataforma ciudadana SOS Parke convocan una concentración ante el Palau de la Generalitat para denunciar la situación y exigir el pago de los servicios prestados, en un contexto de creciente movilización ciudadana por la reconstrucción de l'Horta Sud.

El 18 de junio, se hace público el informe elaborado por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València, que desmonta los argumentos de la consellería y concluye que la negativa de pago es contraria a derecho.

Ese mismo mes, el Síndic de Greuges emite una resolución sugiriendo a la consellería que reconsidere su posición y concrete el importe debido por los servicios efectivamente prestados. Ante la inacción de la administración y la falta de respuesta a los reiterados intentos de diálogo, la entidad decide preparar la vía judicial, ultimando la documentación y los informes que sustentan la reclamación, hasta el viernes 31 de julio , que se formaliza la reclamación administrativa, paso previo indispensable para poder interponer un recurso contencioso-administrativo.

Contexto de la reclamación

Los dos centros de día concertados gestionados por el Kolectivo, ubicados en Massanassa, quedaron totalmente inutilizados por la riada. Se trata de dos servicios concertados:

Centro de Día de Inserción Sociolaboral (CDISL), expediente IACDIA/2022/6/46: 24 plazas concertadas. Reabrió sus instalaciones en septiembre de 2025, de forma que los impagos reclamados corresponden a los meses de abril a septiembre de este año.

Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo (CDACE), expediente IACDIA/2022/7/46: 24 plazas concertadas. Reabrió en diciembre de 2025, por lo cual los impagos reclamados alcanzan los meses de abril a diciembre de 2025.

Para garantizar la continuidad de la atención a la infancia, la actividad se mantuvo en ubicaciones provisionales en Alfafar (en locales de la asociación cedidos por el Ayuntamiento de Alfafar y en medio natural), una solución que la consellería avaló inicialmente en una comunicación de excepcionalidad hasta el 31 de marzo de 2025, con posibilidad de ampliación. La entidad solicitó formalmente la ampliación, pero la administración no respondió, mientras continuaba requiriendo la prestación del servicio y realizando inspecciones con resultado favorable durante los meses de julio, septiembre y noviembre de 2025.

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